Región
Lula pidió un «castigo ejemplar» para aquellos que «planearon y ejecutaron el intento de golpe»
En un encuentro con los presidentes del Senado, Rodrigo Pacheco, y del Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, el jefe del Estado reclamó por los hechos sucedidos el 8 de enero de 2023.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reclamó este lunes un «castigo ejemplar» para quienes «financiaron, planearon y ejecutaron el intento de golpe» expresado en los ataques a las sedes de los poderes públicos del 8 de enero de 2023, perpetrados por seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro, porque «no hay perdón para quien ataca la democracia», dijo.
«No hay perdón para quienes atacan la democracia, su país y su propio pueblo; el perdón sonaría como impunidad, y la impunidad, como conducto salvado para nuevos actos terroristas», enfatizó Lula durante el acto «Democracia Inquebrantable» en el Congreso Nacional, que conmemoró el primer aniversario del asalto a la sede de los poderes en Brasilia perpetrado por partidarios del líder ultraderechista con el objetivo de derrocar al gobierno de Lula a una semana de su asunción, el 1 de enero de 2023.
En el encuentro, que reunió a Lula y los presidentes del Senado, Rodrigo Pacheco, y del Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, el jefe del Estado reclamó que «todos aquellos que financiaron, planearon y ejecutaron el intento de golpe deben ser castigados de manera ejemplar».
Asimismo, reconoció la «valentía» de parlamentarios, gobernadores, ministros del STF y «militares legalistas» durante aquellos ataques a las instituciones democráticas de Brasil que permiten hoy celebrar «la victoria de la democracia sobre el autoritarismo».
El acto en el Congreso estuvo marcado por el faltazo de los principales aliados de Bolsonaro, sobre todo porque el expresidente es uno de los investigados por la Fiscalía General por ser uno de los instigadores del asalto, considerado una réplica de la invasión al Capitolio realizada por seguidores de Donald Trump en Estados Unidos dos años antes.
No estuvieron los gobernadores aliados de Bolsonaro Tarcísio de Freitas (San Pablo), Claudio Casto (Río de Janeiro), Romeu Zema (Minas Gerais) e Ibaneis Rocha (Distrito Federal).
De la ceremonia participaron, además de todos los ministros del gobierno, el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre de Moraes, y el fiscal general de la República, Paulo Gonet, entre otros.
Estaba prevista la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Arturo Lira, del conservador Partido Progresistas (PP), pero alegó tener un familiar con un problema de salud y no acudió al encuentro.

Lula dedicó un párrafo de su discurso para agradecer también a los integrantes de las fuerzas de seguridad, especialmente en el Congreso, «que, incluso siendo minoría, se negaron a sumarse al golpe y arriesgaron sus vidas en el cumplimiento del deber».
El acto tuvo lugar en medio de un fuerte operativo de seguridad en los alrededores de la sede de la plaza de los Tres Poderes y se bloqueó el acceso a los edificios.
Las fuerzas de seguridad locales del Distrito Federal, la policía del Congreso y de la Corte Suprema, así como la Policía Federal y la Policía Federal de Carreteras actuaron en conjunto.
Además de Lula hablaron las principales autoridades de los tres poderes de la República.
En su discurso, el titular del STF aseguró que los ataques del 8 de enero del año pasado configuraron un «escenario de barbarie» motivado por una «animosidad artificialmente cultivada».
«En una especie de alucinación colectiva, miles de personas, aparentemente comunes y corrientes, inflamadas por falsedades, teorías de la conspiración, sentimientos antidemocráticos y resentimientos, se transformaron en criminales, aprendices de terroristas», afirmó.
En esa línea, Barroso tildó de «falsos patriotas» y de «falsos religiosos» a los ejecutores de aquel ataque a las instituciones del gigante sudamericano.
El titular del STFl llamó a «mantener viva la memoria de este episodio» de violencia en el que miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieron violentamente en la plaza de los Tres Poderes, según la agencia de noticias Europa Press.
En ese sentido, afirmó que el país todavía «está lleno de intolerancia, del poco respeto al resultado electoral, de violencia destructiva contra las instituciones» democráticas, en un escenario que, opinó, configura «un Brasil que no se parece a Brasil».
Barroso recordó además que la «crítica a las instituciones debe existir para el buen funcionamiento de la vida democrática, si bien no se puede confundir con la agresión o la violencia física que ocurrió aquellos días».
Moraes, a su turno, afirmó que el STF seguirá investigando y responsabilizando a los responsables de los actos golpistas del 8 de enero, porque «no se puede confundir paz y unidad con impunidad» .
También defendió la regulación de las redes sociales y la lucha contra la desinformación, a la que catalogó como un instrumento de «corrosión» de la democracia .
Evaluó que el intento de golpe contra Lula, califica como un «día de la infamia», que, analizó, estuvo precedido de años de ataques a las instituciones de Brasil y a sus miembros.
Mas temprano, Lula había instado a la sociedad civil a «no olvidar» la intentona golpista.
«Un grupo de irresponsables decidió intentar un golpe de estado en este país, y el 8 de enero significa que de ahora en adelante no permitiremos que la sociedad lo olvide para garantizar la democracia», dijo Lula en un video que publicó esta mañana en las redes sociales.
«Que gritemos alto y claro todos los días: ‘libertad, libertad, extiende tus alas’ y viva la democracia», añadió el líder progresista, citando un pasaje del himno de la Proclamación de la República, según la agencia ANSA.
Las investigaciones del 8 de enero de 2023 «no deben terminar hasta que se identifique a los financistas del intento de golpe», amplió Lula.
«No podemos detener la investigación hasta descubrir quién financió (esos actos), porque no fueron gratuitos. Hubo gente que los financió», afirmó además el mandatario en un documental titulado «8/1: La democracia resiste» producido por GloboNews y estrenado anoche durante el programa de TV Fantástico. @CJS@
A un año de los hechos, 65 personas permanecen en prisión preventiva sin haber sido juzgadas por el STF, en tanto que otras ocho ya fueron condenadas.
Según el STF, 1.430 personas fueron detenidas por los hechos contra las instituciones del país en 2023.
En tanto, el ministro de Defensa brasileño, José Múcio Monteiro, sostuvo que las Fuerzas Armadas «no querían el golpe» del 8 de enero de 2023, cuando partidarios radicales del expresidente Bolsonaro invadieron y robaron sede institucional en Brasilia.
Pese a algunos soldados «indisciplinados», el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea no quisieron unirse a un movimiento golpista, dijo el ministro a CNN Brasil.
«En ningún momento se mencionó la hipótesis. Hubo un gran sentimiento de cohesión. Todos los comandantes estaban allí esa noche (8 de enero)», agregó Múcio.
El 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, las sedes del Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema, en la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia, fueron invadidas y saqueadas por miles de seguidores radicalizados de Bolsonaro, que no aceptaban su derrota en las urnas.
La Justicia lo consideró el «más brutal ataque a la democracia» brasileña desde el golpe militar de 1964.
Bolsonaro, a quien la justicia investiga como supuesto «mentor intelectual» de ese movimiento, tampoco reconoció su derrota en las urnas y un día antes de la investidura de Lula viajó a Estados Unidos con el único objetivo de no entregarle el poder al líder progresista, quien asumió el primero de enero con un fuerte apoyo popular.
América Latina
Brasil activa la Ley de Reciprocidad y notifica a Washington por los aranceles de Trump
El gobierno de Lula inició formalmente el proceso previsto en la Ley de Reciprocidad Económica aprobada en 2025, en respuesta a los aranceles del 25% y el 12,5% que la administración Trump impuso sobre productos brasileños. La Cancillería notificó a Washington y solicitó consultas diplomáticas, mientras Brasil mantiene activo un recurso paralelo ante la OMC.
El gobierno de Brasil activó este jueves el mecanismo formal de contramedidas previsto en la Ley de Reciprocidad Económica, sancionada por el Congreso Nacional en 2025, en respuesta a los aranceles unilaterales que la administración de Donald Trump impuso sobre exportaciones brasileñas. El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó el inicio del proceso y notificó de manera oficial al gobierno de Washington, solicitando la apertura de consultas diplomáticas.
«El Gobierno brasileño informa que dio inicio al análisis de solicitud ordinaria de encuadramiento, bajo la Ley de Reciprocidad Económica, de las medidas unilaterales adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos en el ámbito de la Sección 301 de la Ley de Comercio de ese país», indicó la Cancillería brasileña en un comunicado oficial.
Aranceles «injustificados y arbitrarios»
Las tarifas cuestionadas son dos. La primera, del 25%, fue justificada por Washington bajo el argumento de supuestas prácticas comerciales desleales; la segunda, del 12,5%, está vinculada a la fiscalización de mercancías producidas con trabajo forzoso. El gobierno de Lula rechazó ambas calificaciones y las definió como «injustificadas y arbitrarias».
La decisión de activar la Ley de Reciprocidad se suma a un recurso previo: Brasil ya había iniciado el mecanismo de consultas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para impugnar los dos aranceles. Según **Agencia NA**, Estados Unidos respondió a ese pedido manifestando su disposición al diálogo: «Estados Unidos acepta el pedido de Brasil de realización de consultas. Estamos a disposición para reunirnos con los representantes de su misión en una fecha mutuamente conveniente», señaló la respuesta estadounidense.
Diálogo y presión simultáneos
La Cancillería subrayó que la activación del mecanismo interno «refuerza la disposición del gobierno brasileño de privilegiar el diálogo y la negociación en sus relaciones internacionales», una frase que define con precisión la estrategia dual de Brasilia: presión legal e institucional combinada con apertura diplomática. No se trata de una ruptura, sino de una escalada ordenada dentro de los marcos jurídicos disponibles.
La movida de Lula se inscribe en un contexto de creciente cuestionamiento global al uso unilateral de aranceles por parte de Washington. Varios países han adoptado posiciones similares, recurriendo a la OMC y a legislaciones internas para blindar sus economías frente a lo que describen como prácticas proteccionistas disfrazadas de argumentos técnicos o de seguridad nacional. Brasil, con este paso, se posiciona como uno de los actores del Sur Global con mayor disposición a confrontar institucionalmente con la Casa Blanca sin romper los canales de negociación.
Antecedentes de tensión bilateral
Este nuevo episodio se monta sobre una relación bilateral que viene deteriorándose desde la asunción del segundo mandato de Trump. El presidente brasileño ya acusó públicamente a Washington de intentar interferir en el proceso electoral brasileño de cara a los comicios de octubre, en particular a través de vínculos entre el Partido Republicano y sectores del bolsonarismo. La respuesta del secretario de Estado Marco Rubio, que responsabilizó directamente a Lula por las nuevas tarifas en una publicación en X, recrudeció la tensión retórica entre ambos gobiernos.
En ese marco, la activación de la Ley de Reciprocidad no es solo una medida comercial: es también una declaración política. Lula opta por responder con las herramientas del Estado de derecho allí donde Trump recurre a la imposición unilateral. El desenlace de este diferendo tensará las relaciones hemisféricas en un año electoral clave para el principal socio económico de la Argentina en el Mercosur.
Puntos clave
- Brasil activó la Ley de Reciprocidad Económica (aprobada en 2025) contra los aranceles de Trump del 25% y el 12,5%.
- La Cancillería notificó formalmente a Washington y solicitó consultas diplomáticas.
- Brasil mantiene activo en paralelo un recurso ante la OMC, al que Estados Unidos respondió aceptando dialogar.
- El gobierno de Lula calificó los aranceles estadounidenses de «injustificados y arbitrarios».
- La medida combina presión legal interna e internacional con apertura al diálogo diplomático.
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