Con velas en la mano y en un silencio que solo se quebró al llegar a la puerta del edificio, unas 20.000 personas caminaron este jueves desde la Puerta del Sol hasta la casa de la que Maricarmen Abascal fue expulsada en camilla.

La cifra la dio la propia Delegación del Gobierno en Madrid. Al llegar a la calle del barrio de Retiro donde la mujer vivió 71 años, la columna rompió su mutismo con un grito dirigido a la empresa propietaria del inmueble: «¡Urbagestión, asesinos!». La muerte de una jubilada de 87 años se convirtió en el detonante de la mayor rebelión por la vivienda que vive España en más de una década.

Maricarmen Abascal murió el miércoles 7 de octubre en el Hospital Gregorio Marañón, donde permanecía internada desde el 23 de septiembre, día en que una comisión judicial ejecutó su desalojo en el cuarto intento, pese a los cientos de vecinos y activistas que intentaron impedirlo. Vivía en ese departamento desde 1956, bajo un contrato de renta antigua firmado por su padre. La marcha del jueves, convocada bajo la consigna «Hasta siempre, Maricarmen», se repitió con distintas dimensiones en Toledo, Cáceres, Barcelona, Valencia y Sevilla.

«Si ella no pudo, iremos nosotros»

La frase se repitió en los carteles que encabezaron la columna madrileña y resume el clima de las últimas horas. En Toledo, los manifestantes fueron todavía más lejos: «No es una muerte, es un asesinato». Lo que empezó como la defensa de una vecina se transformó en una impugnación directa a un modelo que convirtió la vivienda en mercancía.

La acampada de la Puerta del Sol, que este jueves sumó su decimotercera jornada, amaneció el miércoles convertida en un velatorio colectivo. Los manifestantes levantaron altares improvisados frente a la Real Casa de Correos, sede del gobierno de la Comunidad de Madrid, y al pie de la estatua del Oso y el Madroño. «Yo creo que esa mujer ha muerto porque con 87 años le han trastocado su estabilidad y su tranquilidad y de alguna forma no ha podido más», dijo Igor, uno de los acampantes, en diálogo con la prensa.

Otra manifestante, Aska, apuntó contra las respuestas oficiales: «Maricarmen fue la chispa o la gota que colmó el vaso, pero esto va más allá, se necesitan soluciones reales». Las medidas impulsadas por el Ejecutivo, agregó, «son parches». Rubén, otro de los presentes, reclamó que «los partidos políticos deben venir a esta acampada y escuchar realmente lo que quiere la gente». Músicos como Rozalén, El Chojin y Marwan se acercaron al campamento, donde coincidieron en que «Maricarmen ha sido el detonante».

Un acuerdo que llegó tarde y un Gobierno contra las cuerdas

La presión social había logrado lo que los tribunales negaron. El 28 de septiembre, con mediación del Ayuntamiento de Madrid, la empresa Urbagestión Desarrollo e Inversión SL aceptó que la mujer regresara a su vivienda, y el 2 de octubre firmó el contrato y entregó las llaves. Maricarmen nunca recibió el alta. «Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde», denunció el Sindicato de Inquilinas, que calificó su muerte de «absolutamente evitable» y el proceso que atravesó de «torturante».

El terremoto político fue inmediato. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó dos reales decretos de emergencia habitacional, bautizados como los «Decretos Maricarmen«, que fueron rechazados por el Congreso de los Diputados.

Sin respaldo parlamentario, Sánchez adelantó las elecciones generales al 29 de noviembre. Las centrales sindicales CCOO y UGT anunciaron, además, una huelga general de 24 horas por la crisis de la vivienda. Una mujer desalojada terminó volteando la agenda política de todo un país.

Tras conocerse la muerte, Sánchez escribió en su cuenta de X: «Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz».

Una crisis que viene de lejos

El estallido no surgió de la nada. El 5 de abril de 2025, decenas de miles de personas marcharon en más de 40 ciudades españolas bajo el lema «Se acabó el negocio de la vivienda», en la primera movilización simultánea a escala nacional desde la ola contra los desahucios de la década anterior. Los organizadores, una red de sindicatos de inquilinos y asociaciones vecinales, acusaron entonces al Estado de haber convertido la vivienda en un modelo de negocio, pese a que el artículo 47 de la Constitución española garantiza el derecho a una vivienda digna y adecuada. En enero de 2026, el Gobierno anunció incentivos fiscales para los propietarios que congelaran los alquileres y límites a los contratos de temporada, medidas que las organizaciones consideraron insuficientes.

El caso Maricarmen expone, con crudeza, qué pasa cuando el derecho a la vivienda queda subordinado a la rentabilidad de los fondos inmobiliarios. Una lección que también resuena en la Argentina, donde el DNU 70/2023 de Javier Milei derogó la Ley de Alquileres y dejó a millones de inquilinos librados a las reglas del mercado.