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Lula anuló el decreto de Bolsonaro para la compra de armas

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó hoy un decreto que vuelve a limitar el acceso a armas y municiones para civiles, y anula de hecho la flexibilización para la compra y venta que había propiciado su antecesor, Jair Bolsonaro.

Lula anunció la firma durante una ceremonia en el Palacio del Planalto, como parte de un «Programa de acción en Seguridad» que presentó junto a su ministro del área, Flávio Dino, que incluye otras medidas y propuestas para intentar disminuir la violencia en el país.

Revólver nas mãos de uma pessoa no balcão de uma loja

El decreto sobre el «control responsable de armas» reduce de 4 a 2 la cantidad de armas, y sus municiones, para fines de defensa personal y exige la demostración de efectiva necesidad para adquirirlas, entre otros puntos.

Además, disminuye de 30 a 6 el número de armas para cazadores, tiradores deportivos y coleccionadores, y limita el horario de funcionamiento de los clubes de tiro, que además deberán operar a al menos un kilómetro de distancia de escuelas.

“Una cosa es que un ciudadano tenga un arma en casa, de protección de garantía, porque hay gente que piensa que tener un arma en casa es una seguridad, pero lo que no podemos permitir es que haya arsenales de armas en manos de las personas», afirmó el presidente.

Y agregó: “Vamos a continuar luchando por un país desarmado. Quienes tienen que estar bien armados son la policía brasileña y las fuerzas armadas».

El mandatario busca revertir la proliferación de armas entre civiles, que avanzó durante la administración de Bolsonaro (2019-2022).

Lula dijo que el Ejecutivo está asumiendo la «responsabilidad por la seguridad pública», en un intento por «disminuir la violencia, tanto en las ciudades como en la Amazonía».

Con la nueva norma, el control de cazadores, tiradores deportivos y coleccionadores, clubes de tiro, tiendas de armas y otros locales pasará del Ejército a la Policía Federal.

Según la ONG Instituto Sou da Paz, en julio del año pasado este grupo disponía de más de un millón de armas, casi el triple que las 350.000 registradas en diciembre de 2018, un mes antes de que Bolsonaro iniciara su mandato.

«El decreto representa un paso más para retomar parámetros de responsabilidad y seguridad jurídica en el control de armamento en Brasil», destacó la ONG en un comunicado que compartió con el instituto de seguridad pública Igarapé.

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Lula llamó la atención sobre el hecho de que no hay informaciones sobre si el aumento de armas de los últimos años está yendo a personas «decentes y honestas» o si es el crimen organizado el que está teniendo «el acceso facilitado por el comportamiento de los gobiernos», una referencia directa a Bolsonaro.

Armas como las pistolas de calibre 9mm, .40 y .45ACP vuelven a ser de uso restringido y sólo podrán estar en manos de las fuerzas de seguridad (en los últimos años la pistola .40 fue la más comprada en Brasil).

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El ciudadano que quiera comprar un arma para defensa personal sólo podrá adquirir dos y disponer de 50 municiones al año y además deberá comprobar ante la Policía Federal la «efectiva necesidad» de poseer esa arma; hasta ahora, podía comprar cuatro armas y usar 200 municiones.

El Ejecutivo anunció también la creación del plan Amazonía Más Segura (AMAS), para reforzar la seguridad en la región norte del país, donde más está aumentando la violencia en los últimos años.

Se implantarán 34 bases terrestres y fluviales con policías federales y estaduales; se espera contar con 6.000 agentes y una inversión de 2.000 millones de reales (casi 420 millones de dólares), reportaron las agencias AFP y Sputnik.

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El “Programa de Acción de Seguridad (PAS)” dispone además la entrega de 3.000 millones de reales (629 millones de dólares) en recursos a los estados.

“Estamos trayendo la responsabilidad de la seguridad pública en este país al gobierno federal, junto con los estados y municipios. No queremos asumir el papel de los estados porque el gobernador del estado está a cargo de la policía estatal. Lo que queremos es ser un socio, aportar para que podamos, tanto en las ciudades como en la Amazonía, reducir la violencia en ese país”, expresó Lula.

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El Ministerio de Justicia también adelantó la publicación de una convocatoria pública para la selección de proyectos y manifestaciones culturales en territorios con alto índice de violencia y vulnerabilidad social.

“Este edicto sobre la cultura tiene el deber de ser como las madres y los padres de la periferia de este país, que no se dan por vencidos con sus hijos. El Estado brasileño no puede ser menos que las familias de las personas más pobres, sencillas y humildes. Tenemos que acercarnos a la gente que lo necesita, y la cultura es una forma de competir con el mundo del crimen para la juventud brasileña”, argumentó el ministro Dino, según la estatal Agencia Brasil.

Economía 💲

Histórico en la OIT: el mundo reconoció que los repartidores son trabajadores y tienen derechos

¿Que garantiza el nuevo convenio?. La delegación argentina, encabezada por dirigentes de la CGT y la CATT, participó activamente del debate y presentó denuncias contra el gobierno de Milei por violaciones a la libertad sindical.

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En la histórica 114ª Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra, los 187 países miembros de la OIT adoptaron por amplia mayoría un convenio vinculante que garantiza salario mínimo, seguridad social, libertad sindical y transparencia algorítmica para repartidores, conductores y trabajadores de aplicaciones.

La delegación argentina, encabezada por dirigentes de la CGT y la CATT, participó activamente del debate y presentó denuncias contra el gobierno de Milei por violaciones a la libertad sindical.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó este viernes, en el cierre de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, el primer convenio global destinado a garantizar derechos laborales básicos para los trabajadores de la economía de plataformas digitales. El texto, resultado de dos años de negociaciones tripartitas entre gobiernos, empleadores y organizaciones sindicales, se adoptó por 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones en la asamblea anual del organismo, presidida por el ministro de Trabajo y Seguridad Social del Uruguay, Juan Castillo.

El convenio entrará en vigor una vez sea ratificado por al menos dos países miembros, a los doce meses de ese acto de ratificación. Su alcance es universal: se aplica a todos los trabajadores de plataformas digitales, independientemente de su situación laboral formal, lo que incluye a conductores de aplicaciones como Uber y Bolt, repartidores de servicios como Rappi y Glovo, y trabajadores remotos de plataformas de servicios digitales.

Un hito histórico tras décadas de precarización

La aprobación del convenio pone fin a décadas de vacío regulatorio que permitió a las grandes empresas tecnológicas operar en todo el mundo bajo el argumento de que sus trabajadores son «colaboradores independientes», negándoles acceso a salario mínimo, cobertura médica, jubilación y derecho a la sindicalización. El texto aprobado reconoce explícitamente que la economía de plataformas «está transformando significativamente el mundo laboral» pero identifica graves «déficits» en materia de trabajo decente que los marcos regulatorios nacionales no lograron corregir de manera uniforme.

El convenio establece que los trabajadores por aplicación deberán percibir una remuneración en ningún caso inferior al salario mínimo legal o negociado vigente en cada país, y acceder a protección en materia de seguridad social en condiciones equivalentes a las de cualquier otro trabajador. Además, obliga a las plataformas digitales a ser transparentes sobre sus mecanismos de pago, las deducciones aplicadas y el funcionamiento de los sistemas algorítmicos que asignan tareas, calculan tarifas, miden rendimiento y determinan bloqueos o suspensiones de cuentas.

Libertad sindical y transparencia algorítmica, en el centro

Entre los ejes centrales del convenio figura el reconocimiento expreso del derecho a la libertad de asociación sindical y a la negociación colectiva para los trabajadores de plataformas, un derecho que las empresas del sector negaron sistemáticamente durante años. El texto también insta a los Estados miembros a adoptar medidas para garantizar la eliminación del trabajo forzoso y del trabajo infantil en el sector, la no discriminación y entornos laborales seguros y saludables.

Respecto a los sistemas algorítmicos, el convenio obliga a las empresas a informar a los trabajadores cómo se toman las decisiones automatizadas que afectan su actividad y a reconocerles el derecho a impugnar esas decisiones. Este punto fue uno de los más disputados durante las negociaciones, dado el modelo de negocio de las grandes plataformas, que utilizan la gestión algorítmica como herramienta de control laboral sin intermediación humana.

Argentina en Ginebra: entre el nuevo convenio y las denuncias contra Milei

La delegación sindical argentina tuvo una activa participación en la 114ª Conferencia. Horacio Calculli, integrante de la delegación de la Confederación General del Trabajo (CGT), actuó en múltiples frentes durante las dos semanas de trabajo en Ginebra. En su carácter de secretario de Salud y Seguridad Operacional de la Asociación Argentina de Aeronavegantes mantuvo una reunión con Horacio Guido, especialista de la OIT en normas internacionales del trabajo, para dar seguimiento a la denuncia presentada por las organizaciones sindicales aeronáuticas argentinas ante los órganos de control del organismo.

Esa denuncia acusa al gobierno de Javier Milei de violar el derecho de huelga, deteriorar las condiciones laborales y perseguir a dirigentes sindicales, según fuentes gremiales consultadas. El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, advirtió antes de la conferencia que Argentina estaba en condiciones de quedar «en el banquillo de los acusados» ante el organismo internacional, dado el historial de violaciones laborales de la gestión libertaria. La postura del gobierno nacional fue defendida en Ginebra por el embajador Carlos Foradori, representante permanente ante los organismos internacionales con sede en esa ciudad, ya que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, no concurrió a la conferencia.

En paralelo, Calculli desarrolló una agenda internacional como miembro del Comité Ejecutivo Mundial de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) y como presidente del Grupo de Asesores sobre Economía de Plataformas de esa federación. En ese marco mantuvo una reunión con el presidente de la ITF, Frank Moreels, para analizar la situación del transporte en Argentina y América Latina y los desafíos que enfrentan las organizaciones sindicales ante los cambios tecnológicos y productivos. También participó de reuniones vinculadas a la estrategia global de la ITF para garantizar derechos laborales para trabajadores de plataformas.

En ese contexto, Calculli subrayó que los debates de la OIT son fundamentales para construir respuestas globales frente a los cambios que atraviesa el trabajo. «La defensa de la libertad sindical, la negociación colectiva y el trabajo decente sigue siendo una tarea central para el movimiento sindical internacional. Del mismo modo, resulta fundamental que los organismos internacionales continúen monitoreando el cumplimiento de los convenios internacionales ratificados por nuestro país», afirmó el dirigente, quien también integra la Comisión Directiva de la CATT.

El contexto argentino: reforma laboral regresiva y denuncias en el plano internacional

La aprobación del convenio llega en un momento en que el gobierno de Milei impulsa, mediante la reforma laboral contenida en la Ley de Modernización Laboral 27.802, un esquema regresivo para los derechos de los trabajadores.

La CATT, que agrupa a los gremios del transporte, expresó públicamente su oposición a esa norma, advirtiendo que «debilita la negociación colectiva, precariza condiciones laborales y desconoce conquistas históricas del movimiento obrero argentino». En ese cuadro, el nuevo convenio de la OIT sobre economía de plataformas ofrece al movimiento sindical local un instrumento jurídico de carácter internacional para disputar los derechos de los trabajadores digitales en el plano nacional.

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