Lo que tenés que saber

• La eliminación de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda dejó 125.000 viviendas sin finalizar.
• Más de 400 trabajadores del organismo fueron despedidos y miles de empleos indirectos están en riesgo.
• Obras de infraestructura esenciales quedaron suspendidas, afectando el acceso a servicios básicos.
• La paralización de proyectos habitacionales podría derivar en reclamos judiciales contra el Estado.
• Fondos internacionales destinados a obras corren el riesgo de perderse por incumplimiento de los compromisos asumidos.

125.000 viviendas sin terminar: el efecto del cierre de la Secretaría de Vivienda

La decisión del gobierno nacional de eliminar la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, junto con programas de financiamiento habitacional, dejó en suspenso la construcción de 125.000 viviendas en diferentes puntos del país. Muchas de ellas se encontraban en etapas avanzadas, con niveles de ejecución del 100%, 80% o 50%, mientras que otras requerían obras complementarias para su entrega.

Según los registros oficiales, las obras interrumpidas representan una inversión de más de 3.000 millones de dólares, que ahora podrían quedar inutilizadas. “Lamentablemente tenemos 125.000 soluciones habitacionales en diferentes estados de ejecución desde al 100%, 80%, 50%, en diferentes lugares en toda la Argentina, que no se van a concretar dejando, inclusive, a las constructoras sin cobrar”, señaló la delegada de ATE Capital, Alejandra Basso.

Despidos y obras en riesgo

El cierre del área de vivienda no solo impactó en la paralización de proyectos habitacionales, sino que también dejó sin empleo a más de 400 trabajadores del organismo. Además, miles de empleos indirectos en la construcción y otros sectores relacionados enfrentan un panorama incierto. Se estima que al menos 400.000 trabajadores privados, entre arquitectos, plomeros, electricistas y albañiles, se ven afectados por la medida.

Las provincias y municipios que solicitaron continuar con las obras no recibieron respuesta del gobierno nacional, lo que agrava la situación. “Si bien algunas intendencias o provincias, como el caso de la provincia de Buenos Aires, están pidiendo las obras para continuarlas, el gobierno no las otorga”, explicó Basso.

Programas de vivienda desactivados

El Decreto 70/2025 incluyó la eliminación del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR) y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. También afectó al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), cuya desarticulación detuvo más de 30.000 obras de infraestructura básica para barrios populares.

El impacto no solo se refleja en la falta de viviendas terminadas, sino también en la situación de quienes ya tenían créditos aprobados. Existen al menos 2.000 casos de beneficiarios que recibieron una parte del préstamo para construir su casa y quedaron sin los fondos necesarios para finalizarla. “Estas familias quedaron en la nada: no tienen la casa, y encima están endeudados y sin respuestas”, advirtió Basso.

Riesgo de juicios y pérdida de financiamiento

El incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado podría generar litigios judiciales y la pérdida de financiamiento internacional. Organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinaban fondos para estos proyectos, que ahora corren el riesgo de ser reclamados debido a la falta de ejecución. “Miles y miles de millones de dólares en juego para financiamiento de obras al largo de los años, que cuando se avanza en la obra hay que dar cuenta de ello y devolver la plata”, indicó la delegada.

Crisis habitacional y acceso a la vivienda

Mientras los programas estatales de vivienda fueron desmantelados, el acceso a la vivienda sigue siendo una problemática para millones de personas. Según datos recientes, 1 de cada 3 hogares en Argentina no cuenta con condiciones adecuadas de habitabilidad, ya sea por falta de servicios esenciales o por situaciones de hacinamiento. Además, el porcentaje de inquilinos creció hasta el 21% de la población, mientras que el acceso a la vivienda propia disminuyó en los últimos diez años.

La desregulación del mercado inmobiliario y la derogación de la Ley Nacional de Alquileres intensificaron la crisis. Un informe elaborado por CIPPEC, TECHO y ACIJ reveló que el 87% de los inquilinos enfrentó aumentos de alquiler en plazos inferiores a seis meses y que el endeudamiento familiar creció en más de la mitad de los hogares que alquilan.