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125.000 viviendas sin terminar: el impacto del cierre de la Secretaría de Vivienda

La paralización de proyectos habitacionales podría derivar en reclamos judiciales contra el Estado.

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Lo que tenés que saber

  • La eliminación de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda dejó 125.000 viviendas sin finalizar.
  • Más de 400 trabajadores del organismo fueron despedidos y miles de empleos indirectos están en riesgo.
  • Obras de infraestructura esenciales quedaron suspendidas, afectando el acceso a servicios básicos.
  • La paralización de proyectos habitacionales podría derivar en reclamos judiciales contra el Estado.
  • Fondos internacionales destinados a obras corren el riesgo de perderse por incumplimiento de los compromisos asumidos.

125.000 viviendas sin terminar: el efecto del cierre de la Secretaría de Vivienda

La decisión del gobierno nacional de eliminar la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, junto con programas de financiamiento habitacional, dejó en suspenso la construcción de 125.000 viviendas en diferentes puntos del país. Muchas de ellas se encontraban en etapas avanzadas, con niveles de ejecución del 100%, 80% o 50%, mientras que otras requerían obras complementarias para su entrega.

Según los registros oficiales, las obras interrumpidas representan una inversión de más de 3.000 millones de dólares, que ahora podrían quedar inutilizadas. “Lamentablemente tenemos 125.000 soluciones habitacionales en diferentes estados de ejecución desde al 100%, 80%, 50%, en diferentes lugares en toda la Argentina, que no se van a concretar dejando, inclusive, a las constructoras sin cobrar”, señaló la delegada de ATE Capital, Alejandra Basso.

Despidos y obras en riesgo

El cierre del área de vivienda no solo impactó en la paralización de proyectos habitacionales, sino que también dejó sin empleo a más de 400 trabajadores del organismo. Además, miles de empleos indirectos en la construcción y otros sectores relacionados enfrentan un panorama incierto. Se estima que al menos 400.000 trabajadores privados, entre arquitectos, plomeros, electricistas y albañiles, se ven afectados por la medida.

Las provincias y municipios que solicitaron continuar con las obras no recibieron respuesta del gobierno nacional, lo que agrava la situación. “Si bien algunas intendencias o provincias, como el caso de la provincia de Buenos Aires, están pidiendo las obras para continuarlas, el gobierno no las otorga”, explicó Basso.

Programas de vivienda desactivados

El Decreto 70/2025 incluyó la eliminación del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR) y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. También afectó al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), cuya desarticulación detuvo más de 30.000 obras de infraestructura básica para barrios populares.

El impacto no solo se refleja en la falta de viviendas terminadas, sino también en la situación de quienes ya tenían créditos aprobados. Existen al menos 2.000 casos de beneficiarios que recibieron una parte del préstamo para construir su casa y quedaron sin los fondos necesarios para finalizarla. “Estas familias quedaron en la nada: no tienen la casa, y encima están endeudados y sin respuestas”, advirtió Basso.

Riesgo de juicios y pérdida de financiamiento

El incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado podría generar litigios judiciales y la pérdida de financiamiento internacional. Organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinaban fondos para estos proyectos, que ahora corren el riesgo de ser reclamados debido a la falta de ejecución. “Miles y miles de millones de dólares en juego para financiamiento de obras al largo de los años, que cuando se avanza en la obra hay que dar cuenta de ello y devolver la plata”, indicó la delegada.

Crisis habitacional y acceso a la vivienda

Mientras los programas estatales de vivienda fueron desmantelados, el acceso a la vivienda sigue siendo una problemática para millones de personas. Según datos recientes, 1 de cada 3 hogares en Argentina no cuenta con condiciones adecuadas de habitabilidad, ya sea por falta de servicios esenciales o por situaciones de hacinamiento. Además, el porcentaje de inquilinos creció hasta el 21% de la población, mientras que el acceso a la vivienda propia disminuyó en los últimos diez años.

La desregulación del mercado inmobiliario y la derogación de la Ley Nacional de Alquileres intensificaron la crisis. Un informe elaborado por CIPPEC, TECHO y ACIJ reveló que el 87% de los inquilinos enfrentó aumentos de alquiler en plazos inferiores a seis meses y que el endeudamiento familiar creció en más de la mitad de los hogares que alquilan.

Morón

Narcofuncionaria en Morón: Ghi no fue a la interpelación y su enviado lo contradijo cuatro veces

El intendente de Morón evitó presentarse ante el Concejo Deliberante y delegó en su secretario de Seguridad la defensa por el escándalo de Luna Ortigoza, la exdirectora de Género prófuga con medio kilo de cocaína. El enviado contradijo al jefe comunal al menos cuatro veces y aprovechó la sesión para promocionar su propia figura.

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El Argentino Diario-Damián Cardoso-Lucas Ghi.
El narcoescándalo de Morón y la crisis de la gestión de Ghi: cuando el que defiende termina hundiendo.

Ghi mandó a Cardoso y él mismo lo hundió: cuatro contradicciones en la interpelación por la narcofuncionaria

★ El intendente de Morón, Lucas Ghi, no fue. En la sesión extraordinaria convocada para este jueves en el Concejo Deliberante por el escándalo de la exdirectora de Género Luna Suyai Ortigoza, prófuga desde el 21 de mayo tras el hallazgo de más de medio kilo de cocaína en su domicilio de Castelar Sur, el jefe comunal decidió no comparecer personalmente y delegar la tarea en su secretario de Seguridad, Damián Cardoso. La decisión no pasó inadvertida: todos los ediles que tomaron la palabra en el recinto lo señalaron con la misma frase: «Esperábamos a Lucas Ghi».

Lo que siguió fue una sesión de cuatro horas y media que, lejos de acotar el daño político, lo amplificó. Cardoso zigzagueó sobre la participación de su área en los operativos judiciales y policiales, se jactó de eficiencia en algunos momentos y tomó distancia en otros, y terminó contradiciendo a su propio jefe al menos en cuatro puntos centrales del relato oficial.

El comunicado de Ghi versus la versión de Cardoso

La primera contradicción emergió en el punto más sensible del caso: si el Municipio sabía o no de los allanamientos antes de que derivaran en el hallazgo de la droga en la casa de la funcionaria. Cuando el escándalo estalló, Ghi emitió un comunicado oficial en el que sostuvo que los procedimientos habían sido «impulsados desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana para combatir el delito en el distrito». La afirmación resultaba políticamente conveniente: sugería que el propio gobierno municipal había activado la operación.

Cardoso desmintió esa versión ante los concejales. El secretario de Seguridad aseguró que su área no tenía conocimiento previo de los operativos y que fue informada con posterioridad por la Unidad Fiscal de Investigación. El contrapunto no es menor: sobre Ortigoza pesa la sospecha, planteada por varios concejales durante la sesión, de que pudo haber sido alertada con anticipación sobre la realización de los allanamientos, lo que explicaría su fuga antes de que los efectivos llegaran a su domicilio.

«La nombró Ghi el 1° de febrero de 2020»

La segunda contradicción llegó cuando Cardoso refutó una frase que el propio intendente había utilizado públicamente para tomar distancia del caso. Ghi había dicho que Ortigoza «venía de otras gestiones», intentando así construir una distancia entre su administración y la funcionaria imputada. Cardoso lo desmintió con precisión: «La nombró el intendente Lucas Ghi el 1° de febrero de 2020″.

El dato se corrobora en el decreto de designación. Según fuentes consultadas por distintos medios, Ortigoza fue nombrada como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad en junio de 2025, aunque previamente había tenido pasos por el área de Salud del Municipio como empleada temporaria. Su madre, Silvina Ortigoza, se desempeña actualmente como directora de la UGC N° 5 de El Palomar.

Sin formación para el cargo y sin objeciones del oficialismo

La tercera contradicción alcanzó el terreno de las capacidades. Cardoso descartó que Ortigoza tuviera la formación adecuada para desempeñarse en políticas de Género, una afirmación que contradice directamente la decisión del oficialismo de designarla en ese puesto. La pregunta que quedó flotando en el recinto es cómo alguien sin la idoneidad para el cargo llegó a conducir un área de alta sensibilidad territorial durante años sin que nadie en la administración lo advirtiera, o sin que, si lo advirtió, actuara en consecuencia.

El debate «perfecto» que nadie del luquismo esperaba

La cuarta contradicción fue de orden político. En los días previos a la sesión, el entorno del intendente había denunciado públicamente que la interpelación era un intento de desestabilización, una maniobra opositora para debilitar a Ghi de cara a 2027. Cardoso, ante los concejales, bajó esa tensión con una frase que dejó descolocados a varios ediles del propio oficialismo: «Me parece perfecto el debate y el intercambio respetuoso con los concejales que tienen derecho a recibir las explicaciones pertinentes».

El contexto político: ruptura con Sabbatella y crisis acumulada

La interpelación se realizó en un contexto de creciente erosión institucional para la gestión de Ghi. El caso Ortigoza no es el primero que sacude al municipio: en febrero de este año fue detenida Karen Yael Cufré, empleada del centro de monitoreo de la Secretaría de Seguridad, acusada de integrar una banda dedicada a extorsiones digitales vinculada al suicidio del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, ocurrido en la Quinta Presidencial de Olivos en diciembre de 2025. Los propios concejales que impulsaron la interpelación lo consignaron en el texto del decreto: Morón atravesó «en menos de un año, de tener extorsionadoras infiltradas en el área encargada de cuidarnos a tener funcionarias de alta jerarquía, con firma, poder político y manejo de recursos, prófugas y sospechadas de integrar bandas dedicadas al narcotráfico».

La votación que habilitó la interpelación (16 a 8) reflejó además la fractura del peronismo local. Los concejales del bloque de Nuevo Encuentro, que responden a Martín Sabbatella, votaron junto con la oposición contra el oficialismo ghista, consolidando una ruptura que el propio Ghi cuando eligió distanciarse de su antecesor y ex socio político.

Cardoso, entre la derecha y la autopromoción

Lejos de limitarse a defender al intendente, Cardoso dedicó una porción considerable de su presentación a publicitarse a sí mismo y a su área. Aprovechó la sesión para proponer la creación de una policía local y, para sorpresa de varios ediles del bloque oficialista, destacó como modelos de gestión de seguridad a los municipios de San Miguel (Juntos por el Cambio) y Tres de Febrero (La Libertad Avanza).

El perfil político de Cardoso tiene antecedentes propios: fue diputado provincial por Unión PRO entre 2007 y 2011 y exhibe una línea punitivista en materia de seguridad. Está asociado, en la ONG Control Ciudadano, al empresario Ariel Diwan, principal dirigente de La Libertad Avanza en Morón.

La conclusión que circuló en los pasillos del HCD al cierre de la sesión fue unánime: Cardoso no fue a defender a Ghi, fue a defender a Cardoso.

Puntos clave

  • El intendente Lucas Ghi no se presentó a la interpelación del Concejo Deliberante de Morón y delegó en el secretario de Seguridad, Damián Cardoso.
  • Cardoso contradijo al propio Ghi al menos cuatro veces: sobre el conocimiento previo de los allanamientos, el origen de la designación de Ortigoza, su idoneidad para el cargo y la legitimidad del debate legislativo.
  • Luna Suyai Ortigoza permanece prófuga desde el 21 de mayo con una orden de captura vigente; en su domicilio se secuestraron 509 gramos de cocaína.
  • El caso se suma al de Karen Cufré, exempleada municipal detenida por integrar una banda de extorsionadores vinculada al suicidio del soldado Rodrigo Gómez.
  • La interpelación se aprobó 16 a 8 con el voto del sabbatellismo junto a la oposición, evidenciando la fractura del peronismo en Morón.
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