Lo que tenés que saber

• El 23 de septiembre, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará un plenario federal en el Anfiteatro Eva Perón.
• Se espera la participación de más de mil delegados para discutir acciones ante despidos y ajuste salarial.
• El contrato de 65.000 trabajadores del Estado Nacional finaliza este mes, generando gran preocupación.
• El Gobierno de Javier Milei implementa un aumento salarial del 2% en septiembre y 1% en octubre, considerado insuficiente por ATE.
• La presentación del Presupuesto 2025 incluye un recorte de 60 mil millones de dólares en áreas esenciales como Salud y Educación.
• La Secretaría de Transporte denunció penalmente al secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, por supuesta incitación al miedo público.

La lucha por la estabilidad laboral

El plenario convocado por ATE busca trazar el rumbo de la resistencia ante un nuevo contexto de despidos y precarización laboral. Rodolfo Aguiar, líder del sindicato, expresa la preocupación por la inestabilidad de 65.000 empleados del Estado Nacional, cuyo contrato vence a fin de mes. Desde la asunción del actual gobierno, las vinculaciones laborales se prorrogan cada tres meses, lo que profundiza la incertidumbre.

Ajuste salarial y presupuesto en la mira

En el encuentro, se abordará también el reciente ajuste salarial. El gobierno anunció incrementos de 2% en septiembre y 1% en octubre, cifras que el sindicato califica como insuficientes. Aguiar advierte: “Debemos quebrar la voluntad del Ejecutivo de congelar las paritarias. No podemos aceptar que la administración pública siga siendo la más golpeada”.

La situación se complica aún más con la propuesta de Presupuesto 2025, que contempla un recorte de 60 mil millones de dólares, impactando severamente en áreas críticas como Salud y Educación, además de paralizar la obra pública.

Criminalización de la protesta

En medio de estas tensiones, el gobierno opta por recurrir a la justicia. La Secretaría de Transporte interpone una denuncia penal contra Aguiar, acusándolo de “infundir temor público” por sus declaraciones sobre la seguridad en aeropuertos durante las manifestaciones. Franco Mogetta, secretario de Transporte, menciona que Aguiar será investigado bajo el artículo 211 del Código Penal, lo que podría acarrear una pena de entre 2 a 6 años de prisión.

Sin embargo, Aguiar no se deja intimidar y continúa denunciando la situación: “La criminalización de la protesta busca silenciar nuestras voces, pero no van a lograrlo. Seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores frente a este ajuste brutal”.

Proyecciones hacia el futuro

El plenario del lunes se perfila como un momento crucial para definir las próximas estrategias de lucha. Aguiar adelantó que no se descartan nuevas movilizaciones y paros nacionales en un futuro cercano. “Es hora de ponerle un freno a las políticas de ajuste que afectan a miles de trabajadores y trabajadoras del Estado”, concluyó.