El conflicto político entre el Gobierno nacional y el PRO tiene su foco en la Ciudad de Buenos Aires, donde el Ministerio de Economía se niega a cumplir con el fallo de la Corte Suprema que obliga al Ejecutivo a girar el 2,95% de la coparticipación federal de impuestos de manera diaria al distrito capitalino. Este enfrentamiento pone en jaque la relación entre ambas administraciones y afecta gravemente las finanzas de la Ciudad.

Fallo de la Corte Suprema y su incumplimiento

El origen del conflicto se remonta al 2020, cuando el entonces presidente Alberto Fernández, mediante un decreto y luego una ley, redujo los fondos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires del 3,50% al 1,40%, transfiriendo el 2,1% restante a la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof. Este recorte fue justificado como una medida para cubrir las necesidades de la provincia más poblada del país.

En diciembre de 2022, la Corte Suprema falló a favor del reclamo porteño, estableciendo que la Ciudad debía recibir el 2,95% de la coparticipación federal de manera diaria hasta que se resolviera el conflicto de fondo. Sin embargo, el Gobierno de Fernández no acató la orden judicial durante los últimos dos años de su mandato. La situación continuó sin cambios tras la asunción de Javier Milei como presidente.

Negociaciones y medidas unilaterales

En un intento por solucionar el conflicto, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se reunió en dos ocasiones con el ministro de Economía, Luis Caputo. En esas reuniones, Caputo se comprometió a restablecer los giros diarios a partir del 1° de agosto, pero este compromiso fue incumplido. En cambio, Caputo decidió pagar el 1,55% restante una vez por semana bajo el formato de «transferencia discrecional», lo que generó un fuerte rechazo por parte del gobierno porteño. Este mecanismo expone a la Ciudad a que los fondos puedan ser suspendidos o cancelados en cualquier momento, lo que aumenta la incertidumbre sobre sus finanzas.

Consecuencias y acciones legales

El incumplimiento del fallo judicial ha generado una deuda acumulada de aproximadamente 5.000 millones de dólares a favor de la Ciudad, que debería recibir unos 90.000 millones de pesos mensuales en giros automáticos. Además, el Gobierno nacional pretende traspasar la operación de 31 líneas de colectivos que circulan por la Ciudad, lo que implicaría un costo adicional de 9.000 millones de pesos para el presupuesto porteño.

En respuesta, Jorge Macri, a través de la Procuración, presentó un escrito ante la Corte Suprema denunciando el incumplimiento del Gobierno nacional. Aunque en el PRO intentan evitar tensar la relación política, la presión sobre las cuentas públicas podría obligar a un cambio de estrategia en las próximas semanas.

Cronología del conflicto

• 2020: El presidente Alberto Fernández decreta la reducción de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires del 3,50% al 1,40%, redistribuyendo los fondos hacia la provincia de Buenos Aires.
• Diciembre 2022: La Corte Suprema de Justicia dicta una medida cautelar que fija el coeficiente de coparticipación en 2,95% para la Ciudad, ordenando el giro diario de los fondos.
• Mandato de Fernández: El gobierno incumple la orden de la Corte y no transfiere los fondos hasta el fin de su mandato.
• Mandato de Milei: Luis Caputo y Jorge Macri se reúnen para negociar el cumplimiento del fallo, pero el acuerdo no se respeta.
• Acumulación de deuda: Desde septiembre de 2020, la Ciudad ha dejado de recibir más de 4,8 billones de pesos, lo que ha afectado gravemente su capacidad financiera.
• Denuncia ante la Corte: Macri denuncia el incumplimiento del Gobierno nacional ante la Corte Suprema, intensificando el conflicto.
• El conflicto político entre el Gobierno nacional y el PRO por la coparticipación en CABA sigue sin resolverse, a pesar de un fallo de la Corte Suprema.
• El Gobierno nacional incumple el fallo que ordena giros diarios del 2,95% de la coparticipación, acumulando una deuda de 5.000 millones de dólares con la Ciudad.
• La Ciudad de Buenos Aires presentó una denuncia ante la Corte Suprema por el incumplimiento del fallo y la incertidumbre sobre sus finanzas.