Política 📢
Milei echó al cónsul argentino en España tras un conflicto interno en la embajada
El presidente firmó el Decreto 588/2026 para cesar a Alejandro Nimo, designado apenas dos años atrás, después de que el embajador Alejandro Bunge le retirara el despacho dentro de la sede diplomática de Madrid. El texto también lleva la firma del canciller Pablo Quirno y del ministro de Economía, Luis Caputo.
El gobierno de Javier Milei dispuso el cese del abogado Marcelo Alejandro Nimo como consejero y cónsul general de Argentina ante el Reino de España, en una decisión que expone una fractura interna en el cuerpo diplomático que la administración libertaria prefería mantener fuera del radar público. El Decreto 588/2026, firmado por el presidente Milei, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía Luis Caputo, formalizó la salida de Nimo de la Embajada argentina en Madrid, donde se desempeñaba como Agregado Especializado en el Área de Promoción de Inversiones y Comercio Internacional.
El despacho como detonante
El conflicto que precipitó la salida de Nimo tuvo su epicentro en la sede diplomática ubicada en la calle Fernando El Santo 15, en el barrio de Salamanca, Madrid. Según la información disponible, el embajador Alejandro Bunge decidió retirarle a Nimo su despacho dentro del edificio, un gesto que en el lenguaje diplomático equivale a una degradación simbólica de las funciones asignadas y que en la práctica tornó insostenible la continuidad del funcionario. Lo que pudo haberse resuelto por vías administrativas internas derivó en un conflicto que escaló hasta exigir la intervención directa de la Casa Rosada.
Designado con elogios, removido sin explicaciones
La paradoja del caso Nimo es que su designación original, instrumentada mediante el Decreto 722/2024 publicado el 9 de agosto de 2024, destacaba que el funcionario reunía «las condiciones de idoneidad profesional necesarias para desempeñar dicho cargo». Apenas dos años después, el mismo gobierno que lo ungió con esa descripción lo removió sin ofrecer explicaciones públicas de fondo. El decreto de cese no consigna causas disciplinarias ni irregularidades formales; se limita a disponer el cese, una fórmula que en el léxico burocrático sugiere una salida negociada o, en su defecto, impuesta.
Gestión libertaria y la diplomacia del caos
El episodio no es un hecho aislado en la política exterior del gobierno libertario. Desde diciembre de 2023, la Cancillería argentina atravesó sucesivas turbulencias: roces con socios regionales, posicionamientos que tensaron vínculos históricos y una lógica de lealtades personales que primó sobre la carrera diplomática tradicional. El conflicto entre Nimo y Bunge ilustra, en escala reducida, una dinámica que se repite a mayor escala: la acumulación de poder en figuras de confianza directa del Ejecutivo, combinada con la ausencia de protocolos claros de resolución de conflictos institucionales, termina produciendo cortocircuitos que solo se resuelven con bajas.
La firma de Luis Caputo en un decreto de cese diplomático también llama la atención: la rúbrica del ministro de Economía en un acto de política exterior expone la superposición de funciones y la porosidad entre carteras que caracteriza al gabinete de Milei, donde los límites competenciales se difuminan con frecuencia según las afinidades del momento.
Puntos clave
- El Decreto 588/2026 firmado por Milei, Quirno y Caputo dispuso el cese de Alejandro Nimo como consejero y cónsul general de Argentina ante España.
- El conflicto se originó cuando el embajador Alejandro Bunge retiró el despacho a Nimo dentro de la sede diplomática de Madrid.
- Nimo había sido designado por el propio gobierno mediante el Decreto 722/2024, publicado el 9 de agosto de 2024.
- El decreto de cese no consigna causas disciplinarias ni irregularidades formales.
- La firma de Luis Caputo en el acto expone la superposición de funciones que caracteriza al gabinete libertario.
Economía 💲
La Corte ordenó que las prepagas pidan autorización antes de un aumento
El tribunal declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 y devolvió a la Superintendencia de Servicios de Salud la potestad de autorizar las subas. Dijo que «no basta con invocar una emergencia genérica».
La Corte Suprema determinó que las prepagas deberán pedirle autorización al Gobierno antes de aplicar un aumento: declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, que habían desregulado las cuotas.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti sostuvieron que «no basta con invocar una emergencia genérica» y que el Gobierno no demostró una necesidad ni urgencia concreta para eliminar el control estatal sobre las tarifas de salud. Con el fallo, la Superintendencia de Servicios de Salud recupera la potestad de revisar, fiscalizar y autorizar previamente las variaciones tarifarias, con evaluación de estructura de costos y cálculo actuarial. La Corte revocó además el tramo de la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que ataba los aumentos automáticamente al IPC.
El caso
La causa la inició María del Carmen Bobbio contra Swiss Medical: su plan SM02 pasó de $136.161,21 a $301.218,02 entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, un 110%, cuando con la resolución 2577/2022 el aumento de enero habría sido del 6,26%. La inconstitucionalidad recae solo sobre esos dos artículos, «sin emitir opinión ni juzgar la validez del resto del DNU 70/2023».
Lo que tenés que saber
- La Corte Suprema declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70 que desregulaban las prepagas.
- Las empresas deberán pedir autorización previa a la Superintendencia de Servicios de Salud.
- El control se hará con evaluación de costos y cálculo actuarial.
- El fallo surgió del amparo de María del Carmen Bobbio contra Swiss Medical, cuyo plan SM02 subió 110%.
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