Un ajuste que golpea a las provincias y profundiza la tensión federal

El gobierno de Javier Milei volvió a tensar la relación con las provincias tras los recientes cambios impositivos que, según denunció el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, provocarán una pérdida de ingresos cercana a un billón de pesos para los Estados subnacionales. La advertencia se escuchó en el encuentro de gobernadores realizado en Entre Ríos, donde mandatarios de distintos signos políticos coincidieron en que la Nación “viene disminuyendo la masa coparticipable” y condicionando la autonomía fiscal de las provincias.

El subsecretario de Ingresos Públicos pampeano, Alejandro Vicente, explicó que las modificaciones en los anticipos anuales de Ganancias y en las retenciones del IVA sobre operaciones aduaneras impactaron de lleno en la recaudación provincial. “El Gobierno nacional pretende condicionar la política fiscal de la provincia por mucho tiempo”, sostuvo Vicente, y remarcó que la decisión de ARCA de adelantar la reducción de la recaudación “provocó una disminución automática de los recursos que cobran las provincias y que estaban previstos dentro del Presupuesto”.

El trasfondo político: control y disciplinamiento de los gobernadores

La medida, que se suma a una serie de recortes implementados desde el inicio de la gestión libertaria, reavivó el debate sobre el federalismo fiscal y la capacidad de las provincias para sostener sus compromisos básicos. Según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la coparticipación cayó un 18% interanual real en el primer trimestre de 2025, lo que representa el mayor retroceso desde 2002.

Los gobernadores, reunidos en Paraná bajo la consigna “Una hoja de ruta hacia un futuro federal”, advirtieron que el Gobierno nacional busca “controlar a las provincias” mediante el ajuste de la masa coparticipable. “A algunas provincias les genera un problema del día a día en los pagos”, alertó Vicente, y recordó que en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, se aplicó una estrategia similar para disciplinar políticamente a los mandatarios provinciales.

El gobernador Axel Kicillof (Buenos Aires) y su par Ignacio Torres (Chubut) coincidieron en que la reducción de fondos limita la capacidad de inversión en infraestructura y servicios esenciales, y denunciaron que la Casa Rosada priorizó su propia caja en detrimento de los Estados subnacionales.

Consecuencias económicas y sociales: provincias al borde del ahogo financiero

El impacto de las medidas no es homogéneo: mientras distritos como La Pampa aún logran sostener sus cuentas, otras provincias dependen casi exclusivamente de la coparticipación para pagar salarios y mantener servicios básicos. El recorte se produce en un contexto de caída de los ingresos por regalías petroleras y desaceleración de la actividad económica, lo que agrava la situación fiscal de los Estados más vulnerables.

El gobierno nacional, por su parte, justificó los cambios como parte de un “proceso de ordenamiento fiscal” y defendió la legalidad de las decisiones adoptadas por ARCA. Sin embargo, especialistas en derecho tributario advirtieron que la discrecionalidad en la administración de los recursos federales puede profundizar la desigualdad y debilitar el federalismo consagrado en la Constitución.

Reclamos, judicialización y un futuro incierto

Frente a este escenario, los gobernadores anticiparon que presentarán reclamos formales y no descartan recurrir a la Corte Suprema para frenar lo que consideran una “avanzada unilateral” de la Nación. “Es la tercera decisión que deteriora la recaudación y tememos que tomen una o dos más”, advirtió Vicente, y subrayó que la falta de diálogo y previsibilidad pone en riesgo la gobernabilidad en varias provincias.

El conflicto por los fondos coparticipables se inscribe en una disputa más amplia por el modelo de país: mientras Milei apuesta a la recentralización de recursos y el ajuste fiscal, los mandatarios provinciales reclaman reglas claras y un reparto equitativo que garantice el desarrollo federal.

Puntos clave:

• Las provincias denunciaron que perderán un billón de pesos por cambios impositivos impulsados por el Gobierno nacional.
• Los recortes en Ganancias e IVA afectan la masa coparticipable y ponen en jaque las finanzas provinciales.
• Gobernadores de distintos partidos advirtieron que la medida busca condicionar políticamente a los Estados subnacionales.
• El ajuste se produce en un contexto de caída de ingresos y mayor dependencia de la coparticipación.
• Los mandatarios anticiparon reclamos judiciales y alertaron sobre el riesgo de ahogo financiero.