Región
Colombia: detuvieron al hijo de Petro por posible lavado de activos
«A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su caracter y pueda reflexionar sobre sus propios errores», manifestó el Presidente de Colombia.
Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue detenido hoy por la Fiscalía en el marco de la causa que lo investiga por el posible delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
«La Fiscalía General de la Nación se permite informar que el día de hoy sobre las 6 (8 de Argentina), en cumplimiento a lo dispuesto por el Juzgado 16 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, se hizo efectiva la orden de captura proferida contra Nicolás Fernando Petro Burgos, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito», informó el ente judicial en un comunicado subido a redes sociales.
También anunció el arresto de la exesposa del hijo del presidente, Daysuris del Carmen Vásquez Castro, en una investigación por lavado de activos y violación de datos personales.
«Los capturados serán puestos a disposición de un Juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías, a quien se le solicitará impartir legalidad a los procedimientos de allanamiento, captura e incautación de elementos materiales probatorios. De igual manera, se formulará imputación por los delitos ya citados y se solicitará una medida restrictiva de la libertad», añadió el comunicado.
El mandatario colombiano confirmó la información en su cuenta de Twitter.
«Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguró que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley», escribió.
«A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su caracter y pueda reflexionar sobre sus propios errores», manifestó y agregó: «Como afirmé ante el fiscal general, no intervendré ni presionaré sus decisiones; que el derecho guíe libremente el proceso».
En una entrevista brindada en marzo, la exesposa de Nicolás Petro afirmó que el exnarcotraficante y excontrabandista Samuel Santander Lopesierra le entregó a su antigua pareja el equivalente a unos 124.000 dólares como aporte para la campaña presidencial de su padre.
Según Vásquez, el mandatario no sabía de esos movimientos y Nicolás se quedó con el dinero para darse una vida de lujos.
En medio del revuelo mediático que siguió a la noticia, el gobernante pidió el 2 de ese mismo mes a la Fiscalía que investigara a su hijo Nicolás e indagara si son ciertas las acusaciones en su contra.
Santander Lopesierra, alias El Hombre Marlboro, purgó 18 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico y es una de las personas más poderosas del departamento norteño de La Guajira, en la costa Caribe colombiana.
El hijo mayor del dignatario se convirtió en una figura política de importancia en esa región y es diputado por el Pacto Histórico, la coalición que lidera su padre.
Nicolás Petro niega las acusaciones y dijo que estaba dispuesto a «comparecer» ante las entidades que lo requieran.
«Los dineros en cuestión no tienen procedencia ni de la mafia, ni de la corrupción, ni de ninguna actividad ilícita», se defendió.
La detención generó una ola de solidaridad hacia el mandatario por parte de figuras del oficialismo y de críticas por parte de dirigentes de la oposición.
«Le envío un mensaje de apoyo y solidaridad. Como madre y padre que he sido para mis hijos, sé lo que nos duele cuando un hijo está en situaciones difíciles. Acompaño en este difícil momento a usted y a su familia», dijo la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, en Twitter.
En la misma red social, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, alabó la actitud de Petro: «Sus expresiones de respeto a la independencia judicial en circunstancias como las que vive hoy, anteponiendo su calidad de jefe de Estado a la de padre naturalmente afectado por la suerte de su hijo, demuestran su talante democrático».
Por el contrario, el senador opositor por la Alianza Verde, Jonathan Pulido Hernández, indicó a radio W que espera «que la Fiscalía y todas las instituciones demuestren la responsabilidad que pueda tener este presunto bandido y ojalá pague por todos los delitos que puede haber cometido”.
«Es muy grave que el hijo del presidente esté enfrentando cargos por enriquecimiento ilícito. Es la justicia que se encargará de investigar y determinar si se cometió algún delito», afirmó por su parte Daniel Palacio, ministro del Interior durante el gobierno de Iván Duque.
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América Latina
Aviones militares a Bolivia: la oposición acusa a Milei de encubrir represión y exige explicaciones
Diputados de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el envío de dos aviones Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira, en medio de una escalada de violencia estatal contra manifestantes que reclaman su renuncia. El antecedente del envío de armas de Macri a la dictadura de Áñez en 2019 tiñe de sospechas la operación.
La oposición exige que el gobierno explique qué transportaron los aviones militares enviados a Bolivia
★ Un numeroso grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), encabezados por Juan Marino, presentó este lunes un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional por el envío de dos aviones militares Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente violencia estatal en Bolivia contra las manifestaciones populares que exigen la renuncia del mandatario, y reactualiza el fantasma del episodio más oscuro de la relación bilateral reciente: el envío de armamento represivo por parte del gobierno de Mauricio Macri al régimen de facto de Jeanine Áñez en noviembre de 2019.
El pedido de informes y sus ejes centrales
El proyecto presentado por la bancada opositora exige que el Gobierno de Javier Milei detalle la carga transportada por los aeronaves, el personal embarcado, los acuerdos militares vigentes con Bolivia y con el denominado «Escudo de las Américas», el esquema de seguridad regional impulsado por la administración de Donald Trump, y el estado procesal actual de la causa judicial abierta por el envío de armas y munición antitumulto del macrismo al gobierno de facto de Áñez.
«Es indispensable que el Congreso tenga garantías de que esta operación no se va a usar para reprimir al pueblo boliviano. La sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza», declaró Marino ante la agencia. El legislador, referente del Partido Piquetero y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro impulsado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, fue categórico: «No se puede tolerar que el Estado argentino respalde la represión».
El pedido de informes lleva la firma, entre otros, del jefe de la bancada de UxP en Diputados, Germán Martínez, de la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y de los legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés.
La voz boliviana y la sospecha sobre la carga
La iniciativa parlamentaria recoge las denuncias públicas del diputado nacional de la oposición boliviana Rolando Pacheco, quien afirmó que los aviones Hércules no transportan ayuda humanitaria sino material destinado a «reprimir» las movilizaciones en curso. La versión extraoficial, que el Gobierno argentino no desmintió con datos concretos, alimenta la desconfianza opositora.
«Hay elementos suficientes como para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria sino ante un respaldo material a la represión. El gobierno de Milei tiene que dar explicaciones precisas para despejar cualquier duda», sostuvo Marino, al tiempo que cuestionó el encuadre oficial de las protestas bolivianas: «Es falso que las manifestaciones sean desestabilizadoras, como han planteado Milei y el gobierno estadounidense. Romper el Estado de Derecho es masacrar las manifestaciones e impedir el ejercicio del derecho a la protesta».
Una resolución en defensa de la protesta popular
En paralelo al pedido de informes, Marino presentó un proyecto de resolución en defensa del derecho a la protesta social, que rechaza toda forma de represión estatal, criminalización de las movilizaciones populares e injerencia externa en los asuntos internos de Bolivia. La iniciativa reafirma que «el derecho a la protesta, a la huelga, a la libre expresión y a la libre asociación son pilares fundamentales de todo orden democrático».
El proyecto plantea, además, que la Cámara de Diputados debe diferenciarse de la posición asumida por el Poder Ejecutivo Nacional, que se alineó con comunicados regionales y del Departamento de Estado de los Estados Unidos que, según la oposición, omiten toda referencia a la represión y a las violaciones de derechos humanos denunciadas en territorio boliviano. «Exigimos que ningún recurso del Estado argentino sea utilizado para reprimir la rebelión popular del pueblo boliviano», insistió Marino.
El peso del antecedente: Macri, Áñez y las armas de 2019
El episodio de noviembre de 2019 opera como telón de fondo ineludible de toda esta discusión. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina envió material represivo, incluyendo munición antitumulto, al régimen de facto instaurado tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y colocó a Jeanine Áñez en la presidencia de Bolivia. Ese material fue utilizado en la represión de manifestaciones que dejó decenas de muertos y heridos. La causa judicial por ese envío permanece abierta en la justicia federal argentina y constituye uno de los antecedentes que la bancada de UxP invocan para reclamar transparencia sobre la actual operación.
Para Marino, «frente a la protesta social, la respuesta no puede ser la criminalización ni la represión: debe ser el respeto irrestricto al derecho a la protesta y a la autodeterminación de los pueblos». La Argentina, advirtió, «no puede repetir el antecedente gravísimo de 2019, cuando un gobierno argentino envió material represivo al régimen de facto de Áñez».
Puntos clave
- Diputados de UxP presentaron un pedido de informes por el envío de dos Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira.
- La oposición exige saber qué carga transportan los aviones y si existe vinculación con el «Escudo de las Américas» de Trump.
- El diputado boliviano Rolando Pacheco denunció que los aviones no llevan ayuda humanitaria sino material represivo.
- El proyecto lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.
- La bancada opositora alertó sobre la repetición del antecedente de 2019, cuando Macri envió armamento al régimen de facto de Áñez.
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