Política 📢
Villarruel afuera, Adorni adentro: Karina Milei mueve sus fichas para el Día de la Bandera
El presidente Javier Milei encabezará el acto por el 20 de junio en Rosario junto a Manuel Adorni, su jefe de ministros acosado por la causa de enriquecimiento ilícito, mientras la vicepresidenta Victoria Villarruel no recibió invitación de la Secretaría General de la Presidencia. Se repite el patrón del Tedeum del 25 de Mayo.
La historia se repite con la precisión de una decisión política. El Gobierno de Javier Milei volverá a dejar afuera a la vicepresidenta Victoria Villarruel de un acto patrio central, tal como sucedió el 25 de mayo pasado cuando la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, omitió enviarle la invitación formal al Tedeum en la Catedral Metropolitana. Esta vez, el escenario es la conmemoración del Día de la Bandera en Rosario, ciudad donde el próximo sábado 20 de junio se realizará el acto central en el Monumento Nacional a la Bandera.
Este martes 16 de junio, Presidencia todavía no le cursó ninguna convocatoria a la titular del Senado. Fuentes cercanas a Villarruel indicaron a esa agencia que «esta es una semana de mucha importancia en el Senado, después se verá lo del acto del Día de la Bandera», una respuesta que conjuga cautela con un señalamiento implícito: la segunda autoridad del país no puede acudir a un acto oficial sin que la Presidencia le envíe formalmente la participación.
El regreso de Adorni al escenario público
Lo que sí está confirmado es la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien integrará la comitiva presidencial en Rosario junto al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y el intendente rosarino Pablo Javkin. La ceremonia, prevista para las 10 de la mañana del sábado, reunirá a autoridades nacionales, provinciales y municipales, además de ciudadanos que cada año participan de la conmemoración en homenaje a la creación de la bandera nacional por Manuel Belgrano.
La presencia de Adorni en el acto no es un dato menor. El jefe de ministros atraviesa uno de los momentos más críticos de su gestión: enfrenta una investigación judicial por enriquecimiento ilícito que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, con un patrimonio bajo sospecha que ya supera los 840.000 dólares. Las rectificaciones en sus declaraciones juradas y la opaca explicación que dio sobre el origen de sus fondos generaron un malestar que se extendió incluso hacia adentro del propio Gabinete, donde varios integrantes se preguntan, en voz baja, por qué el funcionario no renuncia. Sin embargo, tanto Milei como su hermana Karina cerraron filas en su respaldo. La aparición de Adorni junto al Presidente en un acto de alta visibilidad simbólica funciona como un mensaje político: el Gobierno no afloja.
Una exclusión que ya tiene antecedentes judiciales
El patrón de la exclusión de Villarruel de los actos patrios dejó de ser una anécdota el 25 de mayo, cuando el abogado Ignacio Baños presentó una denuncia ante la justicia federal solicitando que se investigue al Gobierno por «abuso de autoridad» e «incumplimiento de los deberes de funcionario público». El letrado encuadró la omisión como una posible «violencia institucional y discriminatoria» contra una mujer en ejercicio de la vicepresidencia, invocando la Ley 26.485, y pidió que la investigación alcanzara a todas las áreas intervinientes: la Secretaría General de la Presidencia, Ceremonial y Protocolo, la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales y Casa Militar.
En Santa Fe confirmaron que la entrega de invitaciones no corre por su cuenta, sino exclusivamente por la Secretaría General de la Presidencia. El procedimiento protocolario es claro: sin convocatoria formal de esa dependencia, la vicepresidenta no puede estar presente. La responsabilidad, entonces, tiene nombre y apellido institucional.
La interna que Milei no quiere mostrar
La fractura entre Milei y Villarruel no es nueva. En los últimos meses, la vicepresidenta protagonizó varios gestos de distancia con la conducción del Ejecutivo, entre ellos el respaldo explícito a la candidatura judicial de Verónica Michelli cuando el propio Gobierno intentó retirar el pliego. Villarruel recibió a Michelli en el Senado en un gesto político que no pasó inadvertido.
La exclusión sistemática de la vice de los actos oficiales no solo expone la ruptura interna de La Libertad Avanza; también revela el funcionamiento de la Secretaría General de la Presidencia como herramienta de poder en manos de Karina Milei. Que Villarruel sea la principal figura afectada por estas decisiones protocolares no parece casual: es la única dirigente dentro del espacio con estructura propia, base electoral diferenciada y voluntad política autónoma.
Mientras tanto, el Presidente ya tiene confirmada también su presencia en Tucumán el 9 de julio para los actos por el Día de la Independencia, en lo que el Gobierno presenta como una agenda federal activa. Una agenda de la que, hasta ahora, la vicepresidenta de la Nación sigue brillando por su ausencia.
Puntos clave
- La Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, no envió invitación formal a Villarruel para el acto del 20 de junio en Rosario.
- Milei encabezará el acto junto a Manuel Adorni, quien enfrenta una causa judicial por enriquecimiento ilícito con más de 840.000 dólares bajo investigación.
- Es la segunda vez en menos de un mes que Villarruel queda afuera de un acto patrio, tras la exclusión del Tedeum del 25 de mayo.
- La exclusión del 25 de mayo derivó en una denuncia federal por «abuso de autoridad» e «incumplimiento de deberes de funcionario público».
- En Santa Fe confirmaron que las invitaciones corren exclusivamente por cuenta de la Secretaría General de la Presidencia.
Cultura
Más destrucción de Milei: buscan derogar la Ley que protege a las librerías
Un anteproyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado propone eliminar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera. Libreros, editoriales y entidades del sector alertaron que la medida favorecería la concentración del mercado, pondría en riesgo a las librerías independientes y afectaría la bibliodiversidad en la Argentina.
El Gobierno nacional impulsa un anteproyecto para derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera y la iniciativa encendió las alarmas en toda la cadena del libro. Desde editoriales, librerías independientes y cámaras del sector advirtieron que la eliminación de la norma favorecería la concentración del mercado, reduciría la oferta editorial y pondría en riesgo cientos de comercios dedicados a la venta de libros en todo el país.
La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y apunta a eliminar una legislación vigente desde hace más de dos décadas que establece el precio único de venta al público para los libros.
Qué establece la Ley de Defensa de la Actividad Librera
La Ley 25.542, sancionada en 2001 y vigente desde 2002, obliga a que cada libro tenga el mismo precio de venta en cualquier librería del país, independientemente del canal comercial donde se adquiera.
La norma contempla excepciones para determinadas operaciones, como descuentos de hasta el 10% durante ferias del libro o ventas a bibliotecas e instituciones culturales, y rebajas de hasta el 50% para compras destinadas a programas públicos de distribución gratuita. También excluye a libros usados, de colección, artesanales, descatalogados o importados a precio de saldo.
El objetivo de la ley fue evitar que grandes cadenas comerciales o plataformas con mayor poder económico utilicen los libros como producto de atracción mediante descuentos imposibles de igualar para las librerías independientes.
El sector advirtió por el impacto de la derogación
La posible eliminación de la norma recibió un amplio rechazo de las principales entidades vinculadas al mundo editorial.
Desde la Cámara Argentina del Libro (CAL) sostuvieron que el precio único «es la herramienta fundamental para proteger a las librerías independientes y a las editoriales pymes frente a la concentración del mercado», además de garantizar el acceso federal a la lectura y preservar la bibliodiversidad.
En la misma línea, la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI) consideró que la iniciativa constituye «un ataque contra la cultura» y remarcó que cada librería representa un espacio de encuentro, promoción de nuevos autores y desarrollo de la industria editorial.
La Fundación El Libro, organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, también expresó su preocupación y afirmó que la legislación permitió sostener durante más de veinte años una amplia red de librerías independientes en todo el territorio nacional, reconocida internacionalmente por su diversidad y alcance.
Advierten por el futuro de las librerías de barrio
Libreros de distintas provincias coincidieron en que la derogación pondría en desventaja a los comercios independientes frente a las grandes cadenas y plataformas de venta online.
María Eugenia Ajamil, responsable de Boutique del Libro de Ushuaia, sostuvo que la normativa permitió que libros de editoriales pequeñas llegaran a todos los rincones del país y alertó que, sin esa protección, «solo sobrevivirán los títulos más rentables».
En el mismo sentido, Giselle Ale, titular de Fray Mocho y Libros de la Arena, de Mar del Plata, recordó que la ley «no le cuesta un peso al Estado» y aseguró que garantiza condiciones equitativas de competencia entre librerías independientes, cadenas comerciales y plataformas digitales.
Desde el sector también remarcaron que la experiencia internacional muestra que, en los países donde se eliminó el precio único del libro, desaparecieron numerosas librerías independientes y el mercado quedó concentrado en pocos actores, con una oferta editorial más reducida y menos espacio para autores emergentes y editoriales de menor escala.
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