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Demandan a ministro y jefe de Policía de Perú por represión dentro de universidad de Lima

La demanda contra el ministro Vicente Romero Fernández y el general de la Policía Nacional de Perú (PNP), Raúl Alfaro Alvarado, fue recibida por un juzgado de Lima.

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Una organización peruana demandó hoy al ministro del Interior y al jefe de la Policía de Perú por la detención de más de 200 personas dentro de una universidad de Lima en el marco de la represión de las protestas contra la presidenta Dina Boluarte.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) presentó un recurso de habeas corpus y condenó la detención «arbitraria» de manifestantes y el «abuso de poder» durante el operativo de ayer en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

La demanda contra el ministro Vicente Romero Fernández y el general de la Policía Nacional de Perú (PNP), Raúl Alfaro Alvarado, fue recibida por un juzgado de Lima, dijo la Cnddhh en un comunicado, informó la agencia de noticias Europa Press.

La Policía irrumpió en la universidad con tanquetas para desalojar manifestantes que se habían encerrado allí y detuvo al menos a 205 de ellos, en el marco de protestas contra el Gobierno que ya han dejado más de 40 muertos desde el mes pasado.

Autoridades de la universidad dijeron que muchos de los manifestantes eran personas llegadas del interior en los últimos días para una gran protesta, bautizada «toma de Lima», la semana pasada, para exigir la renuncia de Boluarte.

Al igual que en las últimas manifestaciones que han tenido lugar en Perú, las autoridades han restringido el acceso a la Plaza San Martín, ubicada en el centro histórico de Lima, ante las protestas de los estudiantes.

Además, la Cnddhh denunció la supuesta detención de cuatro estudiantes que se encuentran retenidos en la residencia universitaria de la Universidad San Marcos, alegando que las autoridades no han permitido el acceso a los abogados ni a la Fiscalía.

Al término del operativo, varios líderes y organizaciones civiles de derechos humanos han mostrado su solidaridad con los manifestantes antigubernamentales.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades peruanas para garantizar la «legalidad y proporcionalidad» de la intervención.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su «preocupación» por la «incursión policial, desalojo y detenciones masivas» en la universidad e instó a las autoridades a «rendir cuentas sobre los hechos y garantizar la integridad y debido proceso de todas las personas».

El expresidente de Bolivia Evo Morales, muy crítico con el nuevo Gobierno de Dina Boluarte, condenó el operativo policial.

«Nos solidarizamos con las autoridades, docentes, estudiantes de la Universidad San Marcos y el pueblo del Perú. Al estilo de las peores dictaduras del los años 70 y 80, irrumpieron con tanques y armas a esta casa superior de estudios, sin respetar la autonomía universitaria», ha publicado a través de Twitter.

Las protestas en Perú comenzaron en diciembre tras la destitución y detención del entonces presidente de izquierda Pedro Castillo, a quien sucedió Boluarte en su condición de vicepresidenta.

Al menos 46 personas, 45 manifestantes y un policía, murieron desde que estallaron las protestas, que exigen la dimisión de Boluarte y la liberación de Castillo.

En un intento por aplacar las demandas, en diciembre el Parlamento adelantó los comicios de 2026 a abril de 2024, pero las manifestaciones persisten y el reclamo es por la salida inmediata de Boluarte y los miembros del Congreso.

Investigación 🔎

Rodrigo Paz admitió el vínculo con Cerimedo pero negó que tuviera funciones oficiales

El presidente boliviano reconoció que el estratega argentino colaboró en su campaña y en los primeros tramos de su gestión, pero descartó que haya existido contrato, relación laboral o autorización para representar al Estado, a la Presidencia o a su familia. Las declaraciones contrastan con la versión de Nadia Beller, quien describió a Cerimedo como un poder paralelo dentro del Ejecutivo.

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El relato de Rodrigo Paz sobre Cerimedo: entre el reconocimiento del vínculo y el intento de desligarse del escándalo.

Diez días después del ataque armado contra Nadia Beller, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, rompió el silencio que mantuvo desde el 17 de agosto y publicó un video de cuatro minutos en el que reconoció el vínculo con Fernando Cerimedo, el consultor político argentino vinculado al espacio de La Libertad Avanza, pero trazó una línea clara entre la colaboración informal en campaña y cualquier forma de representación institucional.

«Cuando ganamos en primera vuelta y llegamos a la segunda vuelta electoral en Bolivia, se generó un contacto con el señor Cerimedo para trabajar, siendo un estratega de reconocimiento mundial, en nuestra campaña electoral», afirmó Paz en la grabación. Según el mandatario, esa colaboración se extendió también a los primeros tramos de su gestión, pero nunca derivó en una relación formal.

«Jamás tuvo autorización para representar al Estado»

«Ganamos las elecciones y, a partir de ello, no solo cooperó en esa elección, sino también al inicio del Gobierno», reconoció Paz. Sin embargo, subrayó que esa participación no implicó vínculo contractual ni mandato institucional de ningún tipo. «Por eso, nunca hubo un contrato. Por eso, nunca hubo una relación de trabajo directa como la que se puede llevar adelante con ministros, viceministros o delegados presidenciales», sostuvo.

El presidente fue categórico al delimitar las atribuciones que Cerimedo nunca tuvo: «El señor Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar al Estado boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia», afirmó, según un amplio informe de Xinhua. Paz aclaró que la representación oficial del Ejecutivo corresponde exclusivamente a quienes cuentan con mandato institucional expreso.

La versión de Beller y el contraste con el relato oficial

Las declaraciones del mandatario chocan de frente con el relato que Beller construyó públicamente desde que fue atacada. La abogada y expareja de Cerimedo aseguró ante los medios que el consultor argentino operaba como una suerte de «presidente en la sombra» dentro del Gobierno de Paz, y que habría intervenido en designaciones y negociaciones que presuntamente involucraban a miembros de la familia del mandatario.

Beller también señaló que Cerimedo estaba involucrado en supuestos casos de corrupción: sobreprecio en la distribución de combustible, la creación de un equipo de élite policial que respondía al consultor, y pagos a legisladores para garantizar la aprobación de ciertas leyes. Estas denuncias forman parte de la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia boliviana, en la que Beller fue citada como testigo.

Cerimedo, detenido en Palmasola con tres causas abiertas

Cerimedo permanece en detención preventiva en el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, donde cumple seis meses de prisión preventiva por ser considerado el presunto autor intelectual del ataque contra Beller, que derivó en una imputación por tentativa de feminicidio. A esa causa se suman el proceso por enriquecimiento ilícito y un tercero por presunto tráfico de sustancias controladas y encubrimiento al narcotráfico.

El mandatario boliviano aseguró que solicitó a la Policía Nacional realizar todas las investigaciones pertinentes sobre el ataque contra Beller y garantizó que el Ejecutivo facilitará un proceso transparente. Por su parte, Beller anunció que aportará nuevas pruebas en la causa y que está dispuesta a declarar también en la Argentina, donde la investigación sobre Cerimedo tiene ramificaciones vinculadas al escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Puntos clave

  • Rodrigo Paz reconoció que Cerimedo colaboró en su campaña y en el inicio de su gestión, pero negó todo vínculo contractual o representación institucional.
  • El presidente boliviano afirmó que Cerimedo «jamás» tuvo autorización para hablar en nombre del Estado, la Presidencia o su familia.
  • Beller sostuvo, en contraposición, que el consultor operaba como un poder paralelo e intervenía en decisiones del Ejecutivo.
  • Cerimedo enfrenta tres causas penales simultáneas en Bolivia: tentativa de feminicidio, enriquecimiento ilícito y tráfico de sustancias controladas.
  • Beller confirmó que aportará nuevas pruebas y que está dispuesta a declarar en Argentina, donde el caso tiene conexiones con la causa ANDIS.
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