El oficialismo de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de Argentina comenzará hoy con la formulación de cargos contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia por diversas causales, incluyendo los fallos del 2×1 a favor de represores, asuntos relacionados con el Consejo de la Magistratura y la coparticipación en beneficio de la ciudad de Buenos Aires. Se considera que la etapa de investigación por mal desempeño contra los magistrados ya ha concluido.

La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos, FdT), ha convocado a los diputados y diputadas que integran el comité parlamentario para presentar un informe con las principales causales del juicio político a los miembros de la Corte Suprema. También se han invitado a nuevos testigos, centrándose en la hipótesis de “abuso de poder” relacionada con Carlos Rosenkrantz, con la presencia de testigos solicitados por la Coalición Cívica (CC).

Los testigos que comparecerán son Héctor Marchi, exadministrador de la Corte y cercano a Ricardo Lorenzetti; Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación; y Gustavo Francisco Tita y Adrián Walter Miretti.

Una vez que el informe sea aprobado en la comisión, se dará traslado a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti para que tengan la oportunidad de presentar su defensa si así lo desean.

El proceso de juicio político se inició el 26 de enero pasado a partir de una decisión del oficialismo, respaldada por el presidente Alberto Fernández, gobernadores y legisladores del Frente de Todos, quienes argumentaron que existen suficientes elementos para avanzar en el proceso. El pedido de juicio político acusó a los miembros de la Corte Suprema de “invadir arbitrariamente las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes” del Estado, afectando la gobernabilidad y la estabilidad institucional.

El proceso de juicio político es un tema de gran interés y debate en Argentina, ya que involucra a altos magistrados de la Corte Suprema y plantea cuestiones fundamentales sobre el sistema judicial y la relación entre los poderes del Estado.