Por Silvina Angiono

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomará el martes el proceso contra los integrantes de la Corte Suprema y, en ese marco, citó al fiscal Carlos Stornelli para que exponga los motivos por los que pidió el cierre de la causa iniciada para investigar los presuntos chats filtrados que se enviaban Silvio Robles, secretario del titular de la Corte, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad porteño -en uso de licencia- Marcelo D’Alessandro.

La comisión que preside Carolina Gaillard (Frente de Todos, Entre Ríos) continuará de esta manera el martes desde las 13 con el análisis de las pruebas y testimonios contra el accionar el máximo tribunal, en el marco de las audiencias que lleva adelante desde fines de enero ese cuerpo, luego de que el presidente Alberto Fernández y una decena de gobernadores impulsara el juicio político contra sus integrantes.

Los cuestionamientos al accionar de la Corte estuvieron presentes esta semana durante el discurso que el presidente Alberto Fernández pronunció el 1 de marzo en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, cuando volvió a criticar a los miembros del máximo tribunal por su fallo sobre coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires y en su firme defensa del proceso iniciado por la Cámara baja.

«Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados que decidirá si los acusa ante el Senado», dijo el Presidente sobre el final de su mensaje de dos horas ante la Asamblea Legislativa, en un clima de tensión con la oposición.

En esa misma línea, Fernández hizo referencia al fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en el reparto de los impuesto coparticipables, cuando mencionó que «mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden».

La comisión de juicio político que estudia el enjuiciamiento de Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti también convocó para el martes a la titular de la fiscalía federal 1 de La Plata María Roteta, al exsenador nacional por la UCR y extitular de la Unidad Fiscal AMIA Mario Cimadevilla y al secretario judicial número 4 de la Corte Sergio Napoli.

En tanto, la citación a Stornelli fue solicitada por el presidente del bloque de diputados del FdT, el santafesino Germán Martínez, luego de las exposiciones realizadas en la comisión de Julio Político por los jueces federales Alejo Ramos Padilla, titular del juzgado federal 1 de La Plata, y Sebastián Ramos, a cargo del juzgado federal 2 de Comodoro Py.

La semana pasada no hubo reunión de la comisión porque se dispuso postergar para este martes 7 la convocatoria para poder enviar y esperar respuestas de los oficios a los nuevos testigos, que a partir de la próxima reunión se agruparán en tandas de cuatro o cinco, para evitar que se sucedan extensas jornadas, como la última que superó las siete horas y media.

Las fuentes no descartaron que después de las afirmaciones del Presidente y la polémica generada en ese sentido, la reunión pueda desarrollarse en un clima de tensión política nuevamente entre oficialismo y oposición.

No se descarta que en esa audiencia, las autoridades de la comisión pidan que se remitan a la Justicia los dichos ante ese cuerpo del juez federal Sebastián Ramos (Ciudad de Buenos Aires) «para que se evalúe si hubo falso testimonio».

Ramos, junto al juez Alejo Ramos Padilla (La Plata), brindaron testimonio el pasado 23 de febrero ante la Comisión de Juicio Político, en la primera de las audiencias testimoniales, que lleva adelante ese cuerpo, donde además se acordó citar a Stornelli, que finalmente se formalizó el jueves pasado.

Ramos fue quien archivó desde los tribunales federales de Comodoro Py, y a instancias del fiscal Carlos Stornelli, una denuncia vinculada a unos chats que involucran al exministro de Seguridad porteño en uso de licencia. Marcelo D’Alessandro con un funcionario cercano a Rosatti, Silvio Robles, bajo el argumento de que los elementos probatorios incorporados a la denuncia podrían haber sido obtenidos «mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal».

En ese contexto, los diputados de Juntos por el Cambio (JxC) presentaron un documento denunciando la «ilegalidad» de la comisión, mientras la mayoría de los legisladores opositores abandonaron el recinto; aunque algunos volvieron media hora después.

La convocatoria de ambos magistrados federales estuvo vinculada al capítulo judicial de la filtración de las supuestas conversaciones por chat a través de la red social Telegram atribuidas a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema, y Marcelo D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en uso de licencia, en las que se referían a casos que estaban bajo estudio del máximo tribunal conocidos como «Consejo de la Magistratura» y «Coparticipación».

Así lo hicieron saber en la última sesión de la cámara baja, donde los opositores no prestaron quórum para tratar la moratoria previsional en la última sesión del período extraordinario y solo ingresaron al recinto una vez que el oficialismo reunió el número necesario y algunos aliados para iniciar el debate.

A fines de esta semana, Gaillard encabezó una reunión junto a asesores de la comisión, y allí se informó que la intención para el próximo martes es convocar a los testigos con el objeto de que expongan por cada uno de los expedientes: incluso se detalló que ya se conformaron nueve cuerpos.

Además, en la comisión de Juicio Político prevén digitalizar en el corto plazo toda la información con la que cuentan, para así facilitar el acceso a la documentación referida a los 14 expedientes iniciados contra los cuatro miembros del tribunal.