La Justicia secuestró US$2.601.354 en efectivo a Facundo Leal, más de US$900.000 por encima del perjuicio que el fallo le atribuye a ARSAT por las contrataciones con una sola empresa. Esa diferencia es el eje de una nueva causa por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que se suma al expediente por coimas y a la causa por drogas, y entre las pruebas figuran chats, testigos y dos valijas que viajaron de Palermo a Mendoza.

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó a Facundo Leal, extitular de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT) durante las gestiones de Alberto Fernández y Javier Milei, por negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo. Leal, Gerardo Boschin y Pablo Pagani fueron embargados por $3.000 millones cada uno, y la escala penal conjunta va de 2 a 12 años de prisión. La causa la investiga el fiscal federal Fernando Domínguez. Se trata de un procesamiento y no de una condena, y la defensa ya lo apeló.

Junto a Leal, el juez procesó a otros cuatro exfuncionarios de ARSAT: Boschin, extitular de las gerencias de Compras y Contrataciones y luego de Administración y Finanzas; Pagani, exsubgerente de Servicios Corporativos y Logística; Juan Andrés Navarro y Juan Antonio Álvarez, a quienes no les atribuyó cohecho porque no se probó que hayan recibido dinero personalmente. Del lado privado fueron procesados por cohecho activo los directivos de Argentina Logistic Services (ALS) Fernando Paredes, Diego Padilla y Gastón Padilla, la empleada Sofía Varela Vizgarra y el empresario Santiago Pando. La firma ALS también quedó procesada como persona jurídica.

Un robo de contenedores y un esquema de contrataciones directas

La causa empezó con una denuncia por robo: en enero de 2024, personal de ARSAT descubrió que habían saqueado 15 contenedores de la empresa guardados en el depósito de ALS en San Fernando, con un perjuicio de US$151.126 y casi $5 millones. De ahí la investigación siguió el vínculo entre la empresa estatal y su proveedor.

Según el fallo, entre noviembre de 2020 y diciembre de 2024 ARSAT emitió 16 órdenes de compra a favor de ALS. Las órdenes se hicieron por contratación directa, sin la aprobación del directorio que exigían los montos y pese a dos objeciones expresas del área legal. ARSAT informó que pagó a ALS US$1.695.667 y $32,2 millones, y el juez tomó todo ese monto como perjuicio para el Estado.

El negocio más rentable fue el alquiler del depósito, contratado en 2021 por US$766.099 anuales y renovado después. El magistrado concluyó que la competencia de precios fue simulada: una empleada de ALS creó el correo electrónico de un supuesto competidor, Tradelog, y como tercer oferente se usó la dirección de una empresa vinculada a los hermanos Padilla. Además, ALS ya había alquilado el predio en mayo de 2021, antes de que ARSAT invitara a cotizar.

Qué dicen los chats que citó el juez

Mirabelli se apoyó en mensajes de 2021 y 2024, entre ellos los extraídos del celular de Leal. El 19 de octubre de 2021, mientras se definían las condiciones del contrato, Pando le escribió a Diego Padilla: “Ahí le dijo Facundo a Gerardo que ponga más cosas en el contrato. Le dijo de los viajes de vuelta, vacíos, grúas, y que vean más cosas”. A continuación agregó: “Más carga de las grandes. Que inventes”. Para el juez, ese “Facundo” es Leal, superior de Boschin, y el mensaje muestra cómo se inflaban los precios con servicios ficticios.

Al día siguiente, Boschin le avisó a Padilla sobre el trámite: “Está a la firma de Facu. Ya lo veo con él y te aviso”. Un mes después, Pando le escribió a Padilla: “Me vas a hacer rico con este contrato”. Ya en 2024, Pando reclamó que el negocio “era parte en negro y parte en blanco” y, al hablar de los retornos que pagaba Paredes, escribió: “Imaginate, aparte a Leal le dio tres meses y nunca más”. El juez consideró probado que Leal, Boschin y Pagani aceptaron y cobraron dinero en efectivo, incluso en moneda extranjera.

Otro intercambio es del 21 de noviembre de 2024, cuando la causa ya estaba en marcha. Leal le preguntó a Boschin por ALS, y cuando este mencionó a Padilla, Leal respondió: “Un boludo”, y agregó: “Se fue de boca en la fiscalía. Ojo”. En diciembre le pidió a Boschin que averiguara qué fiscalía tenía “la causa del depósito”.

Santiago Pando Soldati, el intermediario con apellido de jet set

El fallo describe a Santiago Pando Soldati como el intermediario y “amigo” de Leal. Es hijo de Pía Soldati, primo del polista Adolfo Cambiaso y está ligado al holding Sociedad Comercial del Plata. Según la investigación, era quien pagaba los presuntos sobornos y abría puertas gracias a sus contactos. El chofer de Leal y dos asistentes declararon que Pando iba seguido a las oficinas de ARSAT y que con el entonces titular “se trataban como amigos”. Cambiaso no figura entre los procesados.

Según trascendió, Pando violó la prohibición de salir del país que le había impuesto la Justicia y viajó a Miami. Un medio local publicó que, al regresar, las cámaras de seguridad del aeropuerto de Ezeiza lo registraron mientras personal de Migraciones lo escoltaba para evitar que lo detuvieran o le secuestraran el celular. Por ese episodio se abrió una causa por encubrimiento contra el supervisor de Migraciones Diego Spada, quien habría anulado el sistema de alertas judiciales durante un minuto y 43 segundos.

Valijas, dólares y tres frentes judiciales

En un departamento de Leal en Mendoza se secuestraron US$1.787.600. La policía constató que ese mismo día, antes del procedimiento, la novia y la hija de Leal habían salido del edificio con valijas. El chofer declaró que en febrero Leal le entregó dos valijas en su departamento porteño, le dijo que tenían ropa y le pagó unos $700.000 para que las llevara personalmente a Mendoza. Recordó que “pesaban un montón” y, al ver la foto de una de las valijas secuestradas, llena de dólares, la reconoció por una raspadura. Por ese dinero tramita otra causa, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, también en San Isidro.

El tercer frente es el de drogas. En el departamento de Leal en Palermo los investigadores encontraron 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA y 14 gramos de clorhidrato de cocaína. Por esa causa, que tramita el juzgado federal de Daniel Rafecas, Leal cumple arresto domiciliario en esa vivienda, al cuidado de su novia. Según trascendió, el expediente por estupefacientes está cerca de la elevación a juicio oral.

En su indagatoria, Leal no respondió preguntas. En un descargo por escrito negó haber intervenido en la contratación y sostuvo que no hay “una sola constancia”, correo o mensaje que lo vincule con la maniobra, y que “si alguien invocó mi nombre, no es mi asunto”. El juez no le creyó. El abogado defensor de Leal y Boschin, Marcelo Rocchetti, confirmó que los procesamientos y el embargo de $3.000 millones fueron apelados ante el propio juzgado federal N° 2 de San Isidro.

Un funcionario que pasó de gestión en gestión

Leal ocupó los cargos más altos de ARSAT: fue subgerente general y director desde enero de 2020, gerente general desde marzo de 2022 y presidente del directorio desde agosto de ese año. En febrero de 2024, ya bajo el Gobierno de Javier Milei, pasó a ser asesor del área de Compliance, justamente la que debe evitar el fraude y los delitos en las empresas. Luego fue designado al frente del ORSNA, el organismo regulador de aeropuertos, mediante el Decreto 390/2025 del Boletín Oficial.

Esa trayectoria alimenta el interrogante que hoy circula en tribunales. Según trascendió, conviven dos hipótesis: que Leal haya operado como un cuentapropista que aprovechó la falta de cuadros de la nueva gestión, o que el circuito de recaudación haya seguido activo con aval político de un escalón superior. Ninguna de las dos figura como conclusión del fallo, pero la sola pregunta expone que un funcionario con semejante historial siguió ascendiendo mientras corrían los pagos bajo sospecha. La Justicia ya no discute de dónde salieron los dólares, sino a quién respondía quien los tenía.

Lo que tenés que saber

• El juez Lino Mirabelli procesó a Facundo Leal, extitular de ARSAT, por negociaciones incompatibles, administración fraudulenta, incumplimiento de deberes y cohecho pasivo, con embargo de $3.000 millones.
• ARSAT emitió 16 órdenes de compra a ALS entre 2020 y 2024 y le pagó US$1.695.667 y $32,2 millones, sin aprobación del directorio.
• Santiago Pando Soldati, primo del polista Adolfo Cambiaso, fue procesado por cohecho activo como intermediario; Cambiaso no figura entre los procesados.
• Se secuestraron US$2.601.354 en efectivo y hay una causa aparte por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
• La defensa apeló los procesamientos y el embargo; Leal cumple arresto domiciliario por la causa de drogas.