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Elecciones

Ecuador vota el domingo en un contexto de inusitada inseguridad y crisis económica

La corregiste Luisa González enfrenta al empresario Daniel Noboa en el balotaje, luego de las elecciones de agosto.

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Los ecuatorianos irán este domingo a las urnas para decidir si será Luisa González, de la correísta Revolución Ciudadana (RC), o el empresario Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional (ADN), quien complete el mandato del presidente Guillermo Lasso y, consecuentemente, intente encauzar al país en los 18 meses que gobernará, lapso en el que deberá hacer frente a una inusitada inseguridad y a un complejo cuadro socio-económico.

La de mañana es una segunda vuelta a la que Ecuador está acostumbrado -hubo balotaje en casi todas las últimas renovaciones de mandatario- pero, a la vez, inaugura un mecanismo inédito: nunca antes había sido utilizada la llamada «muerte cruzada» con la que Lasso esquivó su destitución al disolver el Congreso, pero obligó a elecciones y, en este caso, a un balotaje.

González y Noboa ganaron la chance de estar en la compulsa de mañana después de haber sido primera y segunda, respectivamente, en los comicios de agosto, delante de otros seis candidatos.

Al que gane mañana le tocará intentar bajar los tremendos índices de violencia y fortalecer la seguridad, mejorar las condiciones sociales y económicas del país, de modo de frenar la creciente emigración, y, además, dejar las bases para un próximo mandato, ya de cinco años, quizás de uno de ellos si decide buscar la reelección en 2025.

Abogada, economista, González tiene 45 años y es la candidata de RC, la fuerza que orienta desde Bélgica el expresidente Rafael Correa, a quien la postulante ya anunció como su asesor. Si gana, será la primera mujer en llegar a la jefatura del Estado a través del voto.

Noboa, empresario de apenas 35 años, hijo del hombre más rico del país, encabeza la fórmula de ADN, una alianza de fuerzas menores que le ofreció el sello que le permitió intentar mostrarse como una figura nueva, aunque era legislador hasta la disolución de la Asamblea Nacional (AN). Si se impone, será el mandatario más joven en la historia del país.

Llegan a la pulseada de mañana después de una campaña muy breve, que los obligó a poner el énfasis en el llamado «voto joven», que representa casi un cuarto del padrón, en los indecisos que las encuestas mostraron hasta el inicio de la última semana y en los centros urbanos, porque el 75% de la población vive en ciudades.

«No es una elección cualquiera. En esta elección nos jugamos la vida», dijo en el último acto de esta semana González. A los tres ejes recurrentes de su campaña para la primera vuelta – seguridad, trabajo y bienestar- sumó ahora la idea de la necesidad de unidad del pueblo.

Noboa, que repite en sus discursos la idea de que representa «una nueva generación», se dirigió claramente a ese público en su cierre: «La juventud hoy en día tiene voz y tiene voto, y los grupos desatendidos también importan y deberían ser tomados en cuenta por el Gobierno central, que ha dejado abandonado a su pueblo en los últimos años».

El 20 de agosto fueron 4,2 millones los ecuatorianos que eligieron otras opciones y otro millón el que sufragó en blanco o anuló el voto. También en busca de esos votos fueron los candidatos.

De los respaldos que sumaron otros candidatos, resulta central qué hará el 16% de se inclinó por Cristian Zurita -reemplazante del asesinado candidato Fernando Villavicencio- y el Movimiento Construye, y el 15% que acompañó a Jan Topic y Juntos Triunfaremos.

Otro punto clave será el rol de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que en lo formal dio libertad de acción a sus afiliados. El voto indígena representa entre el 7% y el 10% del padrón y si antes estuvo lejos del correísmo, durante las últimas semanas de esta campaña hubo señales de acercamiento.

Si la campaña previa a la primera vuelta estuvo marcada por la violencia, las amenazas, los atentados a candidatos y los motines en las cárceles, con el pico de gravedad en el crimen de Villavicencio tras un acto en Quito, las semanas previas a esta segunda vuelta también se vivieron en idéntico clima de terror.

González y Noboa estuvieron con chalecos antibalas y excesivamente protegidos por militares en sus apariciones públicas, fue asesinado un fiscal y secuestrada una exalcaldesa y varios de los sicarios que mataron a Villavicencio aparecieron ejecutados en la cárcel de Guayas I, donde estaban detenidos.

Es que Ecuador, que tiene su frontera terrestre compartida con Perú y Colombia -los dos principales productores de cocaína a nivel mundial-, se convirtió en los últimos años en una base de operaciones de carteles de droga extranjeros y locales que imponen un régimen de terror con matanzas, secuestros y extorsiones.

A la violencia se suma una crisis institucional que tiene al país sin Congreso desde hace tres meses, con una pobreza del 27% de la población en una economía dolarizada y con un cuarto de la ciudadanía con trabajos informales o desempleado.

La política de seguridad a poner en marcha se convirtió entonces en un eje de campaña y dejó en segundo plano las propuestas económicas.

Las primeras encuestas mostraron ventaja para Noboa, quizás por el respaldo que recibió de la mayoría de los candidatos que quedaron fuera del balotaje, pero los últimos relevamientos registraron una fuerte suba de González, al punto que algunas consultoras hablaron de empate técnico, aún con una cifra de indecisos que podría volcar la cuestión.

Mañana deberán repetir la elección de asambleístas los ecuatorianos residentes en el exterior, después de los problemas en el sistema que atravesaron en agosto y que obligó a montar un nuevo operativo, esta vez presencial. Se definirán entonces un par de bancas legislativas.

Para esa futura AN, que acompañará la gestión del triunfador, el correísmo ya se aseguró una bancada que no es mayoría pero es notoriamente la mayor: alrededor de 50 plazas de las 137 del Legislativo. 

Detrás, el Movimiento Construye logró 28 plazas, ADN 13 y los socialcristianos 14, por ejemplo.

Pero aquella decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de anular la votación en el exterior y repetirla para asambleístas tendrá impacto directo en la asunción de quien gane mañana: aunque en un primer momento se especuló con una jura hacia fines de noviembre (se habló del 23), ahora se estima que González o Noboa se harán cargo del Palacio de Carondelet a mediados de diciembre.

De hecho, hay apenas dos fechas resueltas: el 8 de diciembre recibirán sus credenciales los futuros asambleístas y el 11 los integrantes del binomio que triunfe mañana.

En lo formal, son 13,4 millones los habilitados para votar entre las 7 y las 17 (las 9 y las 19 de Argentina), en medio de un operativo de seguridad que repetirá en buena medida el esquema del 20 de agosto.

Elecciones

Lula promulgó la jornada de 40 horas y la Argentina de Milei la estira a 12

Con 75 votos contra 1, el Senado brasileño aprobó la enmienda que reduce la jornada de 44 a 40 horas semanales sin recorte salarial. Lula la promulgó este viernes, a nueve días del balotaje contra Flávio Bolsonaro.

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Seis días de trabajo y uno solo de descanso: ese fue durante décadas el régimen de millones de trabajadoras y trabajadores brasileños. Desde este viernes, es historia constitucional. El Congreso de Brasil promulgó la Enmienda Constitucional N° 141 de 2026, que elimina la escala 6×1, garantiza dos días de descanso remunerado por semana y reduce la jornada máxima de 44 a 40 horas, sin rebaja de salarios. Mientras tanto, del otro lado de la frontera, la Argentina de Javier Milei recorrió el camino exactamente inverso.

La Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 221/2019 fue aprobada el miércoles 14 de octubre por el plenario del Senado Federal en dos turnos, con 75 votos a favor y uno solo en contra, el del exvicepresidente y senador Hamilton Mourão (Republicanos). Como los senadores mantuvieron la misma redacción aprobada por la Cámara de Diputados, el texto no volvió a la cámara baja y fue promulgado este viernes 16 en una sesión solemne encabezada por el presidente del Congreso, Davi Alcolumbre (União), y el titular de Diputados, Hugo Motta (Republicanos), con la presencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Qué cambia y cuándo

La enmienda modifica el artículo 7° de la Constitución brasileña y establece una transición en dos etapas. Sesenta días después de la promulgación, las empresas deberán adoptar la escala 5×2 y la jornada máxima bajará a 42 horas semanales. Doce meses más tarde, el tope quedará fijado de manera definitiva en 40 horas, con un máximo de ocho horas diarias. El texto prohíbe expresamente que la reducción de horas se traduzca en una baja salarial y preserva los pisos de cada categoría.

Según un relevamiento del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (Dieese), elaborado con datos de la encuesta nacional de hogares de 2025, la medida podría beneficiar a 26,8 millones de personas que hoy trabajan más de 40 horas semanales. Datos del Ministerio de Trabajo y del IBGE citados durante la votación indican que 36,2 millones de vínculos formales tienen una jornada contratada superior a ese límite.

En la ceremonia, Lula calificó la enmienda como una «victoria de la sociedad brasileña» y la comparó con la Constitución de 1988. Alcolumbre, por su parte, sostuvo que al aprobar el fin de la escala 6×1 «el Legislativo brasileño eligió el camino correcto, no el camino fácil», y afirmó que los impactos de la medida «son incalculables».

Una bandera que nació en la calle

La reducción de la jornada fue durante años una demanda histórica del movimiento sindical brasileño. El senador Paulo Paim (PT), que presentó a lo largo de su carrera diversos proyectos para llevar la jornada a 40 horas, estuvo entre los firmantes de la promulgación. El tema recobró fuerza a fines de 2024, cuando la diputada federal Erika Hilton (PSOL) lo instaló nuevamente en la agenda pública, y el gobierno lo convirtió en prioridad legislativa a partir del discurso de Lula del 1° de mayo de 2025.

La Central Única de los Trabajadores (CUT) celebró el fin de la «masacrante escala 6×1» como una victoria «mayúscula de la lucha, del sudor y de la organización de la clase trabajadora brasileña». En un comunicado, la central sostuvo que la aprobación marca un punto de quiebre en la superación de «un modelo arcaico y cruel que succiona las energías de quien realmente trabaja y produce la riqueza de esta nación». La Força Sindical, a través de su presidente Miguel Torres, destacó que la medida dará a millones de personas más tiempo para la salud, la familia, la formación y el ocio.

El lobby empresario ya pide marcha atrás

La reacción patronal no tardó. La Confederación Nacional de la Industria (CNI) calificó la enmienda como un «retroceso» y su presidente, Ricardo Alban, pidió al Congreso que revise la medida «tras la constatación, por ejemplo, de la pérdida de competitividad y de la alta inflacionaria». La entidad estimó que la reducción de la jornada elevaría los costos de producción hasta en 267.000 millones de reales, con una caída de 0,7% del PIB. La Confederación Nacional del Comercio (CNC) lamentó que el tema se discutiera «en pleno período electoral».

Las proyecciones catastróficas, sin embargo, no son unánimes. Un estudio del Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea) estimó que el impacto sobre el costo total de las empresas rondaría el 1% en sectores como el comercio y la industria, con un máximo de 6,6% en vigilancia y seguridad. Una vez más, el argumento de la competitividad aparece como escudo para defender jornadas extenuantes que el propio mundo desarrollado abandonó hace décadas.

El bolsonarismo, entre el voto a favor y la letra chica

La oposición bolsonarista, que resistía la enmienda e intentó frenar su tratamiento esta semana, terminó liberando a su bancada cuando Alcolumbre puso el tema en el orden del día, y votó mayoritariamente a favor. El propio Flávio Bolsonaro anticipó que acompañaría el fin de la escala 6×1, una propuesta que se convirtió en una de las principales banderas de la campaña de Lula para el balotaje.

Pero el doble discurso quedó expuesto pocas horas después. En una entrevista con el canal de noticias Jovem Pan, el líder del Partido Liberal (PL) en Diputados, Sóstenes Cavalcante, afirmó que, si Flávio Bolsonaro gana la presidencia, debería impulsar la PEC 12/2026, que prevé un contrato «por hora trabajada». El voto favorable del bolsonarismo en el recinto convive así con una agenda de precarización que espera su turno en el cajón. El senador Randolfe Rodrigues reclamó a los legisladores contrarios al fin de la 6×1 que retiren sus firmas de esa iniciativa para permitir su archivo.

Un balotaje abierto a nueve días de las urnas

La promulgación llega en el momento más delicado de la campaña. En la primera vuelta del 4 de octubre, Flávio Bolsonaro se impuso con el 47,03% de los votos contra el 45,16% de Lula. Las encuestas difundidas este viernes muestran, sin embargo, un escenario de empate técnico: la de la Confederación Nacional del Transporte con el instituto MDA ubica a Flávio con 50,5% y a Lula con 49,5%, mientras que PoderData/AYA registra 48% contra 46%, una diferencia dentro del margen de error. En su medición anterior, PoderData había dado a Flávio una ventaja de 53% a 47%.

El segundo turno se celebrará el 25 de octubre. Lula llega a la recta final con una conquista concreta para el bolsillo y el tiempo de vida de la clase trabajadora, y con la ultraderecha obligada a votar una medida que combatió hasta último momento.

El espejo argentino: 12 horas y banco de horas

El contraste con la Argentina es brutal. En febrero de 2026, el Congreso aprobó la llamada Ley de Modernización Laboral impulsada por Javier Milei, que en el Senado obtuvo 41 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, con Patricia Bullrich como jefa del bloque de La Libertad Avanza al frente de las negociaciones. La norma habilita extender la jornada diaria de 8 a 12 horas sin pago de horas extras, compensadas mediante un «banco de horas»; reduce las indemnizaciones por despido y restringe el derecho a huelga en sectores considerados esenciales, con prestaciones mínimas de entre el 50% y el 75%.

La CGT definió esa reforma como «regresiva e inconstitucional». Mientras Brasil discute cómo devolverle tiempo de vida a quienes trabajan, el gobierno libertario legisló para que ese tiempo quede a disposición del empleador. Dos modelos de país, dos ideas opuestas sobre quién debe pagar el costo del desarrollo.

Lo que tenés que saber:

  • El Senado de Brasil aprobó el 14 de octubre, por 75 votos contra 1, la PEC 221/2019 que elimina la escala 6×1.
  • La jornada máxima baja de 44 a 40 horas semanales sin reducción salarial, con dos días de descanso remunerado por semana.
  • La transición fija 42 horas a los 60 días de la promulgación y 40 horas doce meses después.
  • Lula participó este viernes de la promulgación, a nueve días del balotaje del 25 de octubre contra Flávio Bolsonaro.
  • En la Argentina, la reforma laboral de Milei aprobada en febrero de 2026 habilita jornadas de hasta 12 horas con banco de horas.

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