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Presidencia

Milei Presidente: un mes de ajuste brutal

El presidente libertario prometió que la crisis la pagaría la «casta», pero las medidas de reformas estructurales, el polémico Mega DNU, el proyecto de ley ómnibus, la desregulación total de la economía y la devaluación afectan a las clases medias y bajas, y pulverizan rápidamente los salarios.

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El-Argentino-Javier Milei.

Por Gabriel Tuñez

El presidente Javier Milei cumplirá este miércoles un mes al frente del Gobierno nacional, lapso en el que, entre otras medidas impulsó por medio de un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) y un voluminoso proyecto de ley una reforma estructural del Estado que incluyó derogaciones y modificaciones de normas económicas, políticas, laborales, tributarias y penales, y llevó adelante una fuerte devaluación del peso frente al dólar, cuyos efectos repercutieron en un alza de los precios de los productos de consumo básico de la población.

«Comienza una nueva era en la Argentina», expresó Milei el pasado 10 de diciembre al pronunciar su primer discurso como Presidente tras la ceremonia de asunción, en la que recibió los atributos de jefe de Estado de manos del saliente mandatario Alberto Fernández y de la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el recinto del Congreso Nacional y ante la Asamblea Legislativa.

La toma de posesión del mando por parte de Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel solo cumplió con la formalidad del protocolo, porque el Presidente planteó aquel día los objetivos de su Gobierno por medio de un mensaje que durante 35 minutos leyó al aire libre, parado sobre las escalinatas del Congreso, acompañado por su gabinete, invitados internacionales y de cara a miles de personas que agitaron banderas argentinas inclusive pese al panorama sombrío que expuso a raíz, sostuvo, de la herencia recibida en el Gobierno.

Milei dijo al asumir que a partir de ese momento daba por terminada «una larga y triste historia de decadencia y declive» en el país, aunque para lograrlo, subrayó, no había «alternativa posible» que aplicar medidas de «ajuste» y «shock» que iban a impactar «de modo negativo sobre el nivel de actividad económica, el empleo, los salarios reales y la cantidad de pobres e indigentes», que según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) componen el 44,7% y el 9,6% de la población del país. «Nos han dejado plantada una hiperinflación. Vamos a luchar con uñas y dientes para erradicarla», explicó.

Si bien en el corto plazo la situación económica y social iba a «empeorar», Milei aseguró que los «frutos del esfuerzo» de la sociedad iban a verse reflejados sobre las bases de un «crecimiento sólido y sostenible en el tiempo».

En su primera semana al frente del país, Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo -cuya designación recién hizo oficial pocos días antes de la asunción, tras su paso como funcionario durante la presidencia de Mauricio Macri-, aplicaron una devaluación del 120% de la moneda nacional frente a la cotización oficial del dólar estadounidense, que trepó hasta los 800 pesos.

La medida redujo del 170 al 30% la brecha cambiaria con otras cotizaciones del dólar, pero derivó en un fuerte aumento de precios, principalmente de los productos de primera necesidad de la población.

El 20 de diciembre pasado, solo diez días después de llegar a la Casa Rosada, Milei hizo público, por medio de una mensaje transmitido por cadena nacional, en el que estuvo acompañado por su gabinete, los alcances del DNU 70/2023 por medio del cual, sin discusión parlamentaria, derogó una serie de leyes, puso fin a distintas regulaciones en materia económica y financiera, habilitó la privatización de empresas públicas y dispuso, entre más de 360 medidas, una reforma laboral y en el sistema de salud.

Ese DNU, fue observado por distintos fallos judiciales que aceptaron diversos planteos hechos por distintos sectores, entre ellos la CGT, que se manifestó frente a los Tribunales y anunció una huelga para el próximo 24 de enero.

Una semanas después de firmar el DNU 70/2023, el jefe de Estado envió a la Cámara de Diputados el proyecto de «Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos», una iniciativa que le plantea al Congreso declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025, con la posibilidad de prorrogar por otros dos años esas atribuciones.

El texto incluye más de 600 artículos, contiene algunas medidas ya contempladas en el DNU, pero también incorpora, por ejemplo, modificaciones en materia electoral, entre ellas la derogación de las PASO y cambios en la composición de la Cámara de Diputados; y penales, como la aplicación de penas de prisión para quien impidiera, por medio de protestas y cortes de caminos y rutas, el transporte y otros servicios públicos.

Tanto el DNU como la llamada «ley ómnibus» -entre ambos contemplan casi un millar de artículos- se encuentran bajo estudio del Congreso Nacional.

Milei le exigió a los legisladores celeridad para el tratamiento de ambas iniciativas, que son clave, dijo, para el avance de las reformas que propone. «No negociamos nada, aunque sí aceptamos sugerencias», advirtió el jefe de Estado a los legisladores, tanto de la oposición como de los bloques aliados, entre ellos algunos sectores de Juntos por el Cambio (JxC) que están representados en el gabinete nacional por ministros como Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa) y el propio Caputo en Economía, producto del acuerdo político que Milei selló antes del balotaje con el expresidente Macri.

Junto a las reformas incluidas en el DNU y la «ley ómnibus», Milei dispuso la no renovación de unos 7.000 contratos de trabajadores estatales firmados durante 2023 y también acompañó la puesta en vigencia del «protocolo para el mantenimiento del orden público» promovido por la ministra Bullrich, cuyo objetivo es que las fuerzas de seguridad impidan que manifestantes ocupen la vía pública durante movilizaciones de protestas, una medida que en lo que va del mes se aplicó en dos ocasiones pese a las críticas de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil locales.

En materia de política exterior, el Gobierno nacional desestimó la invitación hecha para que el país se incorporara al bloque de países emergentes que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (Brics), en tanto que dispuso alinear los intereses internacionales argentinos a los de Estados Unidos, Israel, Ucrania y Taiwán, entre otras naciones.

Este jueves, un día después de cumplir un mes al frente del Gobierno, Milei y toda la población conocerán el índice de inflación de diciembre.

El Presidente consideró que si la cifra que informará el Indec ronda el 30% sería «un numerazo» en medio de «un espanto» signado por los constantes aumentos de precios que la Argentina soporta hace años.

En este contexto, el mandatario consideró que habría que «sacarlo a pasear en andas» a ministro Caputo porque ese 30% representaría «un logro fenomenal» debido a que se estimaba un dato, sostuvo, cercano al «45%».

La inflación podría crecer en los próximos meses, según indicaron distintos especialistas, si el Gobierno implementa una modificación en los criterios de segmentación de la tarifa del gas natural, que representaría un fuerte aumento de su valor.

En tanto, el Gobierno de Milei estableció que las tarifas de trenes y colectivos volverán a incrementarse mensualmente de acuerdo con la inflación acumulada, más allá de la decisión de los aumentos adicionales que habrá por la quita de subsidios.

Energía

El gobierno entregó AySA: el grupo de Mauricio Filiberti se quedó con el 90% por sólo US$340 millones

El consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX presentó la propuesta económica más alta y asumirá compromisos de inversión para obras, mantenimiento y operación. La concesión contempla un período inicial de 30 años y todavía resta una instancia administrativa para completar la adjudicación.

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El Argentino Diario-Javier Milei.

El consorcio integrado por Rowing-Arcos-Transclor-PHX presentó la oferta económica más elevada para quedarse con el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

La propuesta alcanzó los US$340,2 millones y superó los US$285 millones ofrecidos por el grupo liderado por Roggio SA.

La concesión contempla la operación de la empresa durante 30 años. AySA presta los servicios de agua potable y saneamiento cloacal en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.

El monto ofertado quedó por debajo de los US$500 millones que pretendía obtener el Ministerio de Economía, informó NA en una serie de artículos.

Qué dijo el Gobierno sobre la situación de AySA

Al confirmar la operación mediante un comunicado, el Gobierno sostuvo que “AySA era un modelo de disfunción administrativa”.

En el mismo parte, señaló: “Entre 2006 y 2023, la empresa recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de USD13.400 millones”.

El Gobierno también indicó: “Sin embargo, un tercio del área concesionada todavía no cuenta con acceso a agua potable y cloacas, las pérdidas de agua no contabilizada se mantienen en 42%, la morosidad pasó del 4% al 16% y los costos operativos aumentaron 80%”.

El plan de inversiones para los próximos años

La información oficial establece compromisos de inversión vinculados con la infraestructura de agua y cloacas.

“ El nuevo contrato de concesión establece para el período 2027-2031 un Plan de Acción por $2,89 billones, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA, que deberá ser ejecutado por el concesionario”, precisó el Gobierno.

El programa contempla aproximadamente:

  • $1,13 billones en obras.
  • $1,15 billones en mantenimiento.
  • $315.761 millones en mejoras.
  • $296.166 millones destinados a la operación.

El esquema también incluye objetivos vinculados con la expansión de la cobertura.

Según la información oficial, las obligaciones están asociadas “a metas concretas de expansión: para 2031 se prevé alcanzar una cobertura del 75,3% en agua y del 63,9% en cloacas, mientras que al finalizar el período inicial de concesión deberán alcanzarse como mínimo niveles del 90% y 75%, respectivamente”.

Cuánto invertirá el consorcio ganador

El grupo adjudicatario manifestó su “satisfacción por haber presentado la mejor oferta como Operador Estratégico de AySA”.

El holding confirmó que “la oferta presentada fue de US$340.200.000, superando casi en un 20% por ciento a la del competidor, y contempla un plan de obras basado en la mejora de la calidad del servicio”.

También ratificó el compromiso contractual de invertir US$1.940 millones durante los primeros cinco años de la concesión.

El consorcio indicó además que prevé una inversión total de US$15.040 millones a lo largo de los 30 años del contrato.

Quiénes integran el consorcio que ganó AySA

El grupo ganador está compuesto por cuatro integrantes: Rowing, Arcos, Transclor y PHX.

Rowing es una empresa argentina dedicada a ingeniería, construcción y servicios industriales, con actividades vinculadas con infraestructura energética, proyectos ferroviarios, telecomunicaciones, obras civiles, arquitectura y saneamiento urbano.

Desde el consorcio señalaron que «Rowing es el mayor prestador de servicios de infraestructura a gran escala en ciudades estrategicas de Argentina desde hace más de 30 años, con más de 3.000 colaboradores y un profundo conocimiento del área de concesión de AySA».

La compañía pertenece al empresario Walter Román, quien conoce lo que es hacer negocios con el Estado y forma parte de una familia con nexos con el oficialismo. En lo particular, aportó con sus empresas $40 millones a la campaña de La Libertad Avanza.

Transclor, empresa vinculada con Mauricio Filiberti, también integra la propuesta. La compañía es señalada como proveedora del policloruro de aluminio utilizado en el proceso de potabilización del agua.

Filiberti también participa junto con José Luis Manzano y Daniel Vila en Edenor, distribuidora eléctrica que tiene a AySA entre sus clientes.

El rol de Arcos y PHX

Otro integrante del consorcio es Arcos Saneamento e Participações S.A., perteneciente al Grupo Equipav, que fue designada como «Operador Técnico».

Según la información del consorcio, Arcos opera servicios de agua y cloacas desde 2010 y presta servicios a más de 39 millones de personas en 15 estados y más de 890 municipios de Brasil, con una estructura de 25 mil colaboradores.

El cuarto integrante es PHX, un fondo de inversión con sede en Países Bajos.

Cuánto representa la oferta por el 100% de AySA

La propuesta de US$340,2 millones corresponde al 90% de las acciones de la compañía.

Tomando ese valor como referencia, el equivalente para el 100% de AySA asciende a aproximadamente US$378 millones.

El 10% restante permanece en manos del sindicato que conduce Omar Lingeri.

Además, quedó establecido que los adjudicatarios asumirán la deuda de AySA por US$70 millones.

Qué falta para completar la adjudicación

Aunque la apertura de los sobres económicos permitió conocer la oferta ganadora, todavía resta una instancia administrativa.

La adjudicación definitiva requiere la revisión final de la Comisión de Evaluación.

El consorcio designó a Arcos Saneamento e Participações S.A., del Grupo Equipav, como «Operador Técnico».

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