Más de 37 millones de ciudadanos españoles podrán decidir en las elecciones generales de mañana si el Gobierno se mantiene en manos de una coalición progresista liderada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) o si, por primera vez desde la muerte del dictador Francisco Franco, pasa a gobernar una alianza de derecha y ultraderecha, conformada por el Partido Popular (PP) y Vox, a la que la mayoría de las proyecciones dan la delantera.

En España, una de las diez monarquías parlamentarias vigentes en Europa, el Ejecutivo se vota por la composición del Parlamento (las Cortes Generales) de 350 miembros, que mañana se elegirá en su totalidad. Quien reúna la mayoría absoluta, 176 escaños, se queda con el Gobierno, aunque también juegan las abstenciones.

Si bien hay algunos sondeos que dan cuenta de un avance del PSOE, e incluso el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da a los socialistas al frente por un escueto 1,4% frente al conservador PP, el mismo estudio señala que en la suma general, en la cuenta provincia por provincia, la coalición de derecha y extrema derecha podría sumar 173 bancas (135 del PP y 38 de Vox), apenas tres por debajo de la mayoría absoluta, con lo que necesitarían al menos tres abstenciones para llegar a La Moncloa, sede del Ejecutivo.

La coalición de Gobierno llegaría, según el promedio de las proyecciones de este sondeo, a 146 escaños, 110 del PSOE y 36 de la alianza de izquierda Sumar, que disputa voto a voto con Vox el estratégico tercer lugar.

Quedarían 31 bancas en manos de terceras fuerzas regionales, como el PNV (Partido Nacionalista Vasco) de raíz democristiana e ideológicamente alineado en el liberalismo; EH Bildu (también nacionalista vasco, pero de izquierda), o los catalanes de izquierda de la CUP (Candidatura de Unidad Popular). Cada uno con sus exigencias a la hora de negociar un respaldo a nivel nacional.

Los líderes del PSOE, el presidente Pedro Sánchez, y de Sumar, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, no la tendrán fácil a la hora de buscar los hipotéticos respaldos para retener el Gobierno. Pero el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tampoco tiene todo resuelto con su socio de extrema derecha, Santiago Abascal, el líder de Vox.

Desde el bunker de Vox salen a diario mensajes filtrados para condicionar la eventual agenda de un Gobierno compartido. La más osada, como destaca el diario donostiarra Naiz, es la pretensión de ocupar el Ministerio de Cultura y Deporte.

Vox, en soledad o como aliado del PP, se instaló en la administración de varios distritos, a partir del éxito del bloque de derechas en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

Diversos colectivos culturales, destacados actores y actrices, directores de teatro y cine denunciaron la censura de obras teatrales y películas que abordan temas de género y del colectivo LGTBIQ+ en varios de esos municipios.

En Valdemorillo, un municipio ubicado en la Comuna de Madrid, kilómetros al norte de la capital española, el Ayuntamiento, compuesto por una amplia mayoría del PP y Vox, determinó la cancelación de la obra teatral «Orlando», basada en la novela homónima de Virginia Woolf, que aborda las complejidades de la sexualidad femenina, la artificialidad de los roles de género y la homosexualidad.

Esta obra literaria ya había sido censurada en 1944 por el franquismo y recién pudo ser publicada en España en 1978.

También fueron censuradas «La villana de Getafe», obra de Lope de Vega, en la ciudad homónima, también gobernada por la derecha, y la película de Disney Pixar «Lightyear», en el municipio de Santa Cruz de Bezana, ubicado en la norteña provincia de Cantabria.

Estos y otras varias prohibiciones motivaron que prominentes figuras de la cultura española como Pedro Almodóvar, Aitana Sánchez-Gijón, Alba Flores, Marisa Paredes y Juan Diego Botto, entre otros, denunciaran públicamente la censura, y viralizaran en Twitter el hashtag #StopCensura.

Pero este renacer de políticas, a las que califican de anacrónicas y retardatarias, aparece como el síntoma de un sistema de representación agotado.

El sistema electoral español está diseñado para una lógica bipartidista, con una alternancia en el poder nacional del PSOE y el PP, pero en la última década aparecieron nuevas expresiones políticas, con peso en diversas regiones y llegada al Parlamento, que muestran que los gobiernos monocolor fueron reemplazados por los de coaliciones.

Por eso, a pesar del esfuerzo del PSOE y el PP por consolidar sus votos propios, en este paso del bipartidismo al «bibloquismo», como llaman algunos politólogos a este escenario que tiende a consolidarse en las elecciones de mañana, adquiere importancia la disputa por el tercer lugar entre Sumar y Vox.

Cuando se cierre el comicio, el protagonismo será del sistema de reparto proporcional D’Hondt, que premia a la primera minoría. La disputa por el tercer puesto es fuerte, por ejemplo, en Cádiz, Málaga y Sevilla, donde los progresistas le disputan voto a voto el último escaño del reparto.

No casualmente, tanto Sánchez como Feijóo, aun ante la evidencia de que tendrán que negociar y hacer concesiones si quieren ganar, buscan en estos últimos tramos de campaña diferenciarse de sus aliados ineludibles.

El más enfático en este objetivo es el líder del PP, quien este último jueves dijo que no busca un acuerdo con Vox, y aseguró que ese es «el escenario que quiere montar» el actual Gobierno.

«Mi objetivo no es ponerme de acuerdo con Vox», afirmó Núñez Feijóo, y enfatizó, ante una pregunta periodística sobre las posturas antieuropeístas que enarbolan Abascal y sus partidarios, que «no hay una sola coalición en la Unión Europea cuyo primer ministro gobierne con el apoyo de partidos que quieren romper la unidad de la nación a la que representan».

A partir de las palabras se podría inferir que el PP no aceptaría el respaldo de Vox en las condiciones que proclama esa fuerza, pero esa coalición ya funciona en varios distritos tras las elecciones de mayo último.

Por otra parte, si el PP reemplaza al PSOE en La Moncloa, deberá asumir la presidencia del Consejo de la Unión Europea, que detenta España, cuando en varios ayuntamientos la coalición PP-Vox hizo retirar de sus edificios las banderas del bloque y del colectivo LGTBIQ+.

En este esquema, donde la paridad obligará a una disputa voto a voto, el nivel de concurrencia a las urnas no es un tema menor.

El diario Naiz da cuenta de que durante un reciente desayuno con periodistas en un hotel madrileño, el sociólogo José Juan Toharia, director de Metroscopia, estimó que la participación electoral oscilará en torno al 68%, una concurrencia a las urnas por debajo de lo esperable que también da la pauta del clima social en que se desarrollan estas elecciones, que en principio estaban programadas para fin de año, pero que fueron adelantadas por Sánchez tras la derrota de mayo a manos de las fuerzas de derecha.

En el mismo desayuno, el analista electoral Ignacio Varela aportó un dato complementario sobre ese humor social: aseguró que entre el millón y medio de nuevos votantes, el segmento que va de los 18 a los 22 años, «el partido más votado es Vox».