Judiciales ⚖️
Insatisfacción en el macrismo por el fallo de la Corte Suprema sobre los jueces Bruglia y Bertuzzi
La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (JxC) sostuvo este miércoles que el dictamen del máximo tribunal sobre los traslados no los «satisface».
La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (JxC) sostuvo este miércoles que el dictamen de la Corte Suprema sobre los traslados de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia no los «satisface».
Además, le pidió a los magistrados que «no renuncien», en tanto expresó «preocupación» por la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público y pospuso una definición sobre la designación del juez Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación.
«El fallo de la Corte no nos satisface. La Corte, por otro lado, ratificó lo actuado por los jueces, por lo tanto deben quedarse en sus cargos y no renunciar, para garantizar justicia a los judiciables», dice el primer párrafo de un breve documento difundido este mediodía al término de una reunión virtual.
Añade que la Ley del Ministerio Público «genera preocupación» y alertan «sobre la gravedad que implica que el oficialismo pretenda modificar las mayorías necesarias para elegir y destituir al Procurador General de la Nación».
Finalmente, indicaron que «en el momento en que el oficialismo en el Senado de la Nación tome la decisión de avanzar e impulsar al pliego propuesto por el Presidente de la Nación, Juntos por el Cambio va a expresar su posición respecto al procurador general de la Nación».
«La pelota está del lado del Gobierno, les toca mover a ellos», explicó a Télam sobre este punto uno de los presentes en la reunión, que tuvo asistencia perfecta y duró casi dos horas.
«Por qué nos vamos a aventurar a definirnos nosotros si ni ellos saben lo que quieren; nunca movieron un papel para que Rafecas sea Procurador», consideró otro de los presentes.
Las controversias sobre Rafecas
La falta de avance del pliego de Rafecas les sirvió como excusa para dejar en pausa el tema que dividió opiniones en ese espacio, luego de que la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, diera públicamente su apoyo a ese magistrado y se mostrara junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, los moderados de la coalición.
En el encuentro de esta mañana, los tres referentes de Carrió pidieron «no sobredimensionar ni malinterpretar» y aseguraron que «sostendrán la unidad» sin importar los que se defina finalmente.
«Parece que cuando Lilita dice algo se pone en jaque la unidad y cuando hablan otros no. Dejamos claro que eso no es así. Somos socios fundadores (de JxC) y la unidad no se discute», expresó uno de ellos a esta agencia.
Con PRO y la CC en los extremos, la UCR ofició de mediadora y se acordó no seguir discutiendo el tema hasta que no avance en el Senado. Esa postura fue la que se había adoptado inicialmente en todo el espacio hasta que Carrió irrumpió en escena.
La convocatoria de Bullrich
Mientras se conocía el documento, la jefa de PRO, Patricia Bullrich, posteó en su perfil de la red social Twitter una convocatoria a una marcha el próximo domingo 8 para que los jueces alcanzados por el fallo no renuncien a sus causas.
«El #8N marchemos para pedirle a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli que no renuncien a sus causas. Más allá del fallo, los jueces siguen en sus cargos hasta el próximo concurso, que puede demorar años. ¡No nos resignemos!», publicó.
Desde PRO otros que ya apoyaron la movilización fueron la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y el diputado Waldo Wolff. Mientras que en la reunión estuvieron Bullrich, Macri, Rodríguez Larreta, Vidal y los jefes de sus bloques, Cristian Ritondo (Diputados) y Humberto Schiavoni (Senado).
Desde la UCR dieron el presente su presidente, el diputado Alfredo Cornejo, los titulares del interbloque de JxC en el Senado, Luis Naidenoff, y en Diputados, Mario Negri, y el senador Martín Lousteau.
Desde la CC estuvieron el titular del partido, Maximiliano Ferraro; el jefe del bloque, Juan Manuel López y la titular de la Asamblea Nacional del partido, Maricel Etchecoin, además del peronista Miguel Pichetto.
El fallo de la Corte Suprema
Ayer, la Corte Suprema de Justicia dispuso que los jueces Bertuzzi y Bruglia permanezcan en los cargos para los que habían sido trasladados en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal hasta que el Consejo de la Magistratura abra un nuevo concurso del que surjan sus postulantes definitivos, en línea con el proceso establecido en la Constitución.
Si bien Bruglia y Bertuzzi permanecerán en sus cargos de traslado, la Corte rechazó la acción de amparo que habían presentado para que se entendieran como «definitivos» sus cargos en la Sala I de ese tribunal de alzada.
Investigación 🔎
Adorni: Pollicita descarta el enriquecimiento ilícito pero pide investigarlo por evasión
El fiscal no pudo refutar que el dinero de las compras fuera anterior a la función pública, pero detectó USD 374.081 pagados en efectivo y tenencias ocultas al fisco desde 2014. Pidió que la causa pase al fuero Penal Económico. No es un sobreseimiento: decide Lijo.
El fiscal que investigó a Manuel Adorni no encontró pruebas de que se haya enriquecido en la función pública, pero sí de que durante más de una década ocultó al fisco dólares en efectivo y criptoactivos. Por eso Gerardo Pollicita pidió que la causa deje de tramitar como enriquecimiento ilícito y pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, para investigar una posible evasión tributaria.
El dictamen se presentó en el juzgado federal de Ariel Lijo, en el expediente que se abrió por una denuncia de la diputada Marcela Pagano. La investigación revisó la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. El pedido no implica un sobreseimiento: si Lijo lo acepta, Adorni seguirá investigado, pero por otro delito y en otro fuero.
Lo que encontró la Fiscalía
Según el dictamen, la Fiscalía detectó erogaciones por USD 402.578,12, de las cuales USD 374.081,66 se pagaron en efectivo, y una diferencia de $43.068.549 entre los ingresos lícitos comprobados y los gastos, compras y cancelaciones de deudas del período. Entre esos pagos figuran la compra de un lote en el country Indio Cuá, reformas, muebles, la escritura de un inmueble en la calle Miró, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares. Parte de esas operaciones se hizo fuera del sistema bancario o a través de terceros.
La defensa sostuvo que ese dinero provenía de ahorros en criptomonedas anteriores a su llegada al Gobierno. Pollicita concluyó que no pudo refutar esa versión y que la investigación no logró vincular los fondos con “un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita asociada a la función”. Por eso escribió que “no se advierte que la conducta desplegada por Manuel Adorni tenga adecuación típica” en el enriquecimiento ilícito, “lo que no significa que no deba responder por una conducta antijurídica de otra naturaleza”.
De la corrupción a la evasión
El giro tiene una explicación jurídica: el enriquecimiento ilícito exige que el patrimonio crezca después de asumir el cargo. Si el dinero ya existía, el delito no encaja, aunque se haya usado durante la gestión. Pero esa misma explicación de la defensa abrió otra puerta. Según el fiscal, la fuente que Adorni invoca “se compone, según su propio relato, de recursos que no fueron informados al organismo recaudador”, y la omisión se extendió “desde 2014 y hasta su exteriorización en 2026”, es decir, cuando la causa ya estaba en trámite.
Pollicita enumeró indicadores que, a su juicio, exceden una infracción administrativa: la omisión de declarar bienes durante años, el predominio de pagos en efectivo, la intervención de terceros y la exteriorización de los fondos una vez iniciada la investigación. El fuero Penal Económico deberá reconstruir, ejercicio por ejercicio, lo que correspondía pagar de Ganancias y Bienes Personales.
La lectura política: el vocero de la “casta” y el efectivo
El dictamen deja al Gobierno una victoria a medias. Evita la figura de corrupción para uno de los funcionarios más cercanos a Javier Milei, pero lo describe como alguien que durante años manejó dólares en efectivo fuera del radar de la AFIP, hoy ARCA. Es el mismo Gobierno que llegó al poder con el discurso contra la “casta” y que impulsó un blanqueo y la llamada “inocencia fiscal” para quienes tengan dólares sin declarar. La causa ahora queda en manos de Lijo, que debe decidir si se declara incompetente.
Lo que tenés que saber:
- Pollicita dictaminó que no hay pruebas de enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni durante la función pública.
- Pidió que la causa pase al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión tributaria.
- La Fiscalía detectó gastos por USD 402.578, de los cuales USD 374.081 se pagaron en efectivo.
- Según el fiscal, Adorni mantuvo tenencias sin declarar desde 2014 hasta 2026, cuando ya estaba en marcha la causa.
- No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe resolver si acepta el pedido.
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