Chubut
Bullrich atacó otra vez al pueblo mapuche
El gobierno argentino avanza en conversaciones con jueces para efectivizar desalojos de tierras ocupadas ilegalmente.
El 9 de enero de 2025, el gobierno argentino concretó el desalojo de una comunidad mapuche en el Parque Nacional Los Alerces, ubicado en la provincia de Chubut. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó la acción como «una recuperación para toda la sociedad argentina de un territorio tomado» y advirtió que «el que usurpa pierde derechos», en una clara postura contra las ocupaciones ilegales de tierras. Este desalojo ha generado un fuerte debate sobre la situación de las comunidades mapuches y el acceso a la tierra.
Las Declaraciones de Patricia Bullrich
En sus declaraciones a la prensa, Bullrich aclaró que la Constitución Nacional establece la posibilidad de que las comunidades indígenas accedan a tierras, pero siempre dentro del marco de la ley ya través de «negociación», no mediante la usurpación ni con violencia. «La Constitución Nacional contempla la posibilidad de acceso a la tierra (por estas comunidades), pero no usurpando y no ejerciendo violencia», señaló.
La funcionaria subrayó que aquellos que recurrieron a la usurpación perderán el derecho a acceder a tierras. Utilizó una analogía con el corte de calles, una táctica de protesta común entre movimientos sociales, para reforzar su argumento: «El que usurpa pierde su derecho a tener tierras, así como dijimos el que corta una calle no cobra».
Bullrich también destacó la diferencia entre la negociación legítima de tierras y la violencia de las ocupaciones. Aseguró que, mientras que negociar es un derecho, las acciones violentas como incendiar, cerrar caminos o cobrar pesos no pueden ser tolerados. “Una cosa es negociar un principio que está en nuestra Constitución Nacional, y otra es esta situación en la que avanzaban con violencia, usurpando, incendiando, cerrando caminos, cobrando pesos”, expresó.
Contexto de los Desalojos
El desalojo de la comunidad mapuche Lof Paillako, que ocupaba tierras en el Parque Nacional Los Alerces desde 2020, se enmarca dentro de una serie de conflictos por la tenencia de tierras en el sur de Argentina. Bullrich recordó que este tipo de ocupaciones ha sido combatido por el gobierno desde 2016, cuando se desarticuló la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Sin embargo, indicó que persisten comunidades que, en lugar de buscar acuerdos, recurren a la usurpación y otras tácticas ilegales.
“Desde 2016, cuando teníamos a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) que se desarticuló, pero quedaron comunidades que en vez de una búsqueda de acuerdos usurpan, cobran gravámenes, cierran caminos y hasta se instalan en zonas peligrosas”, recordó Bullrich.
Avances del Gobierno en la Recuperación de Tierras
El gobierno nacional continúa trabajando en la recuperación de tierras ocupadas ilegalmente y la efectivización de desalojos. Bullrich mencionó que las conversaciones con los jueces que entienden en las causas de desalojo están en curso, y que se busca llevar adelante las acciones necesarias para recuperar tierras «robadas». Además, cualquier negociación sobre tierras se realizará exclusivamente a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), lo que garantiza que las decisiones sigan el proceso legal establecido.
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Chubut
Quedó sola en el fondo del mar: imputaron al instructor de buceo por la muerte de Sofía Devries
La Justicia de Chubut formalizó este lunes la imputación contra Thiago Nahuel Pocovi, el instructor de la empresa Freediving Patagonia que guiaba la inmersión en la que murió Sofía Devries, de 23 años, en febrero pasado en Puerto Madryn. La Fiscalía sostiene que continuó la actividad pese a condiciones de visibilidad extremadamente reducidas y que la joven quedó sin supervisión directa en el fondo del mar.
La causa por la muerte de Sofía Devries, la joven de 23 años que falleció el 16 de febrero durante una salida de buceo de aguas profundas en Puerto Madryn, dio un giro decisivo a casi cinco meses del hecho. El Ministerio Público Fiscal de Chubut imputó por el delito de homicidio culposo a Thiago Nahuel Pocovi (26), el instructor de la empresa Freediving Patagonia que estaba a cargo de la embarcación autorizada desde la que se realizó la inmersión.
La audiencia de apertura de la investigación comenzó a las 10:30 y fue presidida por la jueza penal Marcela Alejandra Pérez Bogado. El imputado participó de manera virtual, ya que está radicado en la Ciudad de Buenos Aires, hizo uso de su derecho a no declarar y su defensa, a cargo del abogado Adrián Peroy, no se opuso al pedido de apertura formal de la investigación.
La hipótesis fiscal: una inmersión que nunca debió continuar
La imputación presentada por el fiscal jefe Alex Williams y el funcionario Juan Pablo Santos sostiene que la actuación del instructor fue contraria a los protocolos y normas de seguridad que regulan la actividad de los instructores de buceo. Conforme a la investigación formal, Pocovi, en su carácter de instructor certificado por la Asociación Profesional de Instructores de Buceo (PADI), conducía un grupo de siete buceadores hacia el parque subacuático del ex buque Hu Shun Yu, el pesquero hundido de manera programada que funciona como arrecife artificial en la zona de Punta Cuevas, en aguas del Golfo Nuevo.
Según la hipótesis fiscal, al iniciar la inmersión las condiciones de visibilidad eran extremadamente reducidas, circunstancia que impedía ejercer una supervisión directa sobre todo el grupo. Pese a ello, la inmersión continuó, destaca el escrito del Ministerio Público Fiscal.
En ese contexto, Devries y su pareja, ambos de la provincia de Buenos Aires, quedaron sin supervisión directa al llegar al fondo. Allí la víctima comenzó a manifestar signos de malestar, se retiró el regulador y, durante el intento de asistencia por parte de su compañero, quedó sin suministro de aire y falleció por ahogamiento.
La autopsia confirmó que no hubo intervención de terceros y que la joven murió por asfixia por sumersión. Su cuerpo fue encontrado días después, tras intensos operativos de búsqueda de la Prefectura Naval Argentina en la zona de Punta Cuevas.
Una certificación básica para una salida de aguas profundas
Sofía Devries era oriunda de la localidad bonaerense de Moreno, estudiaba Comunicación y Administración y creaba contenido en redes sociales sobre viajes y estilo de vida. Había viajado a Puerto Madryn junto a su pareja durante el fin de semana largo de carnaval para certificar un curso internacional de buceo. Según fuentes de la Fiscalía de Puerto Madryn citadas por ADNSUR, el grupo había realizado apenas el día anterior el curso Open Water, una certificación básica que habilita descensos de hasta 18 metros, un dato que expone la distancia entre la experiencia real de los buceadores y las condiciones de la salida en la que la joven perdió la vida.
La figura de homicidio culposo, prevista en el artículo 84 del Código Penal, alcanza a quien causa la muerte de otra persona por imprudencia, negligencia, impericia o por no observar los deberes de cuidado a su cargo. La calificación es provisoria y podrá ajustarse a medida que avance la investigación.
Lo que viene: peritajes y protocolos bajo la lupa
Con la apertura formal de la investigación penal preparatoria, la Fiscalía profundizará la recolección de pruebas con miras a una eventual acusación y posterior juicio oral. En los próximos meses se prevén nuevas declaraciones testimoniales, peritajes técnicos sobre las condiciones de la inmersión y el análisis de los protocolos internos de la empresa organizadora. La Fiscalía ya solicitó los manuales de PADI y las normativas de la Prefectura Naval para cotejar la actuación del instructor con los estándares que rigen la actividad.
El caso, que conmocionó a la comunidad de Puerto Madryn y al ámbito del buceo deportivo, vuelve a poner en discusión los controles estatales sobre las actividades turísticas de riesgo: quién verifica que las salidas comerciales respeten los niveles de certificación de los clientes, en qué condiciones se autoriza una inmersión y qué responsabilidad les cabe a las empresas que lucran con estas prácticas cuando la seguridad queda subordinada al negocio.
Puntos clave
- Thiago Nahuel Pocovi, instructor de Freediving Patagonia, fue imputado por homicidio culposo por la muerte de Sofía Devries.
- La audiencia fue presidida por la jueza Marcela Alejandra Pérez Bogado; el imputado participó de forma virtual y no declaró.
- La Fiscalía sostiene que la inmersión continuó pese a una visibilidad extremadamente reducida y que la víctima quedó sin supervisión directa en el fondo.
- La autopsia determinó asfixia por sumersión, sin intervención de terceros; el cuerpo fue hallado días después por la Prefectura Naval.
- Se abre la etapa de investigación penal preparatoria, con peritajes técnicos y análisis de los protocolos de seguridad de la empresa.
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