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Alerta en la frontera con Chile: despliegan aviones de combate por invasión de aviones argentinos

Las autoridades chilenas explicaron que radares y tecnología en la zona austral de Chile detectaron una incursión aérea no declarada, que supuestamente correspondería a aviones argentinos

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La Fuerza Aérea de Chile (FACh) desplegó aeronaves de combate desde la base aérea de Chabunco, en Punta Arenas, tras lo que describieron como una violación del espacio aéreo chileno por parte de Argentina. Este incidente, confirmado por la cartera de Defensa chilena, generó tensión entre ambos países. Sin embargo, desde Argentina negaron la existencia de vuelos en esa franja horaria.

Negación de Argentina

Fuentes vinculadas al Ministerio de Defensa de Argentina indicaron que “en esa franja horaria no hubo vuelos de aviones argentinos, ni militares ni civiles”. Además, aseguraron que se enteraron del supuesto incidente a través del posteo de la ministra de Defensa chilena, Maya Fernández, en redes sociales. Las autoridades argentinas confirmaron que “no hubo” ningún tipo de requerimiento por parte de las autoridades chilenas hacia el Ministerio de Defensa, el área de Asuntos Internacionales o la Fuerza Aérea.

En un comunicado oficial, la Fuerza Aérea Argentina informó que la única actividad de vuelo realizada el 27 de agosto fue un vuelo de LADE con un avión Twin Otter, detallando las escalas y horarios del trayecto: despegue de Río Gallegos a las 12:00 hs., aterrizaje en Ushuaia a las 13:40, despegue de Ushuaia a las 14:05, aterrizaje en Río Grande a las 14:55, despegue de Río Grande a las 15:35 y retorno a Río Gallegos a las 16:55.

La versión de Chile

Según informó el medio chileno Bio Bio, el incidente ocurrió el martes y fue reportado inicialmente por un usuario de la red social X, César Quezada (@cesar_quezada). Quezada alertó sobre una supuesta misión de intercepción en la frontera con Argentina. Esta versión fue confirmada por fuentes a Radio Bío Bío, quienes señalaron que “ayer a eso de las 19:00 horas se activaron los códigos y operaciones de protección del espacio aéreo chileno”.

Las autoridades chilenas explicaron que radares y tecnología en la zona austral de Chile detectaron una incursión aérea no declarada, que supuestamente correspondería a aviones argentinos. La alerta de violación del espacio aéreo se habría registrado aproximadamente a tres mil pies de altura, entre el monte Aymond y el Estrecho de Magallanes.

Reacción de la Fuerza Aérea de Chile

Ante la situación, la FACh autorizó el despegue de dos aviones F-5 para supervisar la zona. Según informaron, no encontraron ninguna aeronave al llegar al área de la presunta incursión. Pese a no encontrar indicios de actividad aérea, la ministra de Defensa de Chile, Maya Fernández, confirmó el incidente y anunció que se inició una investigación por esta violación del espacio aéreo.

Fernández declaró: “Ayer, cerca de las veinte horas en la zona oriental del Estrecho de Magallanes, existió una alerta de tráfico aéreo no identificado, ante lo cual nuestra Fuerza Aérea de Chile activó los protocolos, despegando los aviones F-5 en resguardo de nuestra soberanía”. Agregó que tras la activación de los protocolos “se perdió el contacto con este tráfico aéreo y en este momento se está llevando adelante una investigación”.

Finalmente, la ministra señaló que “la Fuerza Aérea activó los protocolos y defendió nuestra frontera y soberanía como corresponde”.

América Latina

Aviones militares a Bolivia: la oposición acusa a Milei de encubrir represión y exige explicaciones

Diputados de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el envío de dos aviones Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira, en medio de una escalada de violencia estatal contra manifestantes que reclaman su renuncia. El antecedente del envío de armas de Macri a la dictadura de Áñez en 2019 tiñe de sospechas la operación.

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La oposición exige que el gobierno explique qué transportaron los aviones militares enviados a Bolivia

★ Un numeroso grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), encabezados por Juan Marino, presentó este lunes un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional por el envío de dos aviones militares Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente violencia estatal en Bolivia contra las manifestaciones populares que exigen la renuncia del mandatario, y reactualiza el fantasma del episodio más oscuro de la relación bilateral reciente: el envío de armamento represivo por parte del gobierno de Mauricio Macri al régimen de facto de Jeanine Áñez en noviembre de 2019.

El pedido de informes y sus ejes centrales

El proyecto presentado por la bancada opositora exige que el Gobierno de Javier Milei detalle la carga transportada por los aeronaves, el personal embarcado, los acuerdos militares vigentes con Bolivia y con el denominado «Escudo de las Américas», el esquema de seguridad regional impulsado por la administración de Donald Trump, y el estado procesal actual de la causa judicial abierta por el envío de armas y munición antitumulto del macrismo al gobierno de facto de Áñez.

«Es indispensable que el Congreso tenga garantías de que esta operación no se va a usar para reprimir al pueblo boliviano. La sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza», declaró Marino ante la agencia. El legislador, referente del Partido Piquetero y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro impulsado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, fue categórico: «No se puede tolerar que el Estado argentino respalde la represión».

El pedido de informes lleva la firma, entre otros, del jefe de la bancada de UxP en Diputados, Germán Martínez, de la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y de los legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés.

La voz boliviana y la sospecha sobre la carga

La iniciativa parlamentaria recoge las denuncias públicas del diputado nacional de la oposición boliviana Rolando Pacheco, quien afirmó que los aviones Hércules no transportan ayuda humanitaria sino material destinado a «reprimir» las movilizaciones en curso. La versión extraoficial, que el Gobierno argentino no desmintió con datos concretos, alimenta la desconfianza opositora.

«Hay elementos suficientes como para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria sino ante un respaldo material a la represión. El gobierno de Milei tiene que dar explicaciones precisas para despejar cualquier duda», sostuvo Marino, al tiempo que cuestionó el encuadre oficial de las protestas bolivianas: «Es falso que las manifestaciones sean desestabilizadoras, como han planteado Milei y el gobierno estadounidense. Romper el Estado de Derecho es masacrar las manifestaciones e impedir el ejercicio del derecho a la protesta».

Una resolución en defensa de la protesta popular

En paralelo al pedido de informes, Marino presentó un proyecto de resolución en defensa del derecho a la protesta social, que rechaza toda forma de represión estatal, criminalización de las movilizaciones populares e injerencia externa en los asuntos internos de Bolivia. La iniciativa reafirma que «el derecho a la protesta, a la huelga, a la libre expresión y a la libre asociación son pilares fundamentales de todo orden democrático».

El proyecto plantea, además, que la Cámara de Diputados debe diferenciarse de la posición asumida por el Poder Ejecutivo Nacional, que se alineó con comunicados regionales y del Departamento de Estado de los Estados Unidos que, según la oposición, omiten toda referencia a la represión y a las violaciones de derechos humanos denunciadas en territorio boliviano. «Exigimos que ningún recurso del Estado argentino sea utilizado para reprimir la rebelión popular del pueblo boliviano», insistió Marino.

El peso del antecedente: Macri, Áñez y las armas de 2019

El episodio de noviembre de 2019 opera como telón de fondo ineludible de toda esta discusión. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina envió material represivo, incluyendo munición antitumulto, al régimen de facto instaurado tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y colocó a Jeanine Áñez en la presidencia de Bolivia. Ese material fue utilizado en la represión de manifestaciones que dejó decenas de muertos y heridos. La causa judicial por ese envío permanece abierta en la justicia federal argentina y constituye uno de los antecedentes que la bancada de UxP invocan para reclamar transparencia sobre la actual operación.

Para Marino, «frente a la protesta social, la respuesta no puede ser la criminalización ni la represión: debe ser el respeto irrestricto al derecho a la protesta y a la autodeterminación de los pueblos». La Argentina, advirtió, «no puede repetir el antecedente gravísimo de 2019, cuando un gobierno argentino envió material represivo al régimen de facto de Áñez».

Puntos clave

  • Diputados de UxP presentaron un pedido de informes por el envío de dos Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira.
  • La oposición exige saber qué carga transportan los aviones y si existe vinculación con el «Escudo de las Américas» de Trump.
  • El diputado boliviano Rolando Pacheco denunció que los aviones no llevan ayuda humanitaria sino material represivo.
  • El proyecto lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.
  • La bancada opositora alertó sobre la repetición del antecedente de 2019, cuando Macri envió armamento al régimen de facto de Áñez.
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