Política 📢
Vicegobernadores pidieron a Milei que «no tome de rehenes» a los argentinos
«Con respeto y con firmeza, le pedimos al presidente Milei que deje de tener de rehenes a las y los argentinos en sus batallas políticas y que no atente contra su calidad de vida como lo está haciendo», exigieron.
Vicegobernadores y vicegobernadoras opositores emitieron hoy un documento titulado «En la Sociedad se invierte, no se gasta», mediante el que reclamaron al presidente Javier Milei que «deje de tener de rehenes a los argentinos en sus batallas políticas» y remarcaron la preocupación por «la despiadada avanzada del Gobierno nacional en contra de los trabajadores».
El documento firmado por 10 vicemandatarios provinciales acusa que «desde el Gobierno central se siguen promoviendo políticas e instrumentando medidas que en dos meses han empeorado una situación que era muy complicada, y que precisaba mesura, conocimientos, experiencia, responsabilidad y una gran empatía con los argentinos».
«Con respeto y con firmeza, le pedimos al presidente Milei que deje de tener de rehenes a las y los argentinos en sus batallas políticas y que no atente contra su calidad de vida como lo está haciendo», exigieron.
Firmaron el documento los vicegobernadores Verónica Magario (Buenos Aires), Rubén Dusso (Catamarca), Teresita Madera (La Rioja), Alicia Mayoral (La Pampa), Carlos Silva Neder (Santiago del Estero), Antonio Marocco (Salta), Pedro Pesatti (Río Negro), Eber Solís (Formosa), Lucas Romero Spinelli (Misiones) y Alberto Bernis (Jujuy).
En otro tramo expusieron que «el método elegido ha sido aumentar las dificultades, privar de derechos, aumentar la inflación, desproteger a quienes el Estado debe proteger y tomar venganzas políticas, como la decisión de no girar a las provincias los fondos para completar los salarios docentes y los subsidios para el transporte público».
Además, destacaron que «el ataque hacia las familias de nuestras provincias, que se manifiesta en la vida cotidiana, también amenaza seriamente la educación de sus hijos con la decisión de Javier Milei de dejar de transferir los fondos que corresponden al Fondo del Incentivo Docente (FONID)».
El documento, que fue difundido en la red X por Verónica Magario, explica que durante el mes de enero «el Ejecutivo solo transfirió a nuestras provincias menos del 1% del importe para el concepto de Educación», de manera que «cuando se liquidaron los salarios de enero, los docentes hubieran visto en sus recibos de sueldo una disminución de sus ingresos, lo que no sucedió porque que los gobiernos provinciales compensaron ese adicional».
Añadieron que «de persistir esta situación las provincias no podrán hacerse cargo de estos componentes salariales que son exclusiva responsabilidad y obligación del gobierno nacional. No puede de un momento al otro desaparecer. Se trata de más de 14.500 millones de pesos por mes», aseguraron respecto al FONID, que tiene 26 años de vigencia.
También consideraron que en el mundo «los sistemas de transporte muy raramente funcionan sin ser subsidiados en un porcentaje significativo por el Estado» y cuestionaron que «aquí, en nuestro país, con argumentaciones difíciles de sostener con un mínimo de seriedad, se decide no hacer lo que en el mundo hacen países desarrollados o países en desarrollo que es subsidiar el transporte público» sobre la decisión de Milei de retirar los subsidios nacionales al transporte público urbano.
«La pregunta inevitable es: ¿en dónde piensa colocar los 104 mil millones de pesos que está recortando? ¿A qué los piensa dedicar?, no a la asistencia alimentaria, como estamos viendo que sucede con los comedores comunitarios; no a la salud pública, no a la educación pública, no a la generación de puestos de trabajo, no a la concreción de obra pública de infraestructura. ¿Entonces?», argumentaron.
Por último señalaron: «La Argentina es la suma de las provincias que la componen. Reiteramos este concepto que es clave para entender como es un país para todos, sin centralismos, sin caprichos, y con sensibilidad social y responsabilidad total».
Legislativo
Otro escándalo en el Gobierno: extienden el plazo para declarar bienes de funcionarios
La Oficina Anticorrupción extendió dos meses el plazo para la presentación de declaraciones juradas de funcionarios públicos. La medida se conoce en medio de denuncias por presunto enriquecimiento y bienes no declarados que involucran al jefe de Gabinete.
Lo que tenés que saber:
- La Oficina Anticorrupción prorrogó el plazo de las declaraciones juradas
- El vencimiento pasó de mayo a julio
- La decisión se oficializó mediante resolución publicada en el Boletín Oficial
- La medida coincide con denuncias sobre el patrimonio de un alto funcionario
- El Gobierno sostiene que el cambio busca ordenar el cronograma fiscal
Prórroga de declaraciones juradas en la administración pública
La Oficina Anticorrupción dispuso la extensión del plazo para la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos. El vencimiento, que estaba fijado para fines de mayo, fue trasladado al 31 de julio.
La medida quedó establecida mediante una resolución oficial publicada en el Boletín Oficial.
Motivos administrativos del cambio de fecha
Según el organismo, la decisión responde a la necesidad de adecuar los plazos a los vencimientos fiscales establecidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que se ubican en la primera quincena de junio.
El objetivo declarado es permitir una mejor integración de la información patrimonial antes de la presentación final.
Qué incluye la declaración jurada
Las declaraciones juradas patrimoniales deben ser presentadas por los funcionarios en tres momentos: al inicio de su función, de manera anual y al finalizar el cargo.
El sistema busca registrar la evolución del patrimonio de quienes ocupan cargos públicos.
Contexto político y denuncias en curso
La decisión se conoce en medio de denuncias vinculadas al patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito y bienes no declarados.
En paralelo, una causa vinculada a un viaje oficial fue archivada por la Justicia al no encontrar irregularidades ni gastos adicionales para el Estado.
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