Política 📢
Los que amenazaron a Cristina y atacaron a Massa volvieron a violentar la Casa Rosada
Cada vez son menos, pero siguen con la violencia política. Pusieron una horca y lanzaron antorchas. A diferencia de la inacción de la Policía de CABA, la Federal apagó las llamas.
La Policía Federal Argentina, cuyo jefe político es el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, tuvo que interceder para contener la protesta, que tuvo como eje el cuestionamiento a las políticas del gobierno del presidente Alberto Fernández.
Una protesta frente a Casa Rosada terminó con la intervención de personal de la Policía Federal Argentina, luego de que los manifestantes comenzaran a arrojar piedras y antorchas encendidas por encima de la reja al edificio ubicado en Balcarce 50. El grupo es el mismo que el 22 de julio pasado amenazó de muerte a la vicepresidenta Cristina Kirchner y que el 3 de agosto atacó al ministro de Economía Sergio Massa.
Los incidentes se dieron en momentos en que el Presidente tenía que salir de Casa Rosada para ir rumbo al Centro Cultural Kirchner (CCK), donde tenía previsto encabezar una actividad de la CELAC.
Manifestantes arrojaron al menos dos antorchas encendidas por encima de la reja que separa la casa de Gobierno de la Plaza de Mayo.
Además, lanzaron insultos contra el Presidente y colocaron sobre la plaza una representación de una horca, en medio de banderas argentinas.
En el operativo para disuadir la situación, los bomberos arrojaron agua, en tanto que se reforzó el vallado y los efectivos de la Federal, que tiene jurisdicción en la Casa Rosada y la Catedral Metropolitana, pero no en Plaza de Mayo, salieron con escudos para bloquear el paso.
La última vez que se dio una manifestación frente a Casa Rosada fue hace dos semanas, cuando asumió el ministro de Economía, Sergio Massa, y un grupo pequeño atacó a golpes la camioneta en la que se trasladaba. Antes, habían amenazado de muerte a la Vicepresidenta en la sede del Instituto Patria. La Justicia ya tiene las denuncias de los abogados de la ex mandataria.
Economía 💲
Fallo por universidades: Caputo debe pagar $2,5 billones y el «superávit» entra en crisis
Un fallo judicial obliga al Gobierno a transferir 2,5 billones de pesos a universidades. El vencimiento impacta en el equilibrio fiscal, supera desembolsos recientes y reabre el conflicto por fondos, salarios y funcionamiento del sistema educativo.
Lo que tenés que saber:
- La Justicia ordenó transferir fondos a universidades por ley vigente
- El plazo de pago vence y tensiona el esquema fiscal del Gobierno
- El Ejecutivo evalúa apelar mientras busca alternativas para evitar el impacto
- Universidades y gremios anticipan medidas y posibles protestas
- El conflicto reabre el debate sobre financiamiento educativo
Un fallo judicial que obliga a pagar
El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, enfrenta el vencimiento de un fallo que ordena transferir fondos a las universidades nacionales en cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión judicial ratifica la vigencia de la norma y obliga al Ejecutivo a ejecutar el gasto, limitando la posibilidad de postergar pagos como venía ocurriendo.
Impacto directo en el relato del equilibrio fiscal
El monto exigido representa un desafío para el esquema económico del gobierno de Javier Milei.
El pago forzado convierte esos compromisos en una erogación inmediata, con impacto en las cuentas públicas.
Estrategia oficial: apelar y ganar tiempo
Dentro del Gobierno analizan recurrir a la Corte Suprema para dilatar el cumplimiento del fallo. Sin embargo, esa vía judicial no suspende automáticamente la obligación de pago.
En paralelo, se evalúa enviar un nuevo proyecto de ley que modifique el esquema de financiamiento universitario.
Universidades en alerta y posible conflicto
Las casas de estudio y los gremios docentes mantienen la presión para que se cumpla la ley. El sistema universitario enfrenta dificultades para sostener salarios y gastos operativos.
Además, se anticipan medidas de fuerza y posibles movilizaciones similares a las registradas en años recientes.
El reclamo involucra a todo el sistema público, con decenas de instituciones afectadas por la falta de actualización presupuestaria.
Un conflicto que escala en el plano político
El fallo judicial se suma a otros frentes abiertos vinculados a transferencias y obligaciones del Estado.
La tensión se amplifica en un contexto de caída de la recaudación y creciente presión sobre el gasto público, lo que complica la estrategia económica del Gobierno.
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