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Lavado de manos: Francos pasó obras públicas a gobernadores

El jefe de Gabinete recibió en su despacho a Martín Llaryora, quien llegó a Casa Rosada con una serie de reclamos por la situación de la obra pública en su provincia.

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El flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabezó hoy una serie de reuniones con gobernadores patagónicos y el de Córdoba con la intención de destrabar las negociaciones para conquistar los apoyos necesarios en el Senado para la Ley Bases.

En primer lugar, recibió en su despacho al cordobés Martín Llaryora, quien llegó a Casa Rosada con una serie de reclamos por la situación de la obra pública en su provincia. Al término, hizo su ingreso el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y cerró la tarde con la visita del neuquino, Rolando Figueroa.

Con los últimos dos, Francos acordó el traspaso de obras públicas en ejecución que quedaron paralizadas para que ellos puedan finalizarlas, y se sumaron así a los convenios celebrados por el mismo tema con las provincias de Entre Ríos, Jujuy y Chaco.

Tras su ascenso a jefe de ministros, Francos continúa a la cabeza de la búsqueda de acuerdos para la media sanción en el Senado del proyecto de ley y el paquete fiscal.

Por su parte, Llaryora insistió en el reclamo de avanzar con el traspaso de obras públicas nacionales, actualmente paralizadas, con el objetivo de completarlas desde el Gobierno provincial. Se trata de un pedido transversal que une a los mandatarios provinciales a pesar de sus diferencias ideológicas.

En el caso del cordobés no se firmó un convenio al respecto, pero sí se habló del «futuro traspaso de obras públicas al Gobierno de Córdoba, así como a temáticas relacionadas con el desarrollo económico y productivo provincial», informó Jefatura de Gabinete en un comunicado.

En la previa a la visita, el gobernador anticipó que su prioridad es avanzar en la autopista San Francisco-Córdoba y en la autovía Holmberg-Río Cuarto.

Francos, hasta ahora, accedió a este reclamo de traspasar obras para que las provincias puedan finalizarlas sólo con cinco gobernadores, Torres, Figueroa y previamente con los aliados de Juntos por el Cambio: el de Jujuy, Carlos Sadir; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; y de Chaco, Leandro Zdero.

«Acordamos distribuirnos responsabilidades respecto a la continuación de ciertas obras. Algunas continuarán a cargo del Gobierno nacional, mientras que otras lo harán bajo la órbita de las provincias», dijo Francos el lunes pasado tras recibir a esos tres mandatarios provinciales.

Luego de Llaryora, el jefe de Gabinete se entrevistó con el chubutense Torres (de Juntos por el Cambio pero con una relación tensa con el presidente Javier Milei) y con el neuquino Figueroa (del Movimiento Popular Nequino).

«Con la celebración de estos acuerdos con Neuquén y Chubut, las provincias se comprometen a asumir la financiación o ejecución de las obras detalladas los convenios, entre las que se incluyen la construcción de hospitales y Centros de Desarrollo Infantil (CDI); la terminación de obras hídricas, de saneamiento y mejoramiento urbano; y de rutas y caminos, entre otras», detalló la Nación.

El nuevo proyecto y el paquete fiscal a aprobar en el Congreso abrieron una extensa negociación entre el Poder Ejecutivo y las provincias, con especial eje en el Impuesto a las Ganancias y el traspaso de obras con los que se está avanzando serviría para acercar posiciones y que la gestión libertaria obtenga su primer éxito legislativo desde su asunción.

Las idas y vueltas derivaron en la decisión del oficialismo de ceder al pedido de los mandatarios patagónicos y declarar zona desfavorable a la región del sur.

De conseguir las firmas necesarias para su aprobación, se restablecerá el 22% en el mínimo no imponible para los habitantes de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz, y los pisos pasarán a $2.200.000 millones para solteros, y a $2.600.000 millones para casados con hijos.

Judiciales ⚖️

Otra denuncia por corrupción: licitación de $700 millones en la Quinta de Olivos

La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación millonaria destinada al mantenimiento de espacios verdes en la Quinta de Olivos. La presentación apunta a la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario.

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El Argentino Diario-Karina Milei.

Lo que tenés que saber

  • Marcela Pagano denunció una licitación de $700 millones en Olivos.
  • El contrato es para mantenimiento y jardinería de la residencia presidencial.
  • La acusación apunta a Karina Milei como responsable del proceso.
  • Se cuestiona que dos empresas oferentes pertenecerían al mismo empresario.
  • Se investiga un posible vínculo familiar entre actores involucrados.
  • Se pidió suspender la adjudicación y resguardar el expediente.
  • También se mencionan posibles delitos contra la administración pública.

Denuncia por una licitación millonaria en la Quinta de Olivos

La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación pública por $700 millones destinada al mantenimiento y jardinería de la Quinta de Olivos y la Casa de Gobierno.

La presentación judicial apunta a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien responsabiliza por la adjudicación del proceso.

El contrato fue convocado para tareas de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de espacios verdes de la residencia presidencial.

Las irregularidades señaladas en la licitación

Según la denuncia, dos empresas que participaron de la compulsa —La Mantovana y Grub— pertenecerían al mismo empresario, lo que habría simulado una competencia inexistente.

La presentación sostiene que ambas firmas estarían vinculadas a un mismo grupo económico, lo que pondría en duda la transparencia del proceso licitatorio.

Además, se menciona la posible existencia de vínculos familiares entre el empresario adjudicado y una funcionaria cercana a la estructura de la Secretaría General.

Señalamientos sobre el rol de la administración

La denuncia afirma que la responsabilidad del control del proceso recae en la autoridad que impulsó la licitación, al exigir la verificación de la independencia de los oferentes.

En ese marco, el escrito plantea que la participación de empresas vinculadas entre sí podría configurar una simulación de competencia dentro del proceso estatal.

También se menciona la posibilidad de que el servicio ya se estuviera prestando previamente sin contrato formal, lo que habría derivado en la regularización mediante la licitación.

Pedido judicial y medidas solicitadas

La diputada solicitó al juzgado interviniente suspender la adjudicación del proceso y resguardar el expediente administrativo completo.

También pidió el secuestro de documentación vinculada a la licitación y la aplicación de medidas cautelares sobre los bienes de los eventuales responsables.

La presentación incluye referencias a posibles delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes de funcionario público.

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