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Grabois: «rechazo total» al DNU y la ley ómnibus por ser «medidas antinacionales»

El dirigente consideró una «trampa andar negociando artículo por artículo» la iniciativa, al exhortar al presidente Javier Milei a mandar «un proyecto por cada tema, como corresponde».

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El referente del Frente Patria Grande Juan Grabois pidió este miércoles el «rechazo total» del DNU y la ley ómnibus enviados por el Gobierno al Congreso por tratarse de «medidas antinacionales y antipopulares» y consideró una «trampa andar negociando artículo por artículo» la iniciativa, al exhortar al presidente Javier Milei a mandar «un proyecto por cada tema, como corresponde».

El dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) presentó un análisis «artículo por artículo» de las medidas del Gobierno «realizados por los equipos técnicos y legislativos» de la organización política que lidera, Argentina Humana, indicó en su cuenta en la red social X.

«Es una trampa andar negociando artículo por artículo como en un mercado persa cuando asistimos a una estrategia integral de desguace nacional, destrucción ambiental, confiscación de los ingresos y expropiación de los derechos de todos y todas, al servicio de un puñado de corporaciones y el 1% más rico de la sociedad», criticó.

Consideró que el «rechazo a estas medidas antinacionales y antipopulares (DNU y Mega Ley) debe ser total» y destacó que los diputados del Frente Patria Grande que integran Unión por la Patria (UxP), Itai Hagnan y Natalia Zaracho, «vienen impulsando» esa acción «junto a tantos otros» legisladores.

Además, criticó que si Milei «quiere que se aprueben sus proyectos de ley» debe mandar «un proyecto por cada tema como corresponde».

Y advirtió que «no se pueden aceptar ni decretazos monárquicos ni leyes-ensalada, redactados en los bufetes legales de las grandes corporaciones coordinados por un criminal como (el asesor presidencial, Federico) Sturzenegger», a quien responsabilizó de llevar a Argentina «a otro 2001».

Sobre el DNU y el proyecto de ley remarcó la importancia de «comprender cada parte» como así también de «comprender el todo» y señaló que existen «artículos que son más perjudiciales que otros, desde la visión de cada sector».

En cuanto a los barrios populares, tildó de «cinismo atroz» la propuesta de retirar «todo el financiamiento para obras de integración socio-urbana proveniente del aporte específico del Impuesto País» y su reemplazo con la «recaudación de las multas contra organizaciones sociales por protestas callejeras».

«Otros artículos perjudican a trabajadores de la economía popular, asalariados del sector privado, empleados públicos, jubilados, clubes deportivos, provincias mineras, vitivinícolas, ganaderas o petroleras, usuarios de prepagas, padres de niños que asisten a escuelas privadas, pescadores, campesinos, pueblos originarios, empresarios PyME, farmacéuticos, artistas, bibliotecarios, etc», enumeró.

Alertó que «otros atentan en general contra la independencia económica, mediante la habilitación de endeudamiento permanente y arbitrario; la seguridad nacional, con la atribución presidencial de permitir el ingreso de tropas; el orden republicano, con la delegación masiva de facultades; el ecosistema, con la desprotección de bosques, humedales, glaciares; etc».

Elecciones

Colombia: De la Espriella se adjudicó una ajustada victoria, pero el resultado sigue abierto por impugnaciones

La diferencia entre ambos candidatos es inferior al 1%. El oficialismo cuestionó decenas de miles de mesas y las autoridades electorales insistieron en que el preconteo no define al ganador.

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La elección presidencial de Colombia quedó envuelta en la incertidumbre tras una segunda vuelta extremadamente ajustada entre el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella y el postulante del oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Según los datos preliminares del preconteo difundidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil, De la Espriella obtenía 12,8 millones de votos, equivalentes al 49,7% de los sufragios, mientras que Cepeda reunía cerca de 12,6 millones de apoyos, con el 48,6%. La diferencia entre ambos candidatos se ubicaba por debajo de un punto porcentual.

Sin embargo, las autoridades electorales y el propio gobierno colombiano pidieron cautela frente a los resultados difundidos durante la noche electoral, ya que el preconteo tiene únicamente carácter informativo y carece de validez legal para definir una elección.

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, remarcó que será necesario aguardar el escrutinio oficial para conocer los resultados verificados. Ese procedimiento contempla la revisión de actas, el análisis de reclamos, la corrección de eventuales errores y, en algunos casos, el recuento de votos.

La tensión política aumentó luego de que el comando de campaña de Cepeda anunciara la impugnación de unas 33.000 mesas de votación en todo el país. Desde el oficialismo sostuvieron que miles de fiscales, abogados y apoderados electorales ya comenzaron a presentar los recursos correspondientes.

“El preconteo lo reconocemos como un dato que aún no es oficial ni vinculante”, afirmó Cepeda al dirigirse a sus seguidores, al tiempo que insistió en la necesidad de esperar el resultado definitivo del escrutinio.

En la misma línea se expresó el presidente Gustavo Petro, quien evitó reconocer un ganador y llamó a respetar los tiempos institucionales del proceso electoral. El mandatario recordó que el escrutinio es el único mecanismo legal para establecer quién resulta electo.

Pese a ello, De la Espriella se proclamó vencedor y presidente electo durante un discurso brindado ante sus simpatizantes. Además, aseguró haber mantenido una conversación telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump, quien, según afirmó, le expresó su respaldo y reconocimiento.

La situación mantiene en vilo a Colombia debido a la estrechísima diferencia entre ambos candidatos. En antecedentes recientes de la región, procesos de escrutinio posteriores al conteo preliminar modificaron tendencias observadas durante la noche electoral, especialmente en elecciones definidas por márgenes muy reducidos.

Mientras avanza la revisión de las actas y las impugnaciones presentadas, el país permanece a la espera de la confirmación oficial sobre quién asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto para gobernar durante el período 2026-2030.

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