Legislativo
Sin empleados, sin controles y con ley extranjera: el plan de Milei para las empresas del siglo XXI
El gobierno giró al Congreso el proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades para habilitar compañías gestionadas por inteligencia artificial y organizaciones en blockchain. La iniciativa, diseñada por Federico Sturzenegger, elimina el control obligatorio del Estado sobre la estructura interna de las empresas y les permite resolver conflictos bajo derecho extranjero.
Empresas sin empleados y sin ley argentina: la reforma societaria de Milei
★ Manuel Adorni, el jefe de Gabinete investigado judicialmente por presunto enriquecimiento ilícito, fue quien anunció el 29 de mayo el envío al Congreso del proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades, norma que regula la constitución y funcionamiento de las empresas en Argentina desde 1972, sancionada durante el gobierno de facto de Alejandro Lanusse. Horas después, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, amplió los detalles a través de la red social X, calificando la legislación vigente de «rígida y anacrónica» y construida sobre «la desconfianza al sector privado». La iniciativa fue elaborada en conjunto por el Ministerio de Desregulación, el Ministerio de Justicia y la Secretaría Legal y Técnica.
Empresas sin personas: las nuevas figuras jurídicas
El aspecto más disruptivo del proyecto es la creación de dos figuras sin precedentes en el derecho argentino. La primera es la «Sociedad Automatizada», que puede operar mediante algoritmos o inteligencia artificial sin requerir empleados para su funcionamiento ordinario. La segunda son las DAO (Organizaciones Autónomas Descentralizadas), entidades que funcionan total o parcialmente de forma autónoma, con participaciones representadas en tokens y registros en blockchain, sin directorios ni gerencias tradicionales. Ambas figuras tendrían, según el Ejecutivo, personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada.
La habilitación legal de empresas que operan sin trabajadores humanos llega en simultáneo con la reglamentación de la reforma laboral. En mayo de 2026, el Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial los decretos 406, 407, 408 y 409, firmados por Milei, Adorni, Sturzenegger y el ministro de Economía Luis Caputo, que modificaron la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Convenciones Colectivas y la Ley de Asociaciones Sindicales.
El estatuto por encima de la ley
Uno de los ejes centrales de la reforma convierte las normas de la Ley General de Sociedades en disposiciones supletorias: el estatuto de cada empresa prevalecerá sobre la legislación general. «Las restricciones estatales serán excepcionales y de interpretación restrictiva. Los registros públicos no podrán dictar resoluciones que limiten lo que la ley permite», declaró Sturzenegger.
Esta modificación implica una reducción concreta de las facultades de organismos de control clave como la Inspección General de Justicia (IGJ) y las Direcciones Provinciales de Personas Jurídicas. Fuentes parlamentarias de la oposición advirtieron que vaciar de control público las estructuras de las grandes corporaciones podría facilitar maniobras irregulares. La reforma también flexibiliza el objeto social de manera radical: podrá ser «amplio, plural y sin obligación de conexidad entre actividades». Si el estatuto no consigna un objeto, se entenderá que la sociedad puede realizar cualquier actividad lícita.
Derecho extranjero y arbitraje privado: la elusión de la justicia argentina
El punto de mayor tensión jurídica es la posibilidad de que las sociedades sometan sus conflictos internos al derecho extranjero o mercantil internacional y pacten cláusulas arbitrales en el estatuto para resolver controversias por fuera de los tribunales argentinos. Sturzenegger citó como modelos de referencia a Dubai, donde las relaciones societarias se rigen por la legislación que los propios socios elijan, y a Irlanda, cuyo marco legal y fiscal atrajo a las principales multinacionales tecnológicas del mundo.
La posibilidad de que una empresa argentina dirima sus disputas bajo legislación extranjera, con participaciones en tokens y sin empleados, suma interrogantes en el marco del diagnóstico que el Foro Economía y Trabajo publicó en mayo de 2026: ese colectivo de economistas y profesionales vinculados al movimiento sindical advirtió que la fuga de capitales «no es una irregularidad técnica, sino un mecanismo de apropiación privada de recursos sociales que el sistema tributario actual facilita y protege». La reforma societaria profundiza ese esquema al blindar jurídicamente los acuerdos entre partes privadas frente a cualquier intervención estatal.
Digitalización integral y el fin del expediente en papel
La iniciativa incorpora también la digitalización plena del sistema societario: domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia, constitución de sociedades mediante firma digital y legajo digital público para cada empresa. «Con este proyecto, el expediente en papel queda en la historia», afirmó Sturzenegger.
Un paquete más amplio: Hojarasca, Propiedad Privada y más desregulación
La reforma societaria forma parte de un paquete legislativo que el gobierno de Milei viene acelerando en el Congreso. La denominada Ley Hojarasca busca derogar más de 60 normas que el Ejecutivo considera obsoletas. La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, también diseñada por Sturzenegger, ya obtuvo dictamen en el Senado y podría tratarse en sesión plenaria el 4 de junio. Para los próximos meses, el ministro anticipó también reformas en el mercado de capitales y seguros, y cambios en la Ley de Cabotaje.
No es un dato menor que haya sido precisamente Adorni, el funcionario bajo investigación judicial por un patrimonio que la justicia federal estima en más de 840.000 dólares que no puede justificar, el encargado de anunciar vía redes sociales una reforma cuyo objetivo declarado es reducir «los controles arbitrarios de los burócratas». La ironía institucional no pasó inadvertida para sectores de la oposición y de la sociedad civil.
Puntos clave:
- El gobierno envió al Congreso la reforma de la Ley General de Sociedades, vigente desde 1972 y sancionada durante el gobierno de facto de Lanusse.
- La iniciativa crea las «Sociedades Automatizadas» (operadas por inteligencia artificial sin empleados) y las DAO (blockchain y tokens), ambas con personalidad jurídica plena.
- Las normas legales pasan a ser supletorias frente al estatuto corporativo, reduciendo el poder de control de la IGJ y organismos provinciales similares.
- Las empresas podrán resolver conflictos internos bajo derecho extranjero o arbitraje privado, eludiendo la justicia argentina.
- La reforma integra un paquete legislativo más amplio que incluye la Ley Hojarasca y la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Legislativo
El Senado vota este jueves los jueces que Milei quiere en Comodoro Py
El cuerpo legislativo trata este jueves los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la Sala I de la Cámara Federal, el tribunal que debe revisar la causa $LIBRA, el escándalo de ANDIS y las investigaciones sobre el entorno presidencial. El kirchnerismo no participó de la audiencia previa y el resultado está prácticamente definido. Un juez trasladado intentó frenar la sesión con una cautelar que no llegó a tiempo.
El Senado de la Nación convocó para este jueves, a las once de la mañana, una sesión en la que tratará 67 pliegos de magistrados. En ese universo, dos nombres concentran toda la atención política y judicial del país: Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, candidatos oficialistas para cubrir las dos vacantes en la Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, el fuero de Comodoro Py que actúa como instancia revisora de las causas más sensibles para el Gobierno nacional.
El tribunal al que ambos aspiran tiene en su agenda expedientes que involucran directamente al Poder Ejecutivo: la causa por el lanzamiento fraudulento de la criptomoneda $LIBRA, el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por supuestas irregularidades en nombramientos y desvío de fondos, y las investigaciones que salpican al entorno más cercano del presidente Javier Milei y de su hermana Karina Milei. El Gobierno no quiere que esos expedientes avancen en manos de jueces incómodos.
El proceso que armó el Ejecutivo
El impulso para cubrir esas vacantes se aceleró tras la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. Fue bajo su gestión que el Poder Ejecutivo descongeló el concurso 461, el proceso que había quedado trabado y que determinaba los candidatos para reemplazar a Bertuzzi y a Leopoldo Bruglia, quienes habían sido trasladados a la Cámara Federal durante el gobierno de Mauricio Macri sin haber pasado por ningún concurso previo.
En 2020, la Corte Suprema de Justicia estableció en un fallo que los traslados de jueces no son definitivos y que el acceso a un cargo solo puede darse mediante concurso. Bertuzzi y Bruglia debían abandonar sus posiciones. El gobierno de Milei, inicialmente, intentó que se quedaran, llegando a impulsar una solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esa estrategia se abandonó a finales de 2025, en un giro que desde los pasillos de Comodoro Py atribuyen a la influencia creciente de Santiago Viola, número dos del Ministerio de Justicia y hombre de confianza de Karina Milei.
El 10 de junio, el Consejo de la Magistratura aprobó las dos ternas para cubrir las vacantes, con la oposición del kirchnerismo. En una de ellas quedó Bertuzzi; en la otra, Yadarola. Vale señalar que, cuando se realizó el concurso, ninguno de los dos había quedado entre los seis primeros puestos, que son los que garantizan el ingreso automático a las ternas.
Una audiencia sin oposición
El 12 de agosto, Bertuzzi y Yadarola se presentaron ante la Comisión de Acuerdos del Senado para defender sus postulaciones. La audiencia se desarrolló sin presencia del kirchnerismo, lo que privó al proceso de los cuestionamientos más incómodos para los candidatos: nadie le preguntó a Bertuzzi sobre su vínculo con el macrismo y su paso por los tribunales federales de La Plata; nadie interrogó a Yadarola sobre el escandaloso viaje a Lago Escondido, donde en 2021 varios magistrados y empresarios del sector de medios se reunieron de manera informal en la estancia de Joe Lewis.
Bertuzzi repasó su trayectoria desde sus inicios en Comodoro Py hasta su breve paso por La Plata. Yadarola detalló sus comienzos en la justicia ordinaria y su labor en el juzgado de Retiro, donde fue secretario a cargo de la investigación sobre los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Desde 2015, Yadarola se desempeña como juez en el fuero penal económico. El trámite fue, en definitiva, lo más amable que podría haber sido.
Castelli intentó frenar la sesión pero llegó tarde
En las horas previas a la sesión, el juez Germán Castelli, uno de los magistrados trasladados durante el macrismo que ahora enfrenta ser desplazado, presentó una acción declarativa de certeza ante el fuero contencioso administrativo federal. Castelli sostiene que el proceso para designar y remover magistrados configura un mecanismo discriminatorio, y solicitó una medida cautelar que impidiera al Senado tratar los pliegos de Bertuzzi y Yadarola.
La presentación recayó en el juzgado del juez Martín Cormick. Sin embargo, los tiempos juegan claramente en contra de Castelli: la sesión está convocada para las once de la mañana del jueves, y no hay señales de que una cautelar vaya a prosperar antes de que el Senado se expida.
Qué pasa después de la aprobación
Si el Senado aprueba los pliegos, como todo indica que ocurrirá, el Gobierno buscará que Bertuzzi y Yadarola juren en la semana siguiente. Eso significará que Leopoldo Bruglia deberá desocupar su oficina en la Cámara Federal y regresar al Tribunal Oral Federal (TOF) 4, su destino de origen.
La conformación definitiva de la Sala I quedará integrada también por Mariano Llorens, cuyo nombre circula como uno de los posibles candidatos que el Gobierno de Milei estaría evaluando para elevar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Sala II, en tanto, está compuesta por Roberto Boico y Eduardo Farah, mientras que el tercer integrante de esa sala, Martín Irurzun, se encuentra en un limbo institucional desde el 18 de julio, cuando alcanzó la edad límite para ejercer la magistratura sin que el Ejecutivo mostrara el menor interés en gestionar su renovación.
También están previstos en la sesión los pliegos de Valeria Rico, Ramiro Velasco y Santiago Schiopetto para los Tribunales Orales Federales de Comodoro Py, y la reválida para que la jueza Matilde Ballerini continúe en la Cámara Comercial más allá de los 75 años. Ballerini es recordada por haber favorecido a Macri en la causa del Correo Argentino.
En el Ministerio de Justicia trabajan además en un proyecto para reducir la estructura de Comodoro Py, fundamentalmente la Cámara Federal de Casación Penal y los juzgados de primera instancia, y crear nuevos juzgados en las provincias. Septiembre también será el mes en que el sistema acusatorio comenzará a aplicarse en la jurisdicción de La Plata, en el marco de la reforma procesal en curso.
Puntos clave
- El Senado trata este jueves los pliegos de Bertuzzi y Yadarola para la Sala I de la Cámara Federal, el tribunal revisor de causas clave para el Gobierno.
- El kirchnerismo ausentó de la audiencia previa: ninguno de los candidatos fue interrogado sobre sus vínculos políticos ni sobre el escándalo de Lago Escondido.
- El juez Castelli presentó una acción para frenar la sesión, pero los tiempos hacen inviable una cautelar antes de la votación.
- Si se aprueban los pliegos, el Gobierno buscará que ambos magistrados juren la semana próxima; Bruglia deberá dejar la Cámara y volver al TOF 4.
- En paralelo, el Ministerio de Justicia prepara un proyecto para achicar la estructura de Comodoro Py y ampliar juzgados federales en las provincias.
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