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Política 📢

Plebiscito en Chile: votan el proyecto de una nueva Constitución

La propuesta de nueva Constitución, escrita por 154 convencionales constituyentes elegidos con la participación de los pueblos originarios, busca establecer en sus 388 artículos en 178 páginas un Estado de bienestar en el país.

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Alrededor de 15 millones de chilenos y chilenas quedaron habilitados para votar desde las 8 hora local (las 9 en la Argentina) para decidir si aprueban o rechazan el proyecto de nueva Constitución que busca poner fin a la escrita durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990), pero que podría seguir vigente si gana la segunda opción, como anticiparon las encuestas.

La capital, Santiago, amaneció fresca con un poco menos de 10º, aunque se espera calor durante la jornada, por lo que, sumado a la obligatoriedad del sufragio, muchos centros electorales comenzaron rápidamente a poblarse con filas de votantes.

Algunas restricciones sanitarias por la pandemia del coronavirus continúan en el país, por lo que los electores tiene que asistir con barbijo y en el ingreso de los centros de votación le aplican alcohol en gel en las manos.

Actualmente, Chile se rige por la Constitución pinochetista de 1980, que tuvo una importante reforma en 2005, durante el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), pero que fue el centro de los reclamos ciudadanos en el estallido social de octubre de 2019, que llevaron a un acuerdo entre casi todos los sectores políticos para redactar un nuevo texto constitucional.

La propuesta de nueva Constitución, escrita por 154 convencionales constituyentes elegidos con la participación de los pueblos originarios, busca establecer en sus 388 artículos en 178 páginas un Estado de bienestar en el país.

Los cambios propuestos en la nueva Constitución

Entre los cambios principales, Chile pasaría de ser una “república democrática” a una “democracia paritaria”, asegurando que las mujeres ocupen al menos el 50% de todos los órganos del Estado.

También define al país como un Estado Plurinacional e Intercultural, con el reconocimiento de 11 pueblos, que tendrían sus respectivas autonomías regionales indígenas y sistemas jurídicos de los pueblos indígenas con respeto a la Constitución.

El nuevo texto propone cambios en el Sistema Político, permitiendo al presidente ser reelegido por una vez, la eliminación del Senado que será reemplazado por una Cámara de las Regiones, que tendrá menos poder y la facultad de elaborar leyes acotadas a acuerdos regionales, mientas que la cámara baja pasaría a llamarse Congreso de Diputados y Diputadas y tendría mayor poder en la formación de leyes, lo que da cuenta de dos cámaras con poder asimétrico.

Con la nueva propuesta Chile se define como un “Estado Social y Democrático de Derecho”, garantizando derechos sociales, como educación, salud, vivienda, trabajo y pensiones.

También propone cambios con respecto al aborto, ya que indica que el Estado debe asegurar las condiciones para un embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos, y para una interrupción voluntaria del embarazo.

Cualquiera sea el resultado de este domingo, el proceso constitucional seguirá su rumbo, ya que de aprobarse deberá implementarse con leyes que legisle el actual Congreso, que está dividido casi a la mitad entre fuerzas de derecha e izquierda, y en caso de rechazarse, los parlamentarios deberían buscar un nuevo camino constitucional.

El plebiscito se realiza desde las 8 hasta las 18 (9 a 19 de Argentina), con más de 15 millones de personas habilitadas para sufragar, de las cuales hay casi 100.000 en el exterior.

A diferencia de otras elecciones, el voto es obligatorio, por lo que todo el padrón podrá volcarse a las urnas, lo que genera algo de incertidumbre en el resultado, ya que en Chile el sufragio es voluntario y solamente cerca del 50% asiste habitualmente a los centros de votación.

Ante una gran afluencia de personas, no se descarta que las mesas cierren después del horario programado. En total son 38.472 mesas de votación en Chile y 286 en el extranjero, distribuidas en 2.914 centros de sufragio en el país y 116 fuera del territorio nacional (3.030 en total).

Los resultados, según declaró a los medios el presidente del Servel, Andrés Tagle, podrían demorarse un poco más de lo habitual, ante la mayor presencia de votantes que se espera, aunque a cerca de las 20 estarían las primeras cifras parciales, mientras que las definitivos podrían estar cerca de la medianoche. Un poco antes, alrededor de las 22, podría conocerse una tendencia importante.

Economía 💲

Fallo por universidades: Caputo debe pagar $2,5 billones y el «superávit» entra en crisis

Un fallo judicial obliga al Gobierno a transferir 2,5 billones de pesos a universidades. El vencimiento impacta en el equilibrio fiscal, supera desembolsos recientes y reabre el conflicto por fondos, salarios y funcionamiento del sistema educativo.

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Lo que tenés que saber:

  • La Justicia ordenó transferir fondos a universidades por ley vigente
  • El plazo de pago vence y tensiona el esquema fiscal del Gobierno
  • El Ejecutivo evalúa apelar mientras busca alternativas para evitar el impacto
  • Universidades y gremios anticipan medidas y posibles protestas
  • El conflicto reabre el debate sobre financiamiento educativo

Un fallo judicial que obliga a pagar

El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, enfrenta el vencimiento de un fallo que ordena transferir fondos a las universidades nacionales en cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión judicial ratifica la vigencia de la norma y obliga al Ejecutivo a ejecutar el gasto, limitando la posibilidad de postergar pagos como venía ocurriendo.

Impacto directo en el relato del equilibrio fiscal

El monto exigido representa un desafío para el esquema económico del gobierno de Javier Milei.

El pago forzado convierte esos compromisos en una erogación inmediata, con impacto en las cuentas públicas.

Estrategia oficial: apelar y ganar tiempo

Dentro del Gobierno analizan recurrir a la Corte Suprema para dilatar el cumplimiento del fallo. Sin embargo, esa vía judicial no suspende automáticamente la obligación de pago.

En paralelo, se evalúa enviar un nuevo proyecto de ley que modifique el esquema de financiamiento universitario.

Universidades en alerta y posible conflicto

Las casas de estudio y los gremios docentes mantienen la presión para que se cumpla la ley. El sistema universitario enfrenta dificultades para sostener salarios y gastos operativos.

Además, se anticipan medidas de fuerza y posibles movilizaciones similares a las registradas en años recientes.

El reclamo involucra a todo el sistema público, con decenas de instituciones afectadas por la falta de actualización presupuestaria.

Un conflicto que escala en el plano político

El fallo judicial se suma a otros frentes abiertos vinculados a transferencias y obligaciones del Estado.

La tensión se amplifica en un contexto de caída de la recaudación y creciente presión sobre el gasto público, lo que complica la estrategia económica del Gobierno.

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