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Judiciales ⚖️

Alberto Fernández: “Los jueces que aceptaron ser designados por decreto por Mauricio Macri siguen respondiendo a sus órdenes”

El presidente Alberto Fernández enviará a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados las decisiones de la Corte Suprema sobre las elecciones de Tucumán y San Juan, para que se sumen a las causales de juicio político en la evaluación de los jueces del máximo tribunal.

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El presidente Alberto Fernández cargó contra la Corte Suprema tras la decisión de suspender las elecciones en Tucumán y San Juan, y vinculó al expresidente Mauricio Macri con el fallo. Además, apuntó contra el Poder Judicial por perseguir a la vicepresidenta Cristina Kirchner. 

Discurso completo de Alberto Fernández por cadena nacional

En el día de ayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dispuso a través de una medida cautelar suspender las elecciones provinciales que el próximo domingo debían desarrollarse en Tucumán y en San Juan. Esa decisión fue tomada después de tener durante largo tiempo la cuestión en estudio, arrogándose una competencia de dudosa legitimidad y cuando los órganos judiciales pertinentes de cada una de esas provincias ya habían avalado la legitimidad de los comicios.

No puedo soslayar que esa decisión afecta a dos provincias en las que se proyectaba el triunfo del peronismo que se habrían sumado a otros triunfos del oficialismo ocurridos el último domingo. Tampoco puedo dejar de observar que el fallo deviene inmediatamente después de que Mauricio Macri tratara de “feudos” a las provincias norteñas en las que su espacio político preveía derrotas.

La Corte Suprema de Justicia ha demostrado una vez más que es capaz de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición y así, otra vez, ha dejado en evidencia su carácter antidemocrático y su profunda desatención al régimen federal que nos gobierna.

En síntesis, la suspensión de las elecciones en las provincias de San Juan y Tucumán deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces que no observan criterios de justicia y que cada día, a la luz de lo que se ve en la investigación que lleva adelante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, están más implicados en severas irregularidades administrativas y en maniobras que sirven a la actual oposición.

Si el máximo tribunal del país no respeta la libertad de poderes, avasalla compulsivamente al federalismo y la autonomía de las provincias y va contra uno de los derechos supremos del ciudadano en democracia que es el voto popular, entonces la justicia de esta república se ha degradado.

El Poder Judicial tiene que entender que no puede manipular los tiempos electorales bajo el pretexto de preservar principios republicanos. No puede ser que sigan avasallando a los pueblos del interior de la Patria preservando los intereses de sus amigos políticos o empresarios. El derecho al voto ejercido de la manera en que cada provincia ha decidido hacerlo de acuerdo con su Constitución es uno de los mayores actos que podemos sostener en nuestra sociedad. Que cada provincia defina de qué manera lo lleva adelante es uno de los pilares del federalismo.

Evidentemente, los jueces que aceptaron ser designados por decreto por Mauricio Macri siguen respondiendo a sus órdenes.

Tampoco es casual que hayan dictado la suspensión de los comicios en el mismo momento en el que se desarrollaba una sesión del juicio político en el Congreso de la Nación, donde se estaba denunciando a miembros de la Corte por supuesta corrupción en el manejo de fondos públicos.

La degradación judicial debe concluir. No conocemos el patrimonio de ningún magistrado de la Corte Suprema. Algunos jueces deben explicar en virtud de que razón participaron de un encuentro en Lago Escondido promovido y pagado por empresarios de medios y funcionarios opositores. Por qué tomaron ilegalmente el Consejo de la Magistratura. Por qué dictaron el beneficio del 2×1 a los genocidas. Por qué decidieron sacar recursos a todas las provincias para dárselos a Ciudad Autónoma de Buenos Aires inmiscuyéndose sin potestad alguna en cuestiones propias de la coparticipación.

Se trata del mismo Poder Judicial que persigue de forma sistemática a la Vicepresidenta de la Nación con argumentos forzados, desatendiendo su derecho de defensa y dictando sentencias fundadas en relatos redactados en mesas judiciales. Se han convertido en el brazo operativo de la oposición y de los grupos concentrados del poder económico y mediático.

Además de desconocer el federalismo, estos jueces desconocen también la división de poderes. Ayer mismo, unas horas antes de esta decisión, el presidente de la Corte suprema hizo declaraciones ante empresarios sobre qué deberíamos hacer con la emisión monetaria.
Quiero decirle dos cosas. En primer término, no tiene autoridad, ni facultades, ni conocimientos para opinar sobre el rumbo de la política económica del gobierno. En segundo lugar, si tanto interés tiene por el rumbo económico del país, debería pedirle a los tribunales inferiores que agilicen todas las causas que tienen paradas sobre la investigación de la deuda que tomó Mauricio Macri sin ser tratada por el Congreso de la Nación y que denunciamos ante el Poder Judicial que sigue sin investigarlo.

La democracia cruje cuando no hay justicia.

La reforma del poder judicial es hoy una de las grandes deudas de nuestra democracia. Estamos convencidos de que necesitamos una reforma profunda e integral de la justicia y por eso enviamos al Congreso de la Nación las leyes para mejorar el funcionamiento de la Justicia Federal, la reforma del Consejo de la Magistratura, la designación del Procurador General y la ampliación de la Corte Suprema. Es imperioso que el Congreso apruebe esas leyes porque es el único camino que tenemos para poner fin a este sistema donde un puñado de jueces se erigen en seres todopoderosos. Tenemos que conseguir las mayorías necesarias para poder llevarlo adelante. Necesitamos legisladores comprometidos a dar esta pelea contra el avasallamiento de la república.

Por eso también impulsamos el juicio político que se está sustanciando en el Congreso de la Nación y donde cada día surgen nuevas pruebas, y se abren nuevos caminos de investigación ante denuncias y dichos de testigos.
Quiero anunciales que vamos a enviar los antecedentes de estas decisiones tomadas ayer para que se sumen a las causales de juicio político, para seguir demostrando cómo esta Corte viola la división de poderes y el federalismo.

He hecho de la defensa del federalismo uno de los pilares de mi gobierno. Este es un país profundamente federal por su historia y su constitución pero el poder central, económico, político y judicial sigue tratando de imponerse sobre los pueblos que en cada provincia quieren definir su vida y su destino.
Esta decisión de la Corte Suprema vuelve a hacerlo. En el mismo marco del respeto al federalismo y la autonomía, desde el gobierno nacional vamos a acompañar las decisiones que tomen los gobiernos provinciales ante estos hechos.

Un sector de la política y el poder económico apañado por esta justicia está creando grietas en nuestra democracia, que cumple cuarenta años.
Como lo hicimos cuando salimos a la calle en los ochenta para defenderla, vamos a responder con más democracia. Necesitamos más representantes comprometidos con la democracia, más ciudadanos movilizados por una democracia plena y participativa para salir de este círculo vicioso.

Quiero ser muy claro. Para nosotros y para todo el pueblo argentino la justicia es un valor fundamental, es un pilar de la sociedad libre e igualitaria que deseamos, la justicia es un acto reparador. Creemos en la justicia.

Quiero decirle a la Corte Suprema que podrán olvidar el federalismo y hasta suspender una elección, pero jamás podrán suspender la voluntad popular. La democracia llegó a la Argentina hace 40 años de una vez y para siempre.

Y quiero decirle a nuestra gente que es el momento de estar más unidos que nunca, de alzar nuestras voces en todo el país para unirnos en un grito unívoco en defensa de la democracia.

CABA

Mano dura como bandera: Jorge Macri suma 600 policías y se burla de sus críticos

El jefe de Gobierno porteño llevó a más de 28.000 la dotación de la Policía de la Ciudad y usó el acto para ironizar contra quienes cuestionaron el operativo Tormenta Negra, denunciado por el CELS por violencia policial y detenciones arbitrarias en los barrios populares.

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Jorge Macri sumó 600 policías y le mandó "un saludo" a quienes denunciaron el operativo Tormenta Negra y los abusos policiales.

Frente a 600 nuevos policías formados en el Patio de Armas, Jorge Macri no se limitó a dar la bienvenida a la tropa. Eligió responder, con sorna, a los organismos de derechos humanos y a los sectores de la oposición que denunciaron los megaoperativos en las villas porteñas: «Hace unos meses, cuando se hizo el operativo Tormenta Negra en las villas, algunos pusieron el grito en el cielo. Nos acusaron de hacer operativos ‘fachos’ y estigmatizantes. Quiero mandarles un saludo para ellos: entre 2023 y 2026, los homicidios en las villas bajaron 70%. Salvamos 7 de cada 10 vidas que en 2023 se perdían. Sin ley y orden no hay progreso ni libertad».

El jefe de Gobierno porteño encabezó este martes el acto de incorporación de los nuevos efectivos en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP). Los agentes egresaron de los cursos NICE (Nuevos Ingresos con Experiencia), un programa de la Policía de la Ciudad destinado a sumar personal que ya trabajó en otras fuerzas federales o provinciales, con una capacitación de 240 horas cátedra en formación técnica, legal y táctica, más entrenamiento físico. Lo acompañaron el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro; el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia; el secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano, Francisco Quintana; el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló, y el fiscal general de la Ciudad, Martín López Zabaleta.

Las cifras que exhibe la gestión

Con esta camada, la Policía de la Ciudad superó los 28.000 efectivos. Según el Gobierno porteño, desde diciembre de 2023 se incorporaron 6.803 nuevos policías: 4.260 formados como cadetes en el ISSP y 2.543 llegados a través del programa NICE. Es decir, más de un tercio de los ingresos de la gestión llegó por la vía de la formación abreviada para agentes que provienen de otras fuerzas.

La administración porteña sostiene que la tasa de homicidios se ubicó en 2,5 casos cada 100.000 habitantes, la más baja de su serie histórica, y atribuye ese resultado a la incorporación constante de personal. Sin embargo, el comunicado oficial no detalló la metodología ni la fuente del cálculo sobre la caída del 70% en las villas que Macri esgrimió en su discurso.

Hay, además, una inconsistencia en el argumento del jefe de Gobierno. El período que Macri usó para responder a sus críticos arranca en 2023, mucho antes del primer operativo Tormenta Negra, desplegado en mayo de 2026. La baja que invoca, por lo tanto, no puede atribuirse a esos megaoperativos que eligió defender con ironía.

Tormenta Negra y las denuncias que Macri prefiere ridiculizar

El primer operativo Tormenta Negra se realizó el 14 de mayo, con más de 1.500 efectivos desplegados en simultáneo en 15 barrios populares, entre ellos la Villa 31, Zavaleta y Ciudad Oculta, con helicópteros y un vehículo blindado. Los balances oficiales difundidos entonces hablaron de entre 20 y 27 detenidos y cuatro búnkeres cerrados. En septiembre, la Ciudad repitió la misma modalidad en una segunda edición.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó un documento sobre esa segunda edición, titulado «Una tormenta negra contra nuestrxs pibxs», en el que afirmó haber registrado episodios de violencia policial, detenciones arbitrarias y el retiro de pertenencias y herramientas de trabajo de vecinos y vecinas. Ya tras el primer despliegue, la coordinadora del equipo de Violencia Institucional del organismo, Victoria Darraidou, advirtió que «este tipo de intervenciones policiales identifican como enemigo a las personas que viven en las villas».

La discusión también llegó a la Legislatura porteña, donde legisladores presentaron un proyecto para que la Auditoría General de la Ciudad revise el operativo de mayo: los recursos utilizados, las inspecciones, los decomisos, el retiro de vehículos, las derivaciones de personas en situación de calle y los procedimientos policiales. La legisladora Vanina Biasi cuestionó que el despliegue golpeara a comerciantes y vecinos de los sectores más vulnerables bajo el argumento de combatir el delito.

Desde adentro de los barrios, el periodista y comunicador popular de la Villa 21-24 Nelson Santacruz describió en el programa de streaming Ronda de Investigación un hostigamiento que no se detiene: «Para nosotros la tormenta nunca terminó, el operativo Tormenta Negra, porque desde la primera vez a la fecha viene sucediendo todo el tiempo». Lo que el jefe de Gobierno presenta como un éxito, en los pasillos se vive como una presencia policial permanente y sin rendición de cuentas.

Trapitos, manteros y «pseudo progres»: el discurso del enemigo interno

El tono del acto confirmó una estrategia que Macri viene sosteniendo desde hace meses. «Durante años les dedicaron tiempo, recursos y teorías a entender al delincuente. Lo romantizaron tanto que algunos pseudo progres parecen haberse enamorado de la delincuencia. En nuestra gestión, eso se terminó», afirmó, antes de agrupar en una misma enumeración a usurpadores, trapitos, manteros y a quienes agreden a policías: «Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada».

También dividió a la sociedad en dos bandos: «Un Estado tiene que saber de qué lado está. Hay dos maneras de entender la Ciudad. Están los que siempre encuentran una excusa para el delincuente y terminan desamparando a la gente de bien. Y estamos los que creemos que la primera obligación del Estado es estar del lado del que trabaja, estudia, cumple las reglas y quiere vivir en paz». En ese esquema, quien denuncia abusos policiales queda automáticamente del lado del delito, y el trabajador informal que vende en la vereda pasa a compartir lista con el violento.

No es la primera vez que una ceremonia policial se convierte en tribuna política. En junio, ante 650 nuevos efectivos en el mismo instituto, Macri apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof: «Si del otro lado de la General Paz reina el caos y el desorden, nosotros vamos a ser un muro contra la barbarie y el desgobierno de Kicillof». Con la mira puesta en 2027, la seguridad se consolida como el eje de campaña de un PRO que compite con La Libertad Avanza por el mismo electorado de mano dura.

El jefe de Gobierno cerró con una definición de identidad: «Defender a la Ciudad es defender la convicción de que se puede vivir mejor. Que el progreso no es una mala palabra. Que el esfuerzo vale. Que las reglas importan». Queda pendiente que esas mismas reglas alcancen a los procedimientos que el CELS documentó y que la Legislatura pidió auditar, porque la ley también rige para quienes visten uniforme.

Lo que tenés que saber:

  • La Ciudad incorporó 600 policías provenientes del programa NICE y la fuerza superó los 28.000 efectivos.
  • Desde diciembre de 2023 ingresaron 6.803 agentes; 2.543 llegaron por la vía NICE, con formación de 240 horas cátedra.
  • Macri ironizó contra los críticos del operativo Tormenta Negra y atribuyó a su gestión una caída del 70% en los homicidios en las villas entre 2023 y 2026.
  • El CELS denunció violencia policial, detenciones arbitrarias y retiro de herramientas de trabajo durante la segunda edición del operativo.
  • Legisladores porteños pidieron que la Auditoría General de la Ciudad revise el despliegue realizado en mayo.
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