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Coparticipación

Federalismo en jaque: la provincias denuncian que perderán un billón de pesos por los cambios impositivos de Milei

Los gobernadores advirtieron que el régimen libertario recortó fondos coparticipables y puso en jaque las finanzas provinciales. El ajuste, impulsado por ARCA, reavivó el conflicto federal y expuso la estrategia de Milei para condicionar a los Estados subnacionales.

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Un ajuste que golpea a las provincias y profundiza la tensión federal

El gobierno de Javier Milei volvió a tensar la relación con las provincias tras los recientes cambios impositivos que, según denunció el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, provocarán una pérdida de ingresos cercana a un billón de pesos para los Estados subnacionales. La advertencia se escuchó en el encuentro de gobernadores realizado en Entre Ríos, donde mandatarios de distintos signos políticos coincidieron en que la Nación “viene disminuyendo la masa coparticipable” y condicionando la autonomía fiscal de las provincias.

El subsecretario de Ingresos Públicos pampeano, Alejandro Vicente, explicó que las modificaciones en los anticipos anuales de Ganancias y en las retenciones del IVA sobre operaciones aduaneras impactaron de lleno en la recaudación provincial. “El Gobierno nacional pretende condicionar la política fiscal de la provincia por mucho tiempo”, sostuvo Vicente, y remarcó que la decisión de ARCA de adelantar la reducción de la recaudación “provocó una disminución automática de los recursos que cobran las provincias y que estaban previstos dentro del Presupuesto”.

El trasfondo político: control y disciplinamiento de los gobernadores

La medida, que se suma a una serie de recortes implementados desde el inicio de la gestión libertaria, reavivó el debate sobre el federalismo fiscal y la capacidad de las provincias para sostener sus compromisos básicos. Según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la coparticipación cayó un 18% interanual real en el primer trimestre de 2025, lo que representa el mayor retroceso desde 2002.

Los gobernadores, reunidos en Paraná bajo la consigna “Una hoja de ruta hacia un futuro federal”, advirtieron que el Gobierno nacional busca “controlar a las provincias” mediante el ajuste de la masa coparticipable. “A algunas provincias les genera un problema del día a día en los pagos”, alertó Vicente, y recordó que en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, se aplicó una estrategia similar para disciplinar políticamente a los mandatarios provinciales.

El gobernador Axel Kicillof (Buenos Aires) y su par Ignacio Torres (Chubut) coincidieron en que la reducción de fondos limita la capacidad de inversión en infraestructura y servicios esenciales, y denunciaron que la Casa Rosada priorizó su propia caja en detrimento de los Estados subnacionales.

Consecuencias económicas y sociales: provincias al borde del ahogo financiero

El impacto de las medidas no es homogéneo: mientras distritos como La Pampa aún logran sostener sus cuentas, otras provincias dependen casi exclusivamente de la coparticipación para pagar salarios y mantener servicios básicos. El recorte se produce en un contexto de caída de los ingresos por regalías petroleras y desaceleración de la actividad económica, lo que agrava la situación fiscal de los Estados más vulnerables.

El gobierno nacional, por su parte, justificó los cambios como parte de un “proceso de ordenamiento fiscal” y defendió la legalidad de las decisiones adoptadas por ARCA. Sin embargo, especialistas en derecho tributario advirtieron que la discrecionalidad en la administración de los recursos federales puede profundizar la desigualdad y debilitar el federalismo consagrado en la Constitución.

Reclamos, judicialización y un futuro incierto

Frente a este escenario, los gobernadores anticiparon que presentarán reclamos formales y no descartan recurrir a la Corte Suprema para frenar lo que consideran una “avanzada unilateral” de la Nación. “Es la tercera decisión que deteriora la recaudación y tememos que tomen una o dos más”, advirtió Vicente, y subrayó que la falta de diálogo y previsibilidad pone en riesgo la gobernabilidad en varias provincias.

El conflicto por los fondos coparticipables se inscribe en una disputa más amplia por el modelo de país: mientras Milei apuesta a la recentralización de recursos y el ajuste fiscal, los mandatarios provinciales reclaman reglas claras y un reparto equitativo que garantice el desarrollo federal.

Puntos clave:

  • Las provincias denunciaron que perderán un billón de pesos por cambios impositivos impulsados por el Gobierno nacional.
  • Los recortes en Ganancias e IVA afectan la masa coparticipable y ponen en jaque las finanzas provinciales.
  • Gobernadores de distintos partidos advirtieron que la medida busca condicionar políticamente a los Estados subnacionales.
  • El ajuste se produce en un contexto de caída de ingresos y mayor dependencia de la coparticipación.
  • Los mandatarios anticiparon reclamos judiciales y alertaron sobre el riesgo de ahogo financiero.

Coparticipación

El ajuste de Milei deja a La Rioja sin Juegos Evita: sin fondos, sin deportistas

La Rioja no podrá enviar delegación a la final de los Juegos Nacionales Evita 2026 en Mar del Plata. El gobierno de Quintela reconoció la imposibilidad económica mientras la Nación acumula una deuda de más de 1.300 millones de dólares con la provincia y la Corte Suprema ya intervino para intentar conciliar el conflicto.

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El Argentino Diario-Ricardo Quintela-Javier Milei.
El ajuste de Milei cancela el sueño deportivo: La Rioja fuera de los Juegos Evita por la deuda que Nación no paga.

Mientras el gobierno de Javier Milei recortó los fondos extracoparticipables a las provincias opositoras desde su primer día de gestión, La Rioja paga el costo con la exclusión de sus deportistas de los Juegos Nacionales Evita 2026, cuya final se disputará en Mar del Plata entre el 2 y el 7 de noviembre. El anuncio, formalizado el 1 de octubre por el secretario de Deportes, Recreación e Inclusión provincial, Jorge Córdoba, sorprendió a entrenadores que todavía analizaban cómo conformar sus equipos.

El secretario Córdoba reconoció la imposibilidad económica de afrontar los costos de traslado y manutención de la delegación. Lo que el contexto provincial vuelve inevitable es que esa imposibilidad tiene nombre y apellido: la sistemática retención de fondos coparticipables y transferencias no automáticas que el gobierno nacional lleva adelante hacia las provincias gobernadas por la oposición. La Rioja es, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la provincia donde más cayeron las transferencias no automáticas desde Nación, con una reducción interanual del 96% acumulada en el primer semestre de 2024.

Una deuda que la Corte tuvo que intervenir para visibilizar

El reclamo de la provincia no es nuevo ni menor. El gobernador Ricardo Quintela lleva años denunciando que la Nación acumula una deuda histórica con La Rioja por un punto de coparticipación del que fue despojada en 1988. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, ese porcentaje equivale a 621.000 millones de pesos que no fueron contemplados en el Presupuesto 2026. El total de la deuda acumulada, según el gobierno riojano, supera los 1.300 millones de dólares.

La disputa escaló a la justicia: la Corte Suprema convocó a una audiencia de conciliación entre representantes del gobierno de Quintela y del gobierno de Milei para abordar el litigio. El abogado de La Rioja ante el máximo tribunal es el exsenador Jorge Yoma, quien también se reunió en Casa Rosada con el jefe de Gabinete Guillermo Francos para discutir los 320 millones de dólares que la Nación reconoció como deuda con la provincia.

La situación llegó a su punto más crítico cuando La Rioja no pudo afrontar vencimientos de su deuda en dólares por 26,2 millones, una obligación que su propio ministerio de Hacienda atribuyó a las limitaciones generadas por la contracción de la economía argentina, la alta inflación, la devaluación de diciembre de 2023 y, fundamentalmente, el ajuste fiscal que cortó las transferencias desde Nación. Quintela fue explícito al señalar que Milei tomó a La Rioja y a la provincia de Buenos Aires como enemigos, en un escenario donde la paralización de la obra pública resultó fenomenal.

Los deportistas: el daño colateral del ajuste político

En ese marco de asfixia presupuestaria, la baja de La Rioja de los Juegos Evita 2026 no es un hecho aislado ni una falla de gestión provincial. Es la consecuencia directa y previsible de una política de castigo económico a las provincias opositoras que el gobierno libertario viene aplicando desde diciembre de 2023. El secretario Córdoba reconoció que los entrenadores de futsal masculino y femenino todavía no habían sido informados cuando él ya sabía que la provincia no iba a participar, una situación que da cuenta del golpe abrupto que significó la decisión.

La exclusión de La Rioja se suma a una tendencia más amplia. En la edición 2025 de los Juegos Evita, siete provincias, entre ellas Buenos Aires y varias patagónicas, amenazaron con no participar porque el gobierno nacional ofreció cubrir solo el 20% de los gastos de traslado, alojamiento y comida, cuando la ley 26.462 garantizaba históricamente el financiamiento pleno de las delegaciones provinciales. El diputado provincial Gustavo Pulti calculó que, para sostener los juegos con la misma inversión que en 2023 actualizada por inflación, la Nación debería destinar 779 millones de pesos, una cifra que el gobierno de Milei simplemente decidió no garantizar.

Mientras tanto, provincias aliadas al gobierno nacional, como Santa Fe, que se consagró bicampeona en los Juegos Evita 2025 con 327 deportistas, pudieron mantener sus delegaciones sin las restricciones que enfrentan los distritos opositores. La brecha entre las provincias que reciben el respaldo de Nación y las que son tratadas como adversarios políticos se traduce, en el deporte, en chicos y chicas que no pueden competir.

Atacalar suspendido: el ajuste regional también golpea

La baja de los Juegos Evita no fue el único golpe deportivo de la semana para La Rioja. El secretario Córdoba también informó la suspensión de los Juegos Atacalar, el certamen regional que reúne a representaciones de La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y la provincia chilena de Atacama. La organización estaba a cargo de Catamarca, y desde ese distrito llegó la comunicación de la cancelación por razones económicas. El cuadro es el mismo en toda la región: el ajuste de la administración libertaria no reconoce fronteras provinciales cuando los fondos dejan de llegar.

La provincia procura mantener la participación en los Juegos Urbanos Argentinos y en los Juegos HAGAR Junior, señalados como alternativas para deportistas en proyección. Pero la escala y el alcance de los Juegos Evita no tienen equivalente: la edición 2025 reunió a más de 8.600 participantes de todo el país en 40 disciplinas. Para los jóvenes deportistas riojanos que venían preparándose, la baja no es un trámite administrativo; es la clausura de una oportunidad que no se repite.

Quintela, marginado de las reuniones que la Casa Rosada extendió a los gobernadores más alineados con el gobierno nacional, sigue la misma estrategia que Axel Kicillof en Buenos Aires: denunciar la discriminación presupuestaria y pelear en los tribunales lo que no se obtiene en la mesa de negociación. Pero mientras los pleitos judiciales avanzan a ritmo de expediente, son los deportistas los que pierden su lugar en la largada.

Lo que tenés que saber:

  • La Rioja no participará de los Juegos Nacionales Evita 2026 por falta de recursos para costear el traslado y la manutención de la delegación.
  • La Nación acumula una deuda con La Rioja que el gobierno de Quintela estima en más de 1.300 millones de dólares, incluyendo fondos de coparticipación retenidos desde 1988.
  • La Corte Suprema convocó a una audiencia de conciliación entre la provincia y el Estado nacional por el litigio del punto de coparticipación despojado en 1988.
  • Los Juegos Atacalar, certamen regional del Norte Grande, también fueron suspendidos por problemas económicos.
  • En 2025, siete provincias opositoras amenazaron con no participar en los Juegos Evita porque el gobierno nacional solo ofreció cubrir el 20% de los gastos de las delegaciones.
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