Legislativo
Milei se reunió con sus diputados en busca de que se apruebe el proyecto ómnibus
Así lo confirmó en su habitual conferencia de prensa diaria el portavoz presidencial Manuel Adorni.
El presidente Javier Milei encabezó esta mañana una reunión con diputados nacionales del oficialismo para analizar la estrategia que se usará para intentar aprobar los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo para su tratamiento en sesiones extraordinarias.
Así lo confirmó en su habitual conferencia de prensa diaria el portavoz presidencial Manuel Adorni, quién señaló que el encuentro que se desarrolló por algo más de dos horas fue para trabajar sobre «la estrategia legislativa y los avances en esa materia».
Además señaló que la conformación de comisiones en el Congreso «es inminente» y que, apenas se cree la bicameral que analiza los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), el Gobierno nacional enviará el DNU lanzado el 21 de diciembre pasado.
En las últimas horas, la Cámara de Diputados oficializó la convocatoria para conformar cinco comisiones clave que analizarán la Ley de «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos»: se trata de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, la de Asuntos Constitucionales, la de Legislación General, la de Relaciones Exteriores y la de Juicio Político.
Desde la Casa Rosada brindaron algunos detalles que el Ejecutivo pretende para el tránsito legislativo de los proyectos, en especial, el que busca la reforma del Estado: No se negociarán ejes principales y el tratamiento tiene que darse antes de fin de mes.
«No está en los planes que haya extraordinarias en febrero», sentenció un colaborador de la Presidencia en declaraciones a Télam.
Por otra parte, un participante en la reunión que se desarrolló en el Salón Sur de Casa Rosada confirmó esa afirmación y aseguró que el objetivo es «tener la Ley votada el 31 de enero».
Por su parte, el portavoz Adorni explicó que la reunión «fue en línea con la estrategia legislativa en la mal llamada ley ómnibus» y sostuvo que el Gobierno tiene «plena confianza en que va haber novedades de aquí al 31 de enero».
«Es un tramite legislativo muy complejo por la extensión de la ley, los intereses en juego y porque en definitiva parte al medio la Argentina. Por un lado está la vieja Argentina que privilegia a la casta que vive de una u otra forma del Estado y del otro lado la que le abre la puerta a una Argentina totalmente distinta», afirmó luego en declaraciones a Radio Rivadavia.
Al ser consultado por los gobernadores patagónicos que se oponen a las modificaciones de la ley ómnibus en la actividad pesquera, Adorni sostuvo que se está «abriendo a la competencia y que nuevos operadores puedan mediante un proceso licitatorio desarrollar su actividad».
Además criticó que hay un sector que plantea que el gobierno quiere «cerrar el Congreso» cuando la Ley fue presentada en el Parlamento donde uno «abre al debate, al dialogo y al consenso».
«El DNU está en plena vigencia desde el viernes a las 00 horas. Para nosotros No hay mas que discutir, el camino que siga en términos legislativos será un tema exclusivamente del Poder Legislativo que nosotros no nos metemos ni nos queremos meter. Llegado el caso veremos como actuaremos en consecuencia», añadió.
En ese sentido consideró que «no va a haber ningún problema con el DNU» y ratificó que cumple «con el requerimiento de necesidad y urgencia y hay jurisprudencia» que lo avala.
«Ya vemos resultados positivos como en la oferta de alquileres», aseguró y añadió que «hay una fantasía que el presidente Milei y quienes pertenecemos a su gabinete no queremos abrir la discusión a determinadas cuestiones».
«Somos absolutamente respetuosos al dialogo, al debate y de las diferentes ideas porque es lo que nos hace liberales», completó.
El partido gobernante cuenta con 38 diputados nacionales y ocho senadores, razón que obligará a esa fuerza a coordinar con otras para conseguir un tratamiento favorable del DNU y de los 12 temas planteados por la Presidencia de la Nación para las sesiones de verano.
Milei estuvo acompañado en la reunión por el titular de la Cámara, Martín Menem, y participaron además los diputados Oscar Zago, Lisandro Almirón, María Fernanda Araujo, Beltrán Benedit, Bertie Benegas Lynch, Gabriel Bornoroni, Facundo Correa Llano, Nicolás Emma, Eduardo Falcone, Alida Mónica Ferreyra y Gerardo Huesen.
A ellos se sumaron María Cecilia Ibañez, Lilia Lemoine, Mercedes Llano, Nicolás Mayoraz, Julio Moreno Ovalle, María Celeste Ponce, Manuel Quintar, Juliana Santillán Juárez Brahim, Santiago Santurio, Lorena Villaverde.
Legislativo
Bregman convoca a movilizar al Congreso: «El gobierno y los jueces se ríen de nosotros»
La diputada del Frente de Izquierda llamó a movilizarse frente al Congreso el 15 de octubre, denunciando que el Poder Judicial actúa en sintonía con el gobierno de Milei y no como árbitro independiente. La frase condensa un clima político que viene creciendo: la impunidad como regla y la calle como única respuesta posible.
«Basta de que el gobierno y los jueces se rían de nosotros. El 15 de octubre tenemos que estar todos y todas frente al Congreso.» Con esa frase directa y sin eufemismos, la diputada nacional Myriam Bregman lanzó una convocatoria a movilizarse que circula en redes sociales y que condensa en pocas palabras una temperatura política que viene acumulándose: la percepción extendida en la oposición y en amplios sectores sociales de que la Justicia opera en sintonía con el poder, no como contrapeso.
Bregman es diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires en el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), abogada con trayectoria en causas de derechos humanos y una de las voces más activas en el rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei. Su declaración, publicada en la red social Threads, coloca en el mismo banco al Ejecutivo y al Poder Judicial, a quienes acusa de actuar en perjuicio de la ciudadanía y sin rendir cuentas ante nadie.
Un diagnóstico compartido: la Justicia como problema político
La declaración de Bregman no surge del vacío. La relación entre el Poder Judicial federal y el gobierno de Milei es uno de los nudos más tensos de la política argentina actual. Por un lado, el oficialismo envió al Senado cientos de pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos en un proceso de designaciones que la oposición cuestiona por su velocidad y por la falta de debate genuino sobre los perfiles propuestos. Por otro, causas que involucran a funcionarios del gobierno libertario, como las investigaciones en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la causa $Libra y los expedientes por enriquecimiento ilícito de funcionarios del gabinete, avanzan con una lentitud que contrasta con el ritmo de otras causas.
Ese cuadro alimenta una percepción que Bregman articula con claridad: cuando la Justicia no investiga a quienes gobiernan y simultáneamente actúa contra opositores o sectores vulnerables, pierde su condición de árbitro independiente y se convierte en un instrumento de poder. No es una lectura nueva en la política argentina, pero adquiere nueva urgencia en un contexto donde el ajuste fiscal golpea a la mayoría mientras los escándalos de corrupción se acumulan sin condenas.
La calle como respuesta a la impunidad
La convocatoria al Congreso para el 15 de octubre no es solo un gesto simbólico. En la tradición política argentina, la movilización frente al Congreso es el recurso de quienes sienten que los canales institucionales están cerrados o capturados. Bregman lo sabe y lo elige conscientemente: frente a una Justicia que, según su diagnóstico, «se ríe» de la ciudadanía, la respuesta es la presencia masiva en el espacio público.
El FIT-U viene sosteniendo una posición de oposición sin concesiones al gobierno de Milei desde el inicio de su gestión. A diferencia de otros bloques opositores que negociaron apoyos puntuales al oficialismo, el Frente de Izquierda no le votó ninguna medida de relevancia al gobierno libertario. Esa consistencia le da a Bregman una autoridad moral específica cuando llama a la calle: no convoca desde la comodidad de quien eventualmente cedió, sino desde una oposición sostenida en el recinto y fuera de él.
El Congreso como escenario de disputa
Elegir el Congreso como punto de concentración tiene una carga simbólica precisa. Es el lugar donde se aprueban los pliegos judiciales, donde se vota o se bloquea la legislación que define quiénes pueden ser procesados y con qué garantías, y donde las mayorías parlamentarias deciden qué causas avanzar y cuáles frenar. La convocatoria de Bregman instala la pregunta de fondo que el oficialismo prefiere no responder: ¿a quiénes sirven los jueces que el gobierno designa?
En ese marco, la frase «que el gobierno y los jueces se ríen de nosotros» es también una lectura sobre la impunidad como sistema. Cuando los funcionarios acumulan denuncias y las investigaciones no avanzan, y cuando simultáneamente la Justicia actúa con celeridad contra quienes protestan o reclaman, la ecuación se hace insostenible para cualquier noción básica de igualdad ante la ley. Bregman lo dice en público y convoca a decirlo en la calle. La pregunta es cuántos la escuchan.
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