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China condena la prohibición de Huawei y ZTE en redes 5G de Canadá

«A pesar de la ausencia de pruebas concluyentes, Canadá excluyó a estas empresas chinas del mercado canadiense con el pretexto de supuestos riesgos de seguridad, que son infundados», dijo Wang Wenbin, portavoz de la diplomacia china.

«China se opone firmemente a esta decisión», añadió ante la prensa el vocero

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China condenó hoy la decisión que considera «infundada» de Canadá de prohibir la instalación de redes 5G a los gigantes chinos de las telecomunicaciones Huawei y ZTE debido a preocupaciones de seguridad nacional.

«A pesar de la ausencia de pruebas concluyentes, Canadá excluyó a estas empresas chinas del mercado canadiense con el pretexto de supuestos riesgos de seguridad, que son infundados», dijo Wang Wenbin, portavoz de la diplomacia china.

«China se opone firmemente a esta decisión», añadió ante la prensa el vocero y agregó que Beijing tomará «todas las medidas necesarias» para proteger a las compañías chinas.

Tras años de titubeos, Canadá decidió ayer prohibir la instalación de redes 5G a los dos grupos.

«Anunciamos nuestra intención de prohibir los productos y servicios de Huawei y ZTE en los sistemas de telecomunicaciones de Canadá», dijo el ministro de Industria, Francois-Philippe Champagne.

«Esto es consecuencia de una revisión exhaustiva por parte de nuestras agencias de seguridad y en consulta con nuestros aliados más cercanos», dijo Champagne en una conferencia de prensa.

Estados Unidos insta a sus aliados a que aparten a ZTE y sobre todo a Huawei de sus redes 5G, argumentando que China podría utilizar a estas empresas para vigilar las comunicaciones y el tráfico de datos de un país.

Washington acusa regularmente a Huawei de suponer un peligro para la seguridad nacional por sus posibles vínculos con los servicios de inteligencia chinos, algo que la empresa niega.

Por su parte, las autoridades estadounidenses saludaron la decisión de Canadá: «Estados Unidos apoya los esfuerzos para garantizar que los países, las empresas y los ciudadanos puedan confiar en sus redes inalámbricas y en sus operadores», dijo hoy un portavoz del Departamento de Estado.

A su vez, Huawei Canadá dijo estar «decepcionado» por esta «decisión política desafortunada», según un comunicado que envió a la agencia de noticias AFP.

En los 13 años que el grupo opera en el país, los equipos de la empresa han sido «examinados minuciosamente» por los servicios canadienses y «no ha habido ningún incidente de seguridad», aseguró la compañía china.

Canadá ya prohibía a Huawei participar en las licitaciones públicas de equipos de red básicos.

Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Japón y Suecia ya han bloqueado o restringido el uso de tecnología de Huawei en sus redes 5G.

La tecnología 5G, que se implanta con rapidez en todo el mundo, ofrece un acceso de muy alta velocidad a internet.

La relación diplomática entre China y Canadá se agrió a finales de 2018 con la detención en Vancouver de Meng Wanzhou, ejecutiva de Huawei e hija del fundador del grupo de telecomunicaciones chino.

Esto marcó el inicio de una importante crisis entre los dos países conocida como «diplomacia de los rehenes», con la detención paralela en China de dos canadienses, el exdiplomático Michael Kovrig y el empresario Michael Spavor.

Los tres fueron liberados en septiembre de 2021 después de que Meng llegara a un acuerdo con los fiscales estadounidenses sobre los cargos de fraude.

La decisión de prohibir la instalación de redes 5G a Huawei y ZTE en Canadá se produjo el mismo día en que China levantó una prohibición de tres años a las importaciones de canola canadiense.

En marzo de 2019, las autoridades chinas habían revocado la licencia del mayor productor agrícola de Canadá, Richardson, y de la empresa Viterra Inc.

La medida fue vista como una represalia de Beijing por la detención de Meng Wanzhou en Canadá.

Geopolítica 🌎

Crisis electoral en Colombia: Petro rechazó el conteo y sembró la duda sobre el triunfo de la ultraderecha

El presidente saliente cuestionó el software de conteo y denunció 800.000 cédulas irregulares; minutos después, el candidato oficialista Iván Cepeda se sumó con señalamientos propios. El escrutinio judicial será el árbitro final antes del balotaje del 21 de junio.

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Petro rechazó el conteo de votos y sembró la duda sobre el triunfo de De la Espriella.

Petro desconoció el conteo de votos que posicionó a De la Espriella y denunció 800.000 cédulas irregulares

★ La primera vuelta presidencial de Colombia terminó con un resultado y con una crisis institucional que lo opaca. El presidente Gustavo Petro desconoció este domingo los resultados del preconteo divulgados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que ubicaron al abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella como el candidato más votado, y anunció que solo reconocerá el escrutinio que realicen las comisiones presididas por jueces de la República.

Con prácticamente el total de las mesas escrutadas (apenas 10 pendientes de un total de 122.020), los datos de la Registraduría mostraban a De la Espriella con 10.360.449 votos (43,74%) y al senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, con 9.687.724 sufragios (40,90%). La candidata conservadora Paloma Valencia llegó tercera con el 6,92% y el centrista Sergio Fajardo cuarto con el 4,26%. Ninguno superó el umbral del 50%, por lo que el balotaje entre De la Espriella y Cepeda quedó confirmado para el 21 de junio.

«Como presidente no acepto los resultados del preconteo»

Apenas conocidos los boletines que establecieron ese ordenamiento, Petro publicó en su cuenta de X un mensaje que sacudió el tablero político. «El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública», escribió el mandatario. Y fue más lejos: «Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado».

Petro aseguró que en este momento coexisten «dos censos»: el oficial y el del software cuestionado, que contendría 800.000 personas adicionales. «Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados. Son existencia de sufragantes», afirmó, para concluir que los únicos resultados que reconocerá como vinculantes serán los que emitan «las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República». Esa declaración, calificada por analistas colombianos y medios locales como «sin precedentes en la historia política reciente del país», no tiene sin embargo validez jurídica: el preconteo es un proceso avalado por la Registraduría y respaldado por cientos de observadores internacionales, y sus datos son preliminares por diseño, dado que el escrutinio oficial corresponde en todos los casos a las comisiones judiciales.

Cepeda se sumó con señalamientos propios

Minutos después del posteo presidencial, el propio candidato oficialista Iván Cepeda se presentó ante sus simpatizantes en el Hotel Tequendama de Bogotá y sumó sus cuestionamientos. «Existe información e indicios de un número indeterminado de mesas que estamos verificando con nuestro mecanismo de seguridad y observación electoral, de cuántas se trata exactamente, en las cuales se ha presentado, según los primeros informes, votaciones atípicas», dijo. El senador señaló además un desfase de 885.000 personas o cédulas en el censo electoral que, sostuvo, «queremos que se aclare». En otro momento de su discurso reconoció implícitamente la magnitud del resultado en su contra: «Hoy obtuvimos 10 millones de votos mal contados en Colombia, somos la principal fuerza política», afirmó.

La Registraduría había congelado el código fuente días antes

El cuadro de las denuncias choca con las medidas de transparencia adoptadas por la propia Registraduría en los días previos a los comicios. El registrador nacional Hernán Penagos informó que el 28 y 29 de mayo, dos días antes de la elección, la entidad congeló y dejó bajo custodia el código fuente y los ejecutables de los programas utilizados para el preconteo, el escrutinio, la consolidación de resultados y la digitalización del formulario E-14. El procedimiento se realizó en presencia de representantes de las organizaciones políticas, los entes de control y los observadores internacionales.

Además, la Registraduría implementó un esquema de auditoría abierta que permitió a partidos, misiones electorales y expertos técnicos revisar el software en cada etapa del proceso. En total, 350.000 testigos electorales de distintas campañas y partidos fotografiaron los formularios de cada mesa al cierre de la votación. Las denuncias de Petro sobre modificaciones al algoritmo en la última semana, en ese contexto, no contaban al cierre de esta edición con ninguna prueba documental pública que las respaldara, tal como señaló la agencia colombiana Vanguardia.

Una crisis que llega antes del balotaje

La situación abre un frente de incertidumbre institucional de cara al 21 de junio. El escrutinio oficial, a cargo de las comisiones integradas por jueces de la República, es el proceso que establece los resultados con validez legal plena y el que determinará formalmente qué dos candidatos disputan la presidencia en segunda vuelta. Ese proceso, que se inicia tras el cierre del preconteo, es precisamente el que Petro dijo estar dispuesto a reconocer, lo que en la práctica significa que no impugnó el sistema en su conjunto, sino la validez del conteo preliminar de una firma privada.

La tensión, sin embargo, ya está instalada. La declaración del presidente en ejercicio cuestionando los resultados electorales en tiempo real generó una oleada de repudio político de candidatos y dirigentes de distintos espacios, mientras De la Espriella cerró su discurso ante sus seguidores sin referirse a los dichos de Petro y se proyectó directamente hacia la segunda vuelta. Colombia entra en las próximas tres semanas con una herida abierta sobre la legitimidad del proceso que deberá ser saldada, o profundizada, por el escrutinio judicial.

Puntos clave:

  • Gustavo Petro desconoció el preconteo de la Registraduría y denunció que el software fue modificado en tres ocasiones y contiene 800.000 cédulas que no figuran en el censo oficial.
  • Con casi el 100% de las mesas escrutadas: De la Espriella 43,74% y Cepeda 40,90%; ambos van al balotaje del 21 de junio.
  • Iván Cepeda se sumó a los cuestionamientos y habló de «votaciones atípicas» y un desfase de 885.000 personas en el censo.
  • La Registraduría había congelado el código fuente el 28-29 de mayo con presencia de partidos, entes de control y observadores internacionales.
  • Las afirmaciones de Petro no contaban, al cierre de esta edición, con pruebas documentales públicas que las respaldaran.
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