El Banco Central de la República Argentina (BCRA) formalizó la implementación de las cuentas especiales destinadas al Fondo de Cese Laboral a través de la Comunicación «A» 8288, publicada el 31 de julio de 2025. La resolución materializa uno de los aspectos más controvertidos de la reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza, que busca transformar de raíz el sistema de protección de los trabajadores ante el despido.

Se trata de un régimen opcional y que permite reemplazar la indemnización por antigüedad prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (sueldo por año trabajado). Esta alternativa fue habilitada mediante el Decreto 847/2024, integrado a la Ley de Bases (Ley 27.742).

Un sistema que beneficia al capital

El nuevo esquema contempla la constitución de Fondos Comunes de Inversión (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF) que deben incluir explícitamente «Cese Laboral» en su denominación. Los aportes son realizados exclusivamente por el empleador, aunque también pueden ser voluntarios por parte del trabajador si así lo acuerdan las partes mediante convenio colectivo.

Serán cuentas individuales o colectivas, gratuitas y obligatorias para los bancos, según confirmaron fuentes del sector financiero. El aporte mensual máximo será generalmente del 8% de la remuneración computable, aunque en algunos sectores —como la construcción a través de UOCRA— el primer año llega al 12%.

Detrás de la retórica gubernamental sobre la «previsibilidad» para las empresas, se esconde una realidad muy distinta: la posibilidad de que los trabajadores pierdan uno de sus derechos fundamentales a cambio de un sistema que traslada el riesgo del despido al propio empleado.

Las dudas sobre la «opcionalidad» del sistema

Aunque el gobierno insiste en que se trata de un régimen «opcional», las organizaciones sindicales expresan su preocupación por la presión que podrían ejercer los empleadores para que los trabajadores adhieran al sistema. La adhesión requiere acuerdo en los convenios colectivos, lo cual podría transformarse en una imposición de facto en sectores con menor capacidad de negociación.

Los fondos del sistema de cese laboral son inembargables por deudas del empleador o del trabajador y están cedidos condicionalmente a favor de este último. Sin embargo, esta protección no compensa la pérdida de certeza que representaba el sistema anterior, donde la indemnización estaba garantizada por ley.

Control estatal y supervisión fragmentada

Para su correcta administración, la supervisión recae en distintos organismos según el instrumento utilizado: el Banco Central para las cuentas bancarias, mientras que la Comisión Nacional de Valores (CNV) regula los productos de inversión colectiva.

La CNV aprobó la Resolución General N° 1071, con la cual se crea un régimen especial para Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral, en los términos del Decreto N° 847/2024, completando el marco regulatorio que permite la operatoria del sistema.

El trasfondo ideológico de la medida

Esta reforma forma parte del paquete de medidas que el gobierno libertario impulsa para «flexibilizar» el mercado laboral, un eufemismo que en la práctica significa precarizar las condiciones de trabajo y debilitar los derechos de los empleados.

El timing de la reglamentación no es casual: mientras el país atraviesa una profunda recesión con altísimos niveles de desempleo, el gobierno avanza con reformas que benefician al sector empresario a costa de los trabajadores. La medida se enmarca en la lógica neoliberal que privilegia la «competitividad» empresaria por sobre la protección social.

Las consecuencias para los trabajadores

El nuevo sistema presenta varios riesgos para los empleados:

1. Pérdida de certidumbre: El trabajador ya no tiene garantizada una indemnización fija sino que depende del rendimiento de inversiones financieras.
2. Transferencia del riesgo: El riesgo del despido se traslada del empleador al empleado, quien debe asumir las fluctuaciones del mercado financiero.
3. Presión para adherir: Aunque formalmente es «opcional», la presión empresaria podría transformarlo en obligatorio de facto.
4. Atomización sindical: Al individualizarse la protección, se debilita la capacidad colectiva de negociación.

Un precedente peligroso

La implementación del Fondo de Cese Laboral no es un hecho aislado sino parte de una estrategia más amplia del gobierno de Milei para desmantelar el sistema de protecciones laborales construido a lo largo de décadas. La experiencia internacional muestra que este tipo de reformas tienden a expandirse una vez implementadas, convirtiendo la «opcionalidad» inicial en obligatoriedad.

La reglamentación del BCRA marca un antes y un después en las relaciones laborales argentinas. Mientras el gobierno celebra haber dado «previsibilidad» a las empresas, los trabajadores enfrentan la posibilidad de perder uno de sus derechos más elementales: la certeza de una indemnización justa ante el despido arbitrario.

Puntos clave:

• El BCRA reglamentó las cuentas para el Fondo de Cese Laboral mediante la Comunicación «A» 8288/2025
• El sistema permite reemplazar las indemnizaciones tradicionales por aportes empresarios del 8% mensual
• Aunque se presenta como «opcional», genera preocupación por posibles presiones a los trabajadores
• La medida forma parte del paquete de reformas laborales del gobierno libertario
• Los fondos serán supervisados por el BCRA y la CNV según el instrumento utilizado