La magistrada federal Sandra Arroyo Salgado solicita a su par María Servini que se inhiba en la investigación sobre la criptomoneda $LIBRA, que involucra al presidente Javier Milei, en medio de un contexto judicial complicado.

El reclamo de Arroyo Salgado
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ha elevado un pedido formal a la jueza María Servini para que se inhiba de continuar con la investigación relacionada con la criptomoneda $LIBRA, en la que está implicado el presidente Javier Milei. Este conflicto de competencia surge a raíz de una denuncia presentada en el juzgado de Arroyo Salgado por Juan Carlos Mussa, quien alega ser damnificado. La jueza ya aceptó la querella de otro inversor, Martín Romeo, que afirmó haber invertido en $LIBRA con motivo de una publicación del presidente en su cuenta de X (anteriormente Twitter) el 14 de febrero.

En una resolución que ha sido objeto de análisis, Arroyo Salgado mencionó que «posee singular relevancia la difusión vía Twitter de una publicación efectuada el viernes 14 de febrero», subrayando que el mensaje de Milei se escribió desde la residencia oficial de Olivos, lo que le da competencia a su juzgado.

La álgida disputa judicial
La magistrada de San Isidro considera que el punto de partida del posible delito se produjo cuando Milei hizo el anuncio en las redes sociales y, con ello, se generó un efecto inmediato en el mercado. Sin embargo, el juzgado de Servini, que trabaja en otro proceso relacionado, negó la calidad de querellante a Romeo y a otros inversionistas que habían intentado sumarse al caso, lo que ha motivado el conflicto actual.

Arroyo Salgado solicitó la acumulación de los expedientes, haciendo hincapié en que se hace necesario que la Justicia se administre de manera eficaz «cada vez que se suscita un conflicto que repercute, en términos institucionales, en las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional».

Reacciones en el ámbito judicial
La disputa judicial no está resuelta, dado que el fiscal de San Isidro, Federico Iuspa, se opuso al pedido de Arroyo Salgado. Esta negativa podría llevar a una apelación ante la Cámara Federal de San Martín. La complejidad del caso radica no solo en las acusaciones sobre la criptomoneda, sino también en cómo y dónde deberían procesarse los eventos presuntamente ilícitos.

Experiencia previa en investigaciones de delitos vinculados a criptomonedas muestra que la falta de regulación clara dificulta el proceso judicial. En el contexto de la administración de justicia, esta situación ha despertado la preocupación de distintos sectores, que advierten sobre la necesidad de contar con mecanismos más eficientes para abordar casos que involucran tecnología y finanzas.

Implicaciones políticas y jurídicas
El trasfondo político del caso no debe ser subestimado. La investigación sobre el presidente Milei plantea cuestiones sobre la separación de poderes y la influencia de la política en las decisiones judiciales. El hecho de que la causa involucre a una figura central del gobierno añade un nivel extra de tensión y escrutinio público.

El conflicto de competencia sobre la causa $LIBRA también refleja la falta de un marco legal claro sobre cómo se deben tratar los delitos relacionados con las criptomonedas en Argentina. Este vacío normativo, junto con la competencia judicial, subraya los desafíos que la justicia enfrenta en la era digital.