Política 📢
Aníbal Fernández desembarcó en Diputados para defender sus políticas contra el narcotráfico
El ministro de Seguridad de la Nación brindó un informe de gestión ante la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja, que preside el diputado Ramiro Gutiérrez (FdT). También respondió preguntas de los diputados.
El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, expuso esta tarde en la Comisión de Seguridad Interior de Diputados. Durante su presentación, que duró casi cinco horas, defendió las políticas que está llevando a cabo en su cartera desde que asumió, el 20 de septiembre de 2021, y se explayó sobre la problemática del narcotráfico, especialmente en la situación de la ciudad de Rosario.
Al comienzo, el ministro de Seguridad dio detalles de la inversión de su cartera durante el año pasado. “De los 17.631 millones de pesos invertidos, 8 mil millones fueron para Santa Fe”, dijo. Asimismo, detalló en ese mismo año hubo 22.296 procedimientos por narcotráfico con 20.907 detenidos, lo que significó un aumento del 36% en relación al 2021.
En el informe que presentó ante los legisladores, Fernández hizo hincapié en que después de veinte años, Argentina salió de la lista de países productores de precursores químicos que se desvían hacia la fabricación de drogas ilícitas, habiendo realizado más de 1100 inspecciones a operadores en todo el país. En relación al contrabando, se realizaron 17083 procedimientos, con 15254 personas detenidas.
Al ahondar en esta temática, el ministro destacó que, en el 2022, hubo un aumento de 309% de incautaciones de cocaína, lo que significa un total de 1697 kilos. «Fue una tarea muy fina que llevó a la práctica la Policía Federal. Se detuvo en Rosario específicamente a la banda dispuesta a transferir esta cantidad de kilos», señaló.
Luego, mencionó el Plan Federal de Ciberdelitos, el cual incluye equipamiento y capacitación para policías y fiscales de todo el país, habiendo realizado 2582 procedimientos relacionados a ciberseguridad.
Al momento de las preguntas, el diputado Juan Martín, de la UCR, le preguntó si para el presidente Alberto Fernández y para la vicepresidenta Cristina Fernández “es prioridad la seguridad de la provincia de Santa Fe”, al criticar la arbitrariedad en la distribución de partidas. También, cuestionó los números “que no cierran” en referencia a la cantidad de efectivos enviados por el gobierno nacional.
Cristian Ritondo, del PRO, le consultó a Fernández cuál es el impacto del despliegue territorial en Rosario. En otro orden, instó al funcionario a pedir a los legisladores “si necesita alguna ley de la Cámara de Diputados para modificar y utilizar más elementos para la batalla contra el narcotráfico”. En esa línea, subrayó que “el narcotráfico está en expansión” y solicitó saber qué están haciendo para controlarlo en la provincia de Buenos Aires.
Como respuesta, Fernández le pidió al Congreso que “colabore” con la sanción de la ley de lavado de activos. “¿Podrían darnos una mano y sacar la ley de lavado? Esa es una forma de colaborar, es más fácil cuando se impacta sobre los fondos que cuando se impacta sobre el producto”, reclamó.
Además, especificó que “el plan Rosario es un profundo trabajo superficial, por un lado, pero también es por abajo, porque la inteligencia criminal no podemos detenerla un solo segundo y por supuesto no voy a hablar de ella”. Según sus datos, el año pasado hubo 2077 detenidos en 2011 procedimientos.
El ministro añadió que actualmente hay 4093 efectivos en Rosario, correspondientes a las cuatro fuerzas de seguridad. “En todo Santa Fe hay 5834 efectivos, es decir el seguimiento que estamos haciendo es importante, porque es la única forma de optimizar nuestros recursos humanos”, dijo.
Posteriormente, continuaron las preguntas y alocuciones de los diputados. El diputado Nicolás del Caño, del bloque PTS-FIT Unidad, consultó acerca del envío del Ejercito a Rosario, la connivencia policial, judicial y política y el manejo de los puertos. “En septiembre de 2022 se encontraron 1300 kilos de cocaína en la Terminal Puerto Rosario, que es propiedad de Vicentin, y no pasó nada con esto. ¿Por qué los puertos siguen siendo privados y no se nacionalizan? Esas empresas tienen el poder de que entre y salga cualquier cosa del país”, cuestionó.
Sobre el tema puertos, Fernández respondió: “Nosotros queremos meternos hasta el hueso, es una de las tantas cosas que nuestros investigadores sostienen que es el camino del estupefaciente y queremos meternos mucho más”.
Legislativo
Otro escándalo en el Gobierno: extienden el plazo para declarar bienes de funcionarios
La Oficina Anticorrupción extendió dos meses el plazo para la presentación de declaraciones juradas de funcionarios públicos. La medida se conoce en medio de denuncias por presunto enriquecimiento y bienes no declarados que involucran al jefe de Gabinete.
Lo que tenés que saber:
- La Oficina Anticorrupción prorrogó el plazo de las declaraciones juradas
- El vencimiento pasó de mayo a julio
- La decisión se oficializó mediante resolución publicada en el Boletín Oficial
- La medida coincide con denuncias sobre el patrimonio de un alto funcionario
- El Gobierno sostiene que el cambio busca ordenar el cronograma fiscal
Prórroga de declaraciones juradas en la administración pública
La Oficina Anticorrupción dispuso la extensión del plazo para la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos. El vencimiento, que estaba fijado para fines de mayo, fue trasladado al 31 de julio.
La medida quedó establecida mediante una resolución oficial publicada en el Boletín Oficial.
Motivos administrativos del cambio de fecha
Según el organismo, la decisión responde a la necesidad de adecuar los plazos a los vencimientos fiscales establecidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que se ubican en la primera quincena de junio.
El objetivo declarado es permitir una mejor integración de la información patrimonial antes de la presentación final.
Qué incluye la declaración jurada
Las declaraciones juradas patrimoniales deben ser presentadas por los funcionarios en tres momentos: al inicio de su función, de manera anual y al finalizar el cargo.
El sistema busca registrar la evolución del patrimonio de quienes ocupan cargos públicos.
Contexto político y denuncias en curso
La decisión se conoce en medio de denuncias vinculadas al patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito y bienes no declarados.
En paralelo, una causa vinculada a un viaje oficial fue archivada por la Justicia al no encontrar irregularidades ni gastos adicionales para el Estado.
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