El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó hoy un decreto que vuelve a limitar el acceso a armas y municiones para civiles, y anula de hecho la flexibilización para la compra y venta que había propiciado su antecesor, Jair Bolsonaro.

Lula anunció la firma durante una ceremonia en el Palacio del Planalto, como parte de un «Programa de acción en Seguridad» que presentó junto a su ministro del área, Flávio Dino, que incluye otras medidas y propuestas para intentar disminuir la violencia en el país.

El decreto sobre el «control responsable de armas» reduce de 4 a 2 la cantidad de armas, y sus municiones, para fines de defensa personal y exige la demostración de efectiva necesidad para adquirirlas, entre otros puntos.

Además, disminuye de 30 a 6 el número de armas para cazadores, tiradores deportivos y coleccionadores, y limita el horario de funcionamiento de los clubes de tiro, que además deberán operar a al menos un kilómetro de distancia de escuelas.

“Una cosa es que un ciudadano tenga un arma en casa, de protección de garantía, porque hay gente que piensa que tener un arma en casa es una seguridad, pero lo que no podemos permitir es que haya arsenales de armas en manos de las personas», afirmó el presidente.

Y agregó: “Vamos a continuar luchando por un país desarmado. Quienes tienen que estar bien armados son la policía brasileña y las fuerzas armadas».

El mandatario busca revertir la proliferación de armas entre civiles, que avanzó durante la administración de Bolsonaro (2019-2022).

Lula dijo que el Ejecutivo está asumiendo la «responsabilidad por la seguridad pública», en un intento por «disminuir la violencia, tanto en las ciudades como en la Amazonía».

Con la nueva norma, el control de cazadores, tiradores deportivos y coleccionadores, clubes de tiro, tiendas de armas y otros locales pasará del Ejército a la Policía Federal.

Según la ONG Instituto Sou da Paz, en julio del año pasado este grupo disponía de más de un millón de armas, casi el triple que las 350.000 registradas en diciembre de 2018, un mes antes de que Bolsonaro iniciara su mandato.

«El decreto representa un paso más para retomar parámetros de responsabilidad y seguridad jurídica en el control de armamento en Brasil», destacó la ONG en un comunicado que compartió con el instituto de seguridad pública Igarapé.

Lula llamó la atención sobre el hecho de que no hay informaciones sobre si el aumento de armas de los últimos años está yendo a personas «decentes y honestas» o si es el crimen organizado el que está teniendo «el acceso facilitado por el comportamiento de los gobiernos», una referencia directa a Bolsonaro.

Armas como las pistolas de calibre 9mm, .40 y .45ACP vuelven a ser de uso restringido y sólo podrán estar en manos de las fuerzas de seguridad (en los últimos años la pistola .40 fue la más comprada en Brasil).

El ciudadano que quiera comprar un arma para defensa personal sólo podrá adquirir dos y disponer de 50 municiones al año y además deberá comprobar ante la Policía Federal la «efectiva necesidad» de poseer esa arma; hasta ahora, podía comprar cuatro armas y usar 200 municiones.

El Ejecutivo anunció también la creación del plan Amazonía Más Segura (AMAS), para reforzar la seguridad en la región norte del país, donde más está aumentando la violencia en los últimos años.

Se implantarán 34 bases terrestres y fluviales con policías federales y estaduales; se espera contar con 6.000 agentes y una inversión de 2.000 millones de reales (casi 420 millones de dólares), reportaron las agencias AFP y Sputnik.

El “Programa de Acción de Seguridad (PAS)” dispone además la entrega de 3.000 millones de reales (629 millones de dólares) en recursos a los estados.

“Estamos trayendo la responsabilidad de la seguridad pública en este país al gobierno federal, junto con los estados y municipios. No queremos asumir el papel de los estados porque el gobernador del estado está a cargo de la policía estatal. Lo que queremos es ser un socio, aportar para que podamos, tanto en las ciudades como en la Amazonía, reducir la violencia en ese país”, expresó Lula.

El Ministerio de Justicia también adelantó la publicación de una convocatoria pública para la selección de proyectos y manifestaciones culturales en territorios con alto índice de violencia y vulnerabilidad social.

“Este edicto sobre la cultura tiene el deber de ser como las madres y los padres de la periferia de este país, que no se dan por vencidos con sus hijos. El Estado brasileño no puede ser menos que las familias de las personas más pobres, sencillas y humildes. Tenemos que acercarnos a la gente que lo necesita, y la cultura es una forma de competir con el mundo del crimen para la juventud brasileña”, argumentó el ministro Dino, según la estatal Agencia Brasil.