Javier Milei oficializó este lunes el veto total a tres proyectos de ley de carácter social que había sancionado el Congreso, confirmando una vez más que su concepto del «equilibrio fiscal» pasa por el ajuste sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. A través del decreto 534/2025 publicado en el Boletín Oficial, el mandatario rechazó las leyes de aumento a jubilaciones, reinstauración de la moratoria previsional y declaración de emergencia en discapacidad.

El costo de la crueldad: 17 billones para justificar el ajuste

El Gobierno construyó su justificación sobre un argumento aparentemente técnico pero profundamente político: el supuesto «costo fiscal exorbitante» de las medidas. Según los considerandos del decreto, las tres iniciativas implicarían un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026, equivalentes al 0,90% y 1,68% del PBI respectivamente.

Sin embargo, esta argumentación revela las verdaderas prioridades del gobierno libertario. Mientras se presentan como «fiscalmente irresponsables» las medidas que beneficiarían a jubilados y personas con discapacidad, el mismo Ejecutivo no tuvo reparos en destinar fondos millonarios a publicidad oficial, gastos reservados de la SIDE o subsidios encubiertos a sectores empresariales afines.

La ley de jubilaciones vetada proponía un aumento de emergencia del 7,2%, la creación de un bono permanente de $110.000 actualizable y transferencias a las cajas previsionales provinciales no transferidas. Para un gobierno que se jacta de haber terminado con «la fiesta», resulta llamativo que considere una «fiesta» darle un respiro económico a quienes construyeron el país.

El lawfare procesal: cuando la forma esconde el fondo

Pero Milei no se conformó con el argumento económico. El decreto también denuncia supuestas «graves nulidades» en el proceso legislativo del Senado, argumentando que la sesión del 10 de julio se realizó sin citación previa y que el tratamiento de los proyectos se habilitó con mayoría simple cuando se requerían dos tercios.

Esta estrategia revela un patrón preocupante: cuando el Congreso ejerce sus facultades constitucionales aprobando leyes que no coinciden con la agenda del Ejecutivo, automáticamente se convierten en «ilegítimas» o «viciadas». Es el mismo manual que utiliza la derecha judicial cuando falla en contra de sus intereses.

El Gobierno sostiene que los proyectos incumplen el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera al no especificar fuentes de financiamiento genuinas. Sin embargo, convenientemente omite mencionar que estas mismas exigencias técnicas no se aplicaron con el mismo rigor a la hora de aprobar partidas para gastos menos nobles o cuando se trató de beneficiar a sectores concentrados de la economía.

Las víctimas del ajuste: jubilados y personas con discapacidad

Las tres leyes vetadas tenían destinatarios muy claros: los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. La moratoria previsional reinstalaba por dos años el Plan de Pago de Deuda Previsional, permitiendo el acceso a la jubilación sin los 30 años de aportes efectivos. La ley de discapacidad declaraba la emergencia nacional hasta 2026 y creaba una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad.

En otras palabras, Milei vetó medidas que habrían mejorado concretamente la vida de millones de argentinos que hoy subsisten con ingresos de indigencia. Su «equilibrio fiscal innegociable» se construye sobre la base del sufrimiento de quienes no tienen voz en los medios concentrados ni lobby en los pasillos del poder.

El Congreso ante el desafío de la insistencia

Con el veto oficializado, la pelota vuelve ahora al Congreso, donde la oposición necesitará una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras para insistir y convertir en ley los proyectos rechazados. Esta instancia será una prueba de fuego para medir si existe en el Parlamento una mayoría dispuesta a enfrentar el autoritarismo fiscal del oficialismo.

El veto de Milei no es solo una decisión administrativa: es una declaración de principios que confirma que su gobierno considera a los jubilados, las personas con discapacidad y los trabajadores informales como variables de ajuste en su experimento neoliberal.

La pregunta que queda flotando es si el Congreso tendrá la valentía política de insistir con estas leyes o si permitirá que el Ejecutivo siga gobernando por decreto, convirtiendo al Parlamento en una escribanía de lujo del pensamiento único libertario.

Puntos clave:

• Milei vetó tres leyes sociales por un supuesto costo de 17 billones de pesos
• El Gobierno argumenta «graves nulidades» en el proceso legislativo del Senado
• Las medidas beneficiaban a jubilados, trabajadores informales y personas con discapacidad
• La oposición necesita dos tercios en ambas cámaras para insistir con las leyes
• El veto consolida la política de ajuste sobre los sectores más vulnerables