Un grupo de jubilados se congregó este lunes frente a una organización ubicada sobre la calle Bartolomé Mitre, en la Ciudad de Buenos Aires, para manifestar su rechazo al veto presidencial a la nueva fórmula de aumentos jubilatorios, sancionada recientemente por el Congreso Nacional. La protesta fue registrada, donde varios asistentes expresaron su malestar por la medida oficializada a través del Decreto 534/2025, publicado en el Boletín Oficial.

“Hay plata para armas y para el FMI, pero no para nosotros”

Durante un móvil del programa Argenzuela, conducido por Jorge Rial, el periodista Rafael García Palavecino dialogó con manifestantes que cuestionaron el veto impulsado por Javier Milei, el cual también alcanzó la moratoria previsional y la ley de emergencia en discapacidad.

_“El veto es horrible. Encima que estamos mal económicamente, cada vez vamos a estar peor. Hay plata para invertir, comprar armas y para pagarle al FMI, pero para nosotros no”, denunció Jorge, uno de los jubilados presentes.

Otra participante, Nora, también criticó la decisión presidencial al considerar que responde a intereses sectoriales:

_“Este Gobierno hace un veto para no pagarnos $2.000 por día a los jubilados. Este hombre no quiere pagar eso mientras a las patronales del campo les concede que no paguen las retenciones”.

La mujer apuntó directamente contra el sesgo económico de la gestión libertaria:

_“Beneficia a las patronales que se enriquecen y hunde a los jubilados, que somos los que le estamos sosteniendo las finanzas”.

Otra manifestante se mostró “absolutamente indignada”, y sostuvo que la medida “es parte de la represión” contra los sectores más vulnerables del país.

Los argumentos del veto presidencial

El Decreto 534/2025, firmado por Javier Milei y la totalidad de su gabinete, vetó las leyes 27.791 (aumentos jubilatorios), 27.792 (moratoria previsional) y 27.793 (emergencia en discapacidad). El texto alega que su implementación habría significado un gasto adicional de más de $7 billones en 2025 y alrededor de $17 billones en 2026.

Desde el Ejecutivo se argumentó que las leyes fueron aprobadas sin cálculos actuariales ni previsión presupuestaria adecuada, y que el aumento permanente del gasto obligaría a recurrir a emisión monetaria, suba de impuestos o endeudamiento.

_“Cuando se le da la espalda al equilibrio fiscal y al cuidado de las cuentas públicas, los resultados son por demás conocidos y quienes más sufren son los que menos tienen”, justificó Milei en el decreto.

Además, el documento cuestionó el procedimiento legislativo en el Senado, señalando supuestos “vicios reglamentarios” y “mayorías incorrectas” en la aprobación de las leyes.

Repercusiones políticas y camino legislativo

Con la publicación del decreto, el veto total comenzará a ser evaluado en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, donde el oficialismo buscará sostener la validez de la medida. Para que el veto sea rechazado, se requeriría una mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras del Congreso, un escenario altamente improbable en el actual equilibrio parlamentario.

Organizaciones de jubilados, agrupaciones de discapacidad y sectores gremiales ya comenzaron a movilizarse en rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo. Distintos actores sociales advierten que la medida agrava la situación de millones de personas mayores que dependen de sus haberes previsionales y pensionados sin cobertura tras la derogación de la moratoria.