La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) confirmó este lunes el fallo de primera instancia que suspendía los artículos 2 y 3 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, promovido por el presidente Javier Milei. La medida representa un nuevo traspié judicial para el Gobierno, que pretendía avanzar en una reforma del derecho a huelga mediante decreto.

Los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, de la Sala IV de la Cámara, ratificaron la resolución de la jueza Moira Fullana, del Juzgado Nacional del Trabajo N.º 3, quien había dado lugar al amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). La central sindical había denunciado que el decreto «atenta contra la libertad sindical», en contradicción con la Constitución Nacional y el Convenio 87 de la OIT.

Argumentos del fallo

El tribunal consideró que los artículos suspendidos del DNU vulneraban el principio de división de poderes. Recordó que el Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones de carácter legislativo, excepto en circunstancias de extrema excepcionalidad que imposibiliten el tratamiento legislativo ordinario.

«El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo«, citó el fallo, retomando el artículo 99 inciso 3 de la Constitución. Y agregó que la Corte Suprema ha sostenido de forma reiterada la interpretación restrictiva de esta facultad.

Los jueces concluyeron que la reforma del derecho a huelga no puede realizarse mediante un DNU, sino que requiere una ley del Congreso, como órgano legítimo para establecer reglas sobre derechos laborales fundamentales.

Qué decían los artículos suspendidos

• Artículo 2: declaraba servicio esencial a la navegación marítima y fluvial en el transporte de personas, mercancías, carga y operaciones costa afuera. Esta clasificación exigía mayores restricciones al derecho de huelga en esos sectores.
• Artículo 3: establecía que los servicios esenciales debían garantizar un 75% de funcionamiento durante cualquier medida de fuerza, y en los casos de “actividades de importancia trascendental”, al menos un 50%.

La justicia consideró que estas disposiciones excedían lo previsto en la Ley de Asociaciones Sindicales y afectaban el derecho de huelga en sectores donde no correspondía aplicar tales limitaciones sin discusión legislativa.

Repercusiones

El fallo representa una victoria para la CGT, que viene denunciando una ofensiva del Gobierno contra los derechos laborales. También se suma a otros frenos judiciales que ha tenido el oficialismo con los DNU y la Ley Bases, cuestionados por ir más allá de lo permitido por la Constitución en materia legislativa.