Por Ariadna Dacil Lanza.

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, deberá hacer frente cuando asuma el Gobierno a las expectativas generadas sobre cuáles serán sus respuestas a los problemas heredaros en relación con las guerrillas, los derechos humanos, los paramilitares y el accionar de las fuerzas militares y de seguridad.

Un aliciente favorable para el arranque es el anuncio que hizo ayer del Ejército de Liberación Nacional (ELN) sobre su disposición a retomar el diálogo de paz a partir del 7 de agosto, cuando asuma Petro, quien se convertirá el primer presidente izquierdista del país.

El presidente electo ha dicho en sus discursos que el aún presidente Iván Duque hizo «trizas la paz» y que los acuerdos, «si los firmamos, nos comprometemos».

Por eso, en su programa afirma que cumplirá con el Acuerdo Final de Paz firmado entre el gobierno y las FARC-EP en 2016 y que avanzará en “el diálogo con el ELN» para «finiquitar la existencia de la insurgencia armada» y someter “a la justicia a los grupos multicrimen».

Petro ubicó también dentro de estas bandas criminales a parte del ELN, que ayer anunció que si bien “mantiene activo su sistema de lucha y resistencia” va a ofrecer “plena disposición” a retomar los diálogos de paz con el Gobierno electo.

“Es una buena noticia porque sería avanzar hacia una paz completa con todos los actores armados”, dijo a Télam el coordinador colombiano del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Alberto Yepes.

Además Yepes afirmó que el legado de Duque fue la “expansión de grupos ilegales, paramilitares que incrementaron sus ataques a líderes sociales y las masacres”, que dejan una “crisis humanitaria”, y que en ese contexto es imperioso buscar una “implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, que quedó paralizado”.

Ese fue el primer gesto favorable que recibieron los líderes del Pacto Histórico (PH) en un camino que saben largo y con altos riesgos.

“Estamos viviendo una situación realmente muy compleja por el asesinato sistemático de liderazgos sociales, pero también hubo una respuesta muy interesante en el proceso electoral y es que, a pesar de eso, las organizaciones sociales decidimos articularnos de una manera muy fuerte alrededor de la propuesta presidencial de Petro y (la vicepresidenta electa, Francia) Márquez”, dijo Jonathan Centeno Muñoz, integrante del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC).

El PUPSOC aglutina a principalmente a organizaciones campesinas pero también “indígenas, negras, juveniles, sindicales, ambientales” en los departamentos del Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

En estos territorios del suroeste colombiano, con salida al Pacífico, se vivió “con mucha agudeza la guerra, por su geografía y por la disputa de intereses en el territorio. Hay una presencia fuerte de las organizaciones insurgentes y de grupos paramilitares. La presencia del Estado se limita a la fuerza pública”, comentó.

Es “una región de mucho abandono y exclusión” y, como respuesta, también una zona de organizaciones y movimientos sociales. Centeno Muñoz relató que luego de los Acuerdos de Paz tuvieron “esperanza para transitar transformaciones estructurales” pero se «fortaleció la alianza entre el Ejército y organizaciones paramilitares”.

Los «paracos», en la jerga local, “trabajan a sueldo” y se articulan con “batallones de la región”, explicó Centeno Muñoz. Son “mafias relacionadas a la industria y salida por el Pacífico de la droga, al control del territorio, al extractivismo de minerales y en consecuencia al asesinato de liderazgos sociales”, que son vistos como un “palo en la rueda”, agregó.

Petro y Marquez tendrán como desafío ofrecer nuevas respuestas, que no serán de un día para otro, además de regular expectativas sociales.

“La expectativa es que rápidamente tome medidas que afecten las causas estructurales de la violencia contra los líderes. Lo primero es negociar con todos los actores armados y el sometimiento a la justicia al paramilitarismo y el narcotráfico”, dijo Yepes.

Y agregó que deben impulsar “órdenes precisas” para que las “Fuerzas Armadas y la Policía garanticen el derecho a la movilización y la protesta social”

Las FFAA además estarán al mando de un Presidente que si bien se incorporó a la vida política democrática hace décadas, formó parte de la guerrilla M19, un punto que la oposición y medios de comunicación se encargaron de reiterar durante la campaña para generar incertidumbre.

En abril, durante la campaña para la primera vuelta, Petro acusó a parte de los liderazgos militares de estar aliados con el Clan del Golfo, la mayor banda narco de Colombia, a lo que el comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, respondió acusándolo de hacer «politiquería».

Las miradas estarán puestas en la designación de su ministro de Defensa, que Petro insinuó que podría ser una mujer. Centeno Muñoz dijo que con la victoria del PH hubo una gran participación en las urnas y se abre un proceso de gran “expectativa”.

“En la región del suroccidente casi el 80% de quienes votaron lo hicimos por Petro. Tenemos una expectativa muy grande porque puede significar ser parte de este proceso político y de transición para avanzar hacia la paz”, dijo.

“Abogamos porque se pueda dialogar en términos de solucionar políticamente el conflicto”, afirmó Centeno Muñoz, ya que en en la zona del suroccidente colombiano hay “una presencia muy fuerte de sectores de la FARC-EP que decidieron no ir al Proceso de Paz y en menor grado del ELN”.

En el tema de derechos humanos también hay desafíos por abordar para el gobierno electo.

Lourdes Castro, del Programa Somos Defensores (PSD), un espacio no gubernamental de protección a defensores de derechos humanos, incluídos víctimas de violencia, dijo que hay “dos grandes campos de expectativa”.

«Uno es implementar los Acuerdos de Paz y otro a la Mesa Nacional de Garantías (MNG, espacio de diálogo creado en 2009 entre organizaciones de DDHH y el Gobierno)», apuntó

“Son múltiples los problemas de DDHH porque estamos en una reconfiguración del conflicto. Las organizaciones podemos tener lecturas y propuestas al respecto, por eso es fundamental recuperar los espacios de interlocución con el gobierno”, afirmó.

“Hay que ir hacia una paz social, integral, que involucre a la sociedad y no solo a los actores armados, que efectivamente recoja los reclamos masivos de la protesta que se dieron en más de 800 municipios el año pasado y que claman ser atendidos por el Estado”, aseveró Castro.

La “reconfiguración” del conflicto a que aludió implicó también para la activista la exposición de las “brechas sociales en grandes ciudades”, donde la presencia de “organizaciones armadas y violencia policial” es “latente y permanente”.

Según el monitoreo del PSD sobre las agresiones defensoras de DDHH, Bogotá “es una de las ciudades que siempre está en los primeros lugares de agresiones”, que se manifiestan principalmente con intimidaciones contra líderes sociales. Y también, agregó, se registran “picos de violencia policial» durante las movilizaciones de protestas.