Espionaje
Macri pide permiso para irse a Uruguay: ¿Visitará a Pepín?
El procesado por la causa del ARA San Juan Mauricio Macri pidió autorización para cruzar el charco el próximo 8 de marzo.
El ex presidente Mauricio Macri, procesado en una causa que se sigue por espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan, solicitó hoy autorización judicial para viajar con destino a Uruguay, donde tiene previsto asistir entre el 8 y el 9 de marzo a una conferencia que se realizará en Montevideo, informaron fuentes judiciales.
La solicitud fue formulada por el abogado del ex mandatario, Pablo Lanusse, quien le informó al juez Julián Ercolini -a cargo del expediente- que su representado «recibió invitación para participar en el evento organizado por Becon Investment Management, a realizarse en la localidad de Carrasco, Montevideo, República Oriental del Uruguay.
En su presentación, el letrado pide autorización «con el libramiento del pertinente oficio a la Dirección Nacional de Migraciones y demás autoridades correspondientes, y la expedición del certificado de estilo», y consigna que Macri se trasladará a Uruguay «en vuelo privado con salida el 8 de marzo y regreso el 9 de marzo de 2022 desde el Aeropuerto Internacional de San Fernando, Provincia de Buenos Aires».
Asimismo, detalla que en Montevideo, el exjefe de Estado se alojará en el Hotel Sofitel. «Como ya lo hemos señalado en autos, el arraigo del Sr. Macri se encuentra sobradamente acreditado, tanto familiar, como social y laboral, quedando claro también que el viaje que se informa y cuya autorización se solicita, no significa riesgo alguno para el normal desarrollo de esta causa», sostiene Lanusse.
Y anticipa que «ante el hipotético caso de un pronunciamiento adverso al pedido que aquí se formula, por comprometer ello la libertad del Sr. Mauricio Macri, el debido proceso, la defensa en juicio, la dignidad humana y su estado de inocencia, formulo las reservas de recurrir en casación y del caso federal».
Macri visitará Uruguay, el país donde Fabián Rodríguez Simón, asesor judicial durante el gobierno de Cambiemos, se encuentra desde hace 437 días en condición de prófugo de la Justicia argentina, que lo requiere por una causa en la que se investigan presiones recibidas por el grupo Indalo.
Por su parte, la abogada Valeria Carreras, representante de la querella mayoritaria que siguen los familiares de los marinos del ARA San Juan, anticipó que se opondrá a la realización de este viaje, por considerar que existe un «altísimo riesgo de fuga»
«No podemos soslayar que en Uruguay es donde se encuentra prófugo de la justicia el armador judicial Fabián Rodriguez Simón. No podemos admitir un vuelo privado imposible de controlar su ruta de vuelo», dijo.
«No podemos evitar pensar en la última autorización solicitada por el procesado Macri para una conferencia en Chile, la cual constatamos que no se realizó», se indicó en un comunicado de esta querella.
El pasado 1 de diciembre, Macri fue procesado por el juez federal de Dolores Martín Bava por el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino desaparecido durante el gobierno de Cambiemos, resolución que fue apelada por la defensa del expresidente.
Pero a principios de febrero, Bava, remitió a los tribunales federales porteños las causas en las que se investigan las supuestas maniobras de espionaje a los familiares de los marinos del ARA San Juan y aquellas desplegadas desde las denominadas bases AMBA de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
El magistrado remitió los expedientes a los tribunales de Comodoro Py por tratarse de causas conexas al caso D´Alessio, que ya había pasado a suelo porteño a partir de un fallo emitido a fines del año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal.
Ambos expedientes pasarán a manos del juez federal Julián Ercolini, que fue quien se quedó con el caso D´Alessio por decisión de la Cámara Federal porteña y luego de que sus colegas María Eugenia Capuchetti y Ariel Lijo se excusaran de intervenir.
El paso de estos expedientes a Comodoro Py había sido reclamado por el fiscal Juan Pablo Curi luego de que la Cámara de Casación ordenara el paso del caso D´Alessio a los tribunales de Retiro.
Espionaje
Milei le dio un nuevo estatuto a la SIDE por Decreto
El Gobierno libertario lo presenta como una supuesta medida de profesionalización, pero la falta de debate legislativo y el poder discrecional que conserva el Ejecutivo sobre el organismo generan preguntas que el decreto no responde.
El Gobierno Nacional «reorganizó» por decreto el régimen laboral de los agentes de inteligencia del Estado. A través del Decreto 1021/2026, publicado en el Boletín Oficial, aprobó un nuevo estatuto para el personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) que reemplaza las normas anteriores y establece un esquema integral de carrera, formación, remuneraciones y condiciones de egreso para quienes integran el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).
La medida fue presentada por el Ejecutivo como un paso hacia la profesionalización del organismo, con el argumento de consolidar un cuerpo de trabajadores especializados capaz de mantener continuidad más allá de los cambios políticos. Sin embargo, el mecanismo elegido, un decreto presidencial sin intervención del Poder Legislativo, resulta coherente con el estilo de gestión de La Libertad Avanza: concentración de decisiones en el Ejecutivo, velocidad normativa y escaso control parlamentario sobre áreas sensibles del Estado.
Qué establece el estatuto
El nuevo régimen fija que el ingreso y la promoción dentro de la SIDE deberán contemplar criterios técnicos, éticos y profesionales. La capacitación permanente queda establecida como uno de los ejes centrales del desarrollo de los agentes, con actividades orientadas a actualizar y fortalecer conocimientos y competencias en materia de inteligencia. El estatuto dispone además la creación de un plan de carrera con formación técnica, humana y profesional, basado en principios de idoneidad, transparencia, igualdad de oportunidades, mérito y profesionalización.
La normativa también busca vincular los salarios con las responsabilidades de cada agente. Las remuneraciones deberán guardar correspondencia con las capacidades técnicas, las funciones y los grados jerárquicos, para evitar diferencias discrecionales entre trabajadores con funciones, trayectoria y antigüedad similares; una formulación que, en la práctica, quedará sujeta a la reglamentación interna del organismo.
Derechos y condiciones de egreso
Entre los principales derechos reconocidos figura la estabilidad laboral para quienes integren la planta permanente una vez confirmados en sus cargos. La desvinculación solo podrá producirse por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el propio estatuto. Los agentes tendrán derecho a percibir remuneraciones acordes a las escalas de su categoría, además de bonificaciones, compensaciones y otros conceptos, junto con acceso a capacitación, licencias, asignaciones familiares, obra social y beneficio jubilatorio.
El régimen contempla mecanismos para presentar consultas y reclamos cuando un trabajador considere que sus derechos fueron afectados, y establece distintas modalidades de promoción: por ascenso ordinario, por méritos extraordinarios o mediante ascenso post mortem. También reconoce el principio de igualdad de oportunidades dentro de la carrera y prohíbe tratos diferenciados por motivos ajenos a la aptitud y conducta profesional.
Un decreto en una zona de sombras
El estatuto llega en un contexto en el que la SIDE acumula cuestionamientos. El organismo, que funciona bajo la órbita directa de la Presidencia, está en el centro de varias investigaciones vinculadas a la gestión libertaria. El decreto regula el vínculo laboral de los agentes pero no toca la estructura de control político sobre el organismo ni los mecanismos de supervisión externa, que en Argentina han sido históricamente insuficientes.
La decisión de avanzar por decreto, sin debate parlamentario, en un área tan sensible como la inteligencia del Estado, se inscribe en una tendencia que la oposición ya denunció en otros ámbitos: la de legislar por la vía rápida para evitar el escrutinio de las cámaras. El estatuto puede leer como modernización institucional o como consolidación del poder discrecional del Ejecutivo sobre el aparato de inteligencia, según quién lo lea.
Lo que tenés que saber
- El Decreto 1021/2026, publicado en el Boletín Oficial, aprueba un nuevo estatuto para el personal de la SIDE.
- La norma establece criterios de ingreso por mérito, plan de carrera, capacitación permanente y remuneraciones acordes a funciones y jerarquía.
- Reconoce estabilidad laboral para la planta permanente y fija mecanismos formales para la desvinculación y para presentar reclamos.
- La medida fue adoptada por decreto, sin intervención del Congreso, en un área históricamente sensible como la inteligencia del Estado.
- El estatuto no modifica la estructura de control político sobre el organismo ni refuerza los mecanismos de supervisión externa.
-
Denuncia4 díasEl Gobierno le pagó a funcionario una indemnización de $110 millones y al otro día lo volvió a contratar
-
Defensa1 díaPresupuesto 2027: base naval y misiles en lugar de aulas, sillas de ruedas y hospitales
-
Economía 💲5 díasDuro editorial de The Economist contra Milei: “Tus aliados enfrentan acusaciones de corrupción propias”
-
Espectáculos 🎭5 díasCarlos Torres aterrizó en Ezeiza para dos shows de “La Reina del Flow”
-
DDHH5 díasEl costo de la violencia migratoria de Trump: miedo, deportaciones y falta de trabajadores en Florida
-
DDHH5 díasEl lawfare ante el mundo: los abogados de Cristina explican en la ONU por qué la condena es política
-
Comunidad 👥5 díasSegún el INDEC, criar un hijo de hasta 12 años cuesta $713.070 por mes en la Argentina de Milei
-
Fútbol & Goles4 díasLa despedida del 10: Messi se retira en el Monumental el 6 de octubre
