Región
Detuvieron de forma “preliminar” por 7 días a Castillo y lo investigan por rebelión
La resolución del magistrado especifica que el plazo de detención judicial rige desde ayer, cuando Castillo fue arrestado, hasta el martes próximo, según la agencia estatal de noticias Andina.
El expresidente de Perú Pedro Castillo permanecerá detenido en forma «preliminar» hasta el martes próximo mientras se lo investiga por el delito de rebelión, informó este jueves el Poder Judicial.
El juez Juan Carlos Checkley, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, «dispone siete días de detención preliminar contra el expresidente Pedro Castillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente conspiración)», reportó el Poder Judicial esta tarde en Twitter.
La resolución del magistrado especifica que el plazo de detención judicial rige desde ayer, cuando Castillo fue arrestado, hasta el martes próximo, según la agencia estatal de noticias Andina.
Checkley adoptó esa resolución al cabo de una audiencia en la que escuchó al fiscal adjunto supremo Marco Huaman y al exministro Aníbal Torres, defensor de Castillo.
Mientras tanto, el exmandatario permanecía alojado desde ayer en la cárcel especial que funciona en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional, donde cumple su condena el expresidente Alberto Fujimori.
Allí le tomó declaración la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien acudió acompañada por Huamán y por la fiscal superior Karina Quineche.
Más temprano, la Fiscalía informó que recabó imágenes de las cámaras de seguridad del Palacio de Gobierno en busca de pruebas contra Castillo.
El trámite es parte de procedimientos que incluyeron desde anoche operativos simultáneos en el Palacio de Gobierno, la Presidencia del Consejo de Ministros y varios ministerios.
La investigación se basa en la sospecha de que el expresidente actuó contra los poderes del Estado y el orden constitucional en Perú al disolver ayer el Congreso y anunciar un gobierno de excepción con suspensión de garantías constitucionales.
La Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y el defensor del Pueblo dijeron que la decisión equivalía a un «golpe de estado» de Castillo.
Las Fuerzas Armadas y la Policía no apoyaron al presidente, y el Congreso lo destituyó al aprobar una moción de vacancia cuyo tratamiento y votación ya estaban previstos desde antes y que Castillo al parecer buscó impedir con la disolución del Legislativo.
«Acabamos de terminar los lacrados de las cámaras, eso es lo que nos ha demorado, para ver a las personas» que acompañaban a Castillo durante la emisión del mensaje en el que dispuso cerrar el Congreso y establecer un Gobierno de excepción», dijo la fiscal Zoila Marianela, informó la radio RPP.
Fuentes citadas por la emisora dijeron que la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez y su antecesor en el cargo, Torres, aparecen en estas grabaciones.
América Latina
Aviones militares a Bolivia: la oposición acusa a Milei de encubrir represión y exige explicaciones
Diputados de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el envío de dos aviones Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira, en medio de una escalada de violencia estatal contra manifestantes que reclaman su renuncia. El antecedente del envío de armas de Macri a la dictadura de Áñez en 2019 tiñe de sospechas la operación.
La oposición exige que el gobierno explique qué transportaron los aviones militares enviados a Bolivia
★ Un numeroso grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), encabezados por Juan Marino, presentó este lunes un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional por el envío de dos aviones militares Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente violencia estatal en Bolivia contra las manifestaciones populares que exigen la renuncia del mandatario, y reactualiza el fantasma del episodio más oscuro de la relación bilateral reciente: el envío de armamento represivo por parte del gobierno de Mauricio Macri al régimen de facto de Jeanine Áñez en noviembre de 2019.
El pedido de informes y sus ejes centrales
El proyecto presentado por la bancada opositora exige que el Gobierno de Javier Milei detalle la carga transportada por los aeronaves, el personal embarcado, los acuerdos militares vigentes con Bolivia y con el denominado «Escudo de las Américas», el esquema de seguridad regional impulsado por la administración de Donald Trump, y el estado procesal actual de la causa judicial abierta por el envío de armas y munición antitumulto del macrismo al gobierno de facto de Áñez.
«Es indispensable que el Congreso tenga garantías de que esta operación no se va a usar para reprimir al pueblo boliviano. La sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza», declaró Marino ante la agencia. El legislador, referente del Partido Piquetero y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro impulsado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, fue categórico: «No se puede tolerar que el Estado argentino respalde la represión».
El pedido de informes lleva la firma, entre otros, del jefe de la bancada de UxP en Diputados, Germán Martínez, de la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y de los legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés.
La voz boliviana y la sospecha sobre la carga
La iniciativa parlamentaria recoge las denuncias públicas del diputado nacional de la oposición boliviana Rolando Pacheco, quien afirmó que los aviones Hércules no transportan ayuda humanitaria sino material destinado a «reprimir» las movilizaciones en curso. La versión extraoficial, que el Gobierno argentino no desmintió con datos concretos, alimenta la desconfianza opositora.
«Hay elementos suficientes como para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria sino ante un respaldo material a la represión. El gobierno de Milei tiene que dar explicaciones precisas para despejar cualquier duda», sostuvo Marino, al tiempo que cuestionó el encuadre oficial de las protestas bolivianas: «Es falso que las manifestaciones sean desestabilizadoras, como han planteado Milei y el gobierno estadounidense. Romper el Estado de Derecho es masacrar las manifestaciones e impedir el ejercicio del derecho a la protesta».
Una resolución en defensa de la protesta popular
En paralelo al pedido de informes, Marino presentó un proyecto de resolución en defensa del derecho a la protesta social, que rechaza toda forma de represión estatal, criminalización de las movilizaciones populares e injerencia externa en los asuntos internos de Bolivia. La iniciativa reafirma que «el derecho a la protesta, a la huelga, a la libre expresión y a la libre asociación son pilares fundamentales de todo orden democrático».
El proyecto plantea, además, que la Cámara de Diputados debe diferenciarse de la posición asumida por el Poder Ejecutivo Nacional, que se alineó con comunicados regionales y del Departamento de Estado de los Estados Unidos que, según la oposición, omiten toda referencia a la represión y a las violaciones de derechos humanos denunciadas en territorio boliviano. «Exigimos que ningún recurso del Estado argentino sea utilizado para reprimir la rebelión popular del pueblo boliviano», insistió Marino.
El peso del antecedente: Macri, Áñez y las armas de 2019
El episodio de noviembre de 2019 opera como telón de fondo ineludible de toda esta discusión. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina envió material represivo, incluyendo munición antitumulto, al régimen de facto instaurado tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y colocó a Jeanine Áñez en la presidencia de Bolivia. Ese material fue utilizado en la represión de manifestaciones que dejó decenas de muertos y heridos. La causa judicial por ese envío permanece abierta en la justicia federal argentina y constituye uno de los antecedentes que la bancada de UxP invocan para reclamar transparencia sobre la actual operación.
Para Marino, «frente a la protesta social, la respuesta no puede ser la criminalización ni la represión: debe ser el respeto irrestricto al derecho a la protesta y a la autodeterminación de los pueblos». La Argentina, advirtió, «no puede repetir el antecedente gravísimo de 2019, cuando un gobierno argentino envió material represivo al régimen de facto de Áñez».
Puntos clave
- Diputados de UxP presentaron un pedido de informes por el envío de dos Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira.
- La oposición exige saber qué carga transportan los aviones y si existe vinculación con el «Escudo de las Américas» de Trump.
- El diputado boliviano Rolando Pacheco denunció que los aviones no llevan ayuda humanitaria sino material represivo.
- El proyecto lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.
- La bancada opositora alertó sobre la repetición del antecedente de 2019, cuando Macri envió armamento al régimen de facto de Áñez.
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