El Senado de la Nación sesiona este jueves 16 de julio para tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, con el respaldo de La Libertad Avanza. La sesión fue convocada en la semana de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, lo que, según legisladores de la oposición, no es una coincidencia: el oficialismo busca avanzar con una de sus reformas más cuestionadas mientras la atención pública está concentrada en la cancha. «Sin territorio, dejamos de ser un país soberano», advirtió el senador Wado de Pedro.

Un dictamen con 14 versiones y aún sin los votos

El proyecto acumuló 14 versiones del dictamen a lo largo de meses de negociaciones entre el oficialismo y los bloques denominados «dialoguistas». Fuentes del interbloque Popular revelaron que «el texto lo siguen tocando por abajo de la mesa aun cuando ya salió de comisiones» y adelantaron que «probablemente se propongan cambios negociados sobre la base del dictamen que ya estaba».

La jornada del martes cerró con negociaciones frenéticas: en el oficialismo los números aún no cerraban y circularon rumores de levantar la sesión por cuarta vez. Fuentes parlamentarias precisaron que el escenario es «muy finito: si alguien de los socios no viaja, se cae». El peronismo, en tanto, trabaja para bloquear el capítulo de extranjerización de tierras. «Tenemos 35, nos falta un voto», confirmó un senador al tanto del poroteo. Para bloquear al oficialismo se necesitan 36 votos, siempre que la sesión transcurra sin ausencias.

Qué elimina la ley: el desguace de la Ley 26.737

El núcleo más cuestionado del proyecto es la derogación en bloque de los límites que establece la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La norma vigente fija un techo del 15% de tierras rurales de cada provincia en manos extranjeras, un límite del 30% para una misma nacionalidad dentro de ese porcentaje, y un máximo de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo agropecuaria. El nuevo texto deroga esas tres restricciones y transfiere a cada provincia la facultad de fijar sus propias reglas, en un esquema que los críticos califican como una desregulación sin red. Para las tierras en zonas de seguridad de frontera, el proyecto establece un régimen de doble autorización provincial y nacional, pero introduce el «silencio administrativo positivo»: si el Estado no se expide en 180 días, la compra queda automáticamente habilitada de pleno derecho.

La única restricción que subsiste en el texto es la prohibición de venta a Estados extranjeros y a empresas con participación estatal extranjera, aunque en este último caso se admite una excepción si la provincia y el Poder Ejecutivo Nacional otorgan autorización expresa. El vocero presidencial, Adrián Ravier, justificó la reforma al afirmar que «la norma de 2011 criminalizó la compra de tierras por parte de extranjeros». La respuesta del coordinador del Observatorio de Tierras (CONICET-UBA), Pablo Voldkin, fue directa: «Es una barbaridad que se deriva de la malicia o de la ignorancia». Lejos de criminalizar la compra de tierras, explicó, la ley vigente la habilita y solo regula la concentración excesiva.

Los números que el Gobierno prefiere no mencionar

El Observatorio de Tierras del CONICET y la UBA estimó que actualmente los extranjeros poseen alrededor del 5% de la tierra rural del país, equivalente a más de 13 millones de hectáreas, una superficie comparable a la de Inglaterra. La ley vigente autoriza que ese porcentaje llegue al 15%, lo que en términos absolutos habilitaría hasta 40 millones de hectáreas en manos foráneas, una superficie mayor que toda la provincia de Buenos Aires. «Ya hay 36 departamentos donde el límite legal está superado y en algunos casos la extranjerización llega al 50%, especialmente en zonas cordilleranas», advirtió Voldkin. Con la eliminación de los topes nacionales, esas áreas podrían quedar completamente en manos de capitales extranjeros, arrastrando consigo el control sobre recursos estratégicos como el litio, el petróleo, los minerales críticos y los pasos bioceánicos. El investigador también señaló que la reforma «está hecha a medida del capital norteamericano», el principal poseedor de tierras rurales en el país, dado que elimina el porcentaje por nacionalidad que la ley vigente establece como límite adicional.

Desalojos exprés y fuego sin restricciones

El proyecto no se limita a la cuestión de la tierra rural. Habilita también el mecanismo de desalojo exprés: cualquier persona que invoque un derecho sobre un inmueble puede solicitar la restitución inmediata, y el juez podrá ordenar la entrega sin esperar sentencia definitiva si considera verosímil el planteo en una evaluación preliminar. Para las ocupaciones ilegales y tenedores precarios, el texto prevé la identificación obligatoria de todos los ocupantes dentro de las primeras 72 horas y la posible restitución en un plazo de 5 días. La única atenuación alcanza a hogares con niños, personas con discapacidad o adultos mayores sin alternativa habitacional, a quienes se otorgan 10 días para buscar un nuevo lugar donde vivir. Adicionalmente, el proyecto modifica la Ley de Manejo del Fuego y elimina las restricciones que impedían cambiar el destino productivo de terrenos arrasados por incendios durante décadas, suprimiendo el principal desincentivo legal a los incendios intencionales con fines especulativos.

Expropiaciones más difíciles, empresas recuperadas en riesgo

El texto también endurece las condiciones para que el Estado pueda expropiar bienes privados. Restringe el concepto de «utilidad pública», exige que la indemnización incluya las ganancias futuras que el propietario acredite haber perdido, actualiza el monto por inflación con intereses, y establece que la toma de posesión solo podrá concretarse una vez abonada la totalidad de esa suma. En la práctica, la reforma dificulta que futuros gobiernos puedan recuperar activos estratégicos mediante la herramienta de la expropiación. Según el investigador Andrés Ruggeri, la norma también representa un golpe directo para las empresas recuperadas por sus trabajadores, cuya continuidad productiva en inmuebles declarados de utilidad pública queda en una situación de extrema vulnerabilidad jurídica.

«La única explicación es algún negocio inconfesable»

El senador Wado de Pedro fue enfático en su rechazo: «Es un proyecto de extranjerización del territorio. No es casualidad que quieran tratarlo en medio del Mundial: tienen que hacerlo cuando la sociedad está mirando para otro lado. Nosotros insistimos con nuestro rechazo porque a la Argentina hay que defenderla en todas las canchas. La única explicación para esto es algún negocio inconfesable de Milei con megamillonarios, fondos especulativos o potencias extranjeras». El debate sobre el proyecto de Sturzenegger no ocurre en el vacío. Organizaciones indígenas, ambientalistas y excombatientes de Malvinas advirtieron que la medida implica la entrega de soberanía territorial, el acceso al agua y el control sobre recursos estratégicos. La coincidencia entre la votación y el día siguiente a la semifinal Argentina-Inglaterra, en la que la administración Milei avaló sin cuestionamientos la prohibición de ingresar con banderas de las Islas Malvinas, agrega una capa de ironía que varios legisladores no dejaron pasar.

Puntos clave

• El Senado vota este jueves 16 de julio el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en la jornada posterior a la semifinal mundialista Argentina-Inglaterra.
• La iniciativa de Sturzenegger deroga en bloque los límites de la Ley 26.737, que fijaba el techo del 15% de tierras rurales en manos extranjeras.
• El Observatorio de Tierras (CONICET-UBA) advierte que ya hay 13 millones de hectáreas en manos foráneas y que 36 distritos superan el tope legal vigente.
• El peronismo asegura tener 35 votos para bloquear el proyecto, pero necesita 36; el oficialismo admite que el escenario es «muy finito».
• La norma también habilita desalojos exprés y elimina las restricciones que impedían explotar tierras arrasadas por incendios.