Política 📢
Jubilados repudiaron el veto de Milei a la nueva fórmula de aumentos
Reclamaron que el Gobierno prioriza al FMI y al agro antes que a los adultos mayores. El decreto afecta también a la moratoria previsional y a la emergencia en discapacidad.
Un grupo de jubilados se congregó este lunes frente a una organización ubicada sobre la calle Bartolomé Mitre, en la Ciudad de Buenos Aires, para manifestar su rechazo al veto presidencial a la nueva fórmula de aumentos jubilatorios, sancionada recientemente por el Congreso Nacional. La protesta fue registrada, donde varios asistentes expresaron su malestar por la medida oficializada a través del Decreto 534/2025, publicado en el Boletín Oficial.
“Hay plata para armas y para el FMI, pero no para nosotros”
Durante un móvil del programa Argenzuela, conducido por Jorge Rial, el periodista Rafael García Palavecino dialogó con manifestantes que cuestionaron el veto impulsado por Javier Milei, el cual también alcanzó la moratoria previsional y la ley de emergencia en discapacidad.
_“El veto es horrible. Encima que estamos mal económicamente, cada vez vamos a estar peor. Hay plata para invertir, comprar armas y para pagarle al FMI, pero para nosotros no”, denunció Jorge, uno de los jubilados presentes.
Otra participante, Nora, también criticó la decisión presidencial al considerar que responde a intereses sectoriales:
_“Este Gobierno hace un veto para no pagarnos $2.000 por día a los jubilados. Este hombre no quiere pagar eso mientras a las patronales del campo les concede que no paguen las retenciones”.
La mujer apuntó directamente contra el sesgo económico de la gestión libertaria:
_“Beneficia a las patronales que se enriquecen y hunde a los jubilados, que somos los que le estamos sosteniendo las finanzas”.
Otra manifestante se mostró “absolutamente indignada”, y sostuvo que la medida “es parte de la represión” contra los sectores más vulnerables del país.
Los argumentos del veto presidencial
El Decreto 534/2025, firmado por Javier Milei y la totalidad de su gabinete, vetó las leyes 27.791 (aumentos jubilatorios), 27.792 (moratoria previsional) y 27.793 (emergencia en discapacidad). El texto alega que su implementación habría significado un gasto adicional de más de $7 billones en 2025 y alrededor de $17 billones en 2026.
Desde el Ejecutivo se argumentó que las leyes fueron aprobadas sin cálculos actuariales ni previsión presupuestaria adecuada, y que el aumento permanente del gasto obligaría a recurrir a emisión monetaria, suba de impuestos o endeudamiento.
_“Cuando se le da la espalda al equilibrio fiscal y al cuidado de las cuentas públicas, los resultados son por demás conocidos y quienes más sufren son los que menos tienen”, justificó Milei en el decreto.
Además, el documento cuestionó el procedimiento legislativo en el Senado, señalando supuestos “vicios reglamentarios” y “mayorías incorrectas” en la aprobación de las leyes.
Repercusiones políticas y camino legislativo
Con la publicación del decreto, el veto total comenzará a ser evaluado en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, donde el oficialismo buscará sostener la validez de la medida. Para que el veto sea rechazado, se requeriría una mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras del Congreso, un escenario altamente improbable en el actual equilibrio parlamentario.
Organizaciones de jubilados, agrupaciones de discapacidad y sectores gremiales ya comenzaron a movilizarse en rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo. Distintos actores sociales advierten que la medida agrava la situación de millones de personas mayores que dependen de sus haberes previsionales y pensionados sin cobertura tras la derogación de la moratoria.
Política 📢
Vilches renunció a la Secretaría de Discapacidad y el Gobierno busca sucesor
Alejandro Vilches presentó su dimisión por motivos personales, según confirmaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas. El Ministerio de Salud evalúa quién conducirá el área, que pasó a depender de esa cartera tras el cierre de la ANDIS y acumula tensiones políticas desde el escándalo de corrupción que derivó en la primera designación de Vilches.
Un área sensible del Estado vuelve a quedar sin conducción definitiva. El Secretario Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, presentó su renuncia al cargo por razones personales, y en el Ministerio de Salud ya se evalúan posibles candidatos para sucederlo, sin que hasta el momento se haya oficializado ningún nombre ni comunicado desde el Ejecutivo.
El doctor Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, había acumulado un historial vertiginoso al frente de las políticas de discapacidad. Llegó al área en agosto de 2025 como interventor de la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), designado por el propio Ejecutivo luego del desplazamiento de Diego Spagnuolo, quien quedó envuelto en un escándalo por audios en los que se denunciaban presuntos pedidos de coimas. Posteriormente, cuando el Gobierno disolvió la ANDIS mediante el Decreto 942/2026 y la reemplazó por la Secretaría Nacional de Discapacidad bajo la órbita del Ministerio de Salud, Vilches continuó al frente de la nueva dependencia.
Una renuncia sin explicaciones en un área castigada
La salida de Vilches no vino acompañada de ninguna declaración pública ni comunicado oficial por parte del Ministerio de Salud o de la Jefatura de Gabinete. La falta de transparencia sobre las razones reales de la dimisión refuerza la opacidad que caracterizó a la gestión de discapacidad desde que el Gobierno decidió desmantelar la ANDIS, un organismo que históricamente funcionó como ente descentralizado con personalidad jurídica propia, y cuyo cierre fue cuestionado por legisladores de la oposición y organizaciones de personas con discapacidad.
La decisión de incorporar la Secretaría al Ministerio de Salud generó desde el inicio fuertes objeciones, por reducir la política de discapacidad a una perspectiva exclusivamente sanitaria. Las organizaciones del sector advirtieron que la discapacidad es un asunto de derechos humanos, accesibilidad, educación, trabajo y protección social, y no puede ser gestionada solo desde la óptica de la salud. Esa visión fue plasmada en proyectos legislativos que buscaron derogar el DNU 942/2026 y restituir el decreto que le daba autonomía al organismo.
El contexto: la ANDIS que fue y la Secretaría que quedó
La ANDIS nació como un organismo descentralizado con capacidad para articular y suscribir convenios de forma autónoma, articular con múltiples ministerios y garantizar el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad desde una perspectiva integral. Al pasar sus responsabilidades al Ministerio de Salud, todas las decisiones quedaron subordinadas a esa cartera, limitando la interdisciplinariedad que requiere el área.
La reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, formalizada mediante el Decreto 84/2026 luego de un fallo judicial que ordenó su aplicación, dejó la implementación del nuevo régimen de pensiones no contributivas en manos de la misma Secretaría cuyo titular acaba de renunciar. La incertidumbre sobre quién conducirá el organismo agrega un factor de inestabilidad a un sistema que atiende a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina.
Quién puede llegar
Desde el Ministerio de Salud se evalúan posibles candidatos, pero sin plazos confirmados ni definición oficial. La conducción de la Secretaría Nacional de Discapacidad requiere, según el propio sector, una mirada global e integral que excede ampliamente la política sanitaria e implica articulación permanente con las áreas de transporte, educación, empleo, protección social e interministeriales. Esa complejidad hace que el perfil del sucesor sea materia de disputa política interna.
Lo que tenés que saber
- Alejandro Vilches renunció a la Secretaría Nacional de Discapacidad por motivos personales, sin explicaciones oficiales adicionales.
- El Ministerio de Salud evalúa candidatos para cubrir el cargo, sin que se haya comunicado un nombre ni un plazo.
- Vilches llegó al área en agosto de 2025 como interventor de la ANDIS, tras el escándalo de corrupción que derivó en el desplazamiento de Diego Spagnuolo.
- La Secretaría Nacional de Discapacidad reemplazó a la ANDIS por el Decreto 942/2026, una decisión cuestionada por legisladores y organizaciones del sector por reducir la política de discapacidad a la órbita sanitaria.
- El organismo tiene a su cargo la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya reglamentación fue ordenada judicialmente.
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