DDHH
Cuneo Libarona anticipó que se trasladará el Inadi a la ex Esma
Además, postuló la necesidad de «achicar el Estado», aunque advirtió que «se va a respetar la ley laboral y se va a echar a quien no trabaja».
El ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, aseguró que el Gobierno «atacará» a la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas «con todos los elementos pertinentes», postuló la necesidad de reducir el área que gestiona y anunció que trasladará el funcionamiento del Inadi al predio de la ex Esma.
«Vamos a atacar la corrupción, el narcotráfico, la trata, vamos a hacer la denuncia a full con los elementos pertinentes, no hay nadie que vaya a denunciar más que yo», aseguró.
Al respecto, pidió tranquilidad a los ciudadanos, ya que el Gobierno perseguirá «la corrupción con todo, se va a denunciar con máxima potencia».
«Me he convertido en un administrador, no puedo avanzar en mis ideas, mis proyectos de leyes, orden y persecución porque tengo un ministerio de 5.500 empleados con muchísimos organismos en el interior. No se necesita eso«, expresó Cuneo Libarona.
Al respecto, indicó que el presidente Javier Milei le pidió que terminara con la «interferencia del Ejecutivo en el poder Judicial», que «es propio de la transparencia que quiere darle Milei al Gobierno».
El ministro enumeró algunos de sus planes para la cartera de Justicia, que incluye «centralizar con las comunicaciones existentes, en un ámbito con eficaces abogados que van a orientar a las víctimas».
En ese sentido, adelantó que planea trasladar parte del funcionamiento del Inadi al predio de la ex Esma y pondrá asesoramiento «psicológico para las víctimas» de discriminación.
Además, postuló la necesidad de «achicar el Estado», aunque advirtió que «se va a respetar la ley laboral y se va a echar a quien no trabaja».
«Tengo que tener ingresos para nombrar jueces, no puede haber tantas vacantes, quiero implementar el sistema acusatorio federal, que los fiscales persigan la corrupción y los destrocen», sostuvo, por otra parte.
«Quiero también juicio por jurados, un sistema legal novedoso, inédito, conforme a los estándares actuales del mundo», auguró y destacó que en «Jujuy y Salta está actuando muy bien este sistema» que se intenta implementar en otras porvincias, según dijo.
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Abstenerse frente a la violencia machista no es neutralidad: el Colegio Público de la Abogacía advierte al Gobierno de Milei
El Colegio Público de la Abogacía advirtió que la abstención en una resolución respaldada por 175 países es un retroceso y que la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó. Los tratados sobre derechos de las mujeres, recordó, obligan al Estado más allá del gobierno de turno.
175 países respaldaron en Naciones Unidas una resolución para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y la Argentina decidió abstenerse. Esa decisión del Gobierno nacional abrió un nuevo cuestionamiento desde el mundo del derecho.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó este miércoles su preocupación por la decisión del Gobierno nacional, en un pronunciamiento institucional en el que remarcó que el país fue el único Estado latinoamericano que no acompañó la iniciativa.
Un consenso al que el país le dio la espalda
La entidad que reúne a las abogadas y los abogados de la Capital Federal sostuvo que «resulta inadmisible que nuestro país se aparte de un consenso internacional tan amplio» en una materia que compromete derechos humanos fundamentales. Para el Colegio, la posición argentina representa un retroceso que merece un claro cuestionamiento.
Además, la institución advirtió que las eventuales diferencias sobre la redacción o el alcance de una resolución no pueden servir de fundamento para desentenderse del compromiso internacional de combatir esta forma de violencia.
Obligaciones que no se renegocian con cada gobierno
Los compromisos en materia de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres obligan al Estado argentino y no pueden quedar sujetos a las posiciones ideológicas ni a las prioridades políticas de los gobiernos de turno.
El Colegio recordó que la Argentina asumió obligaciones expresas a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención de Belém do Pará.
Según el pronunciamiento, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos humanos que exige políticas públicas efectivas, instituciones comprometidas y una acción sostenida del Estado. No se trata de preferencias políticas, subrayó, sino de garantizar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Una deuda que el feminismo ya puso sobre la mesa
La advertencia llega a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en un país donde el movimiento feminista instaló la violencia machista como problema público desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015. La Argentina cuenta además con la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, vigente desde 2009.
Abstenerse, en ese marco, no es una posición neutral: es correrse de un acuerdo que el resto de la región sí sostuvo. Para quienes sobreviven a la violencia y para quienes sostienen redes de acompañamiento, el mensaje que llega desde el Estado importa tanto como el texto de cualquier resolución.
Un antecedente que pesa
No es la primera vez que la diplomacia argentina queda aislada en este terreno. En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno digital, que se aprobó con 170 votos a favor y 13 abstenciones. En aquel momento, el PRO, la UCR y Unión por la Patria cuestionaron la decisión.
El Colegio Público de la Abogacía reafirmó su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales. «No hay lugar para la indiferencia ni para la ambigüedad», sostuvo, y agregó que el Estado argentino tiene el deber de proteger esos derechos y de sostener ese compromiso ante la comunidad internacional.
Lo que tenés que saber
- El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por la abstención argentina en una resolución de la ONU contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
- La iniciativa tuvo el respaldo de 175 países y la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó.
- El Colegio recordó que la CEDAW, con jerarquía constitucional, y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado argentino.
- En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de otra resolución de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.
- El pronunciamiento se conoció a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
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