Economía 💲
El SVB pidió protección de quiebra tras el colapso del banco
El Capitulo 11 de la Ley de Quiebras estadounidense, que les permite reorganizarse a las empresas con dificultades financieras y trabajar en planes de pago con sus acreedores.
La casa matriz del Silicon Valley Bank (SVB) pidió este viernes la protección prevista por la legislación estadounidense de quiebras luego del colapso y posterior intervención federal de su unidad bancaria.
SVB Financial Group solicitó en Nueva York la protección prevista en el Capitulo 11 de la Ley de Quiebras estadounidense, que les permite reorganizarse a las empresas con dificultades financieras y trabajar en planes de pago con sus acreedores.
El pedido no incluye a la firma de capital de riesgo SVB Capital ni a la empresa de corretaje SVB Securities que permanecerán operativas, según informó la agencia Bloomberg.
En tanto, la unidad bancaria (SVB) tampoco está incluida ya que, al ser un banco comercial y formar parte del sistema de la Reserva Federal, no puede entrar en quiebra.
Dicha subsidiaria fue intervenida por el Gobierno de los Estados Unidos el viernes pasado a través del Departamento de Protección Financiera e Innovación de California (DFPI), que nombró a la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) como depositario de los fondos del banco.
La FDIC constituyó para los clientes una nueva entidad (Silicon Valley Bridge Bank) que servirá como “banco puente”, es decir, seguirá en funciones hasta que encuentre un comprador para los activos.
De forma extraordinaria, los reguladores bancarios estadounidenses anunciaron el domingo último el rescate de todos los depósitos de los clientes de SVB, algo que la legislación solo prevé para las cuentas con menos de US$ 250.000, pero que representaban una mínima parte el caso de este banco.
Este tipo de rescate –aclaró ayer la secretaria del Tesoro, Janet Yellen ante el Congreso- solo ocurrirá en los casos de que pueda existir “un riesgo sistémico y consecuencias económicas y financieras significativas”.
Con un total de US$ 209.000 millones en activos, la caída de SVB fue la mayor en más de una década, tras la de Lehman Brothers en 2008.
La entidad comenzó a sufrir una corrida el pasado jueves, tras conocerse que el banco tuvo unas pérdidas de US$ 1.800 millones en el primer trimestre.
SVB se vio particularmente afectada por el veloz ajuste monetario de la Reserva Federal (FED).
Su cartera de bonos en la cual invirtió una porción de los depósitos, perdió buena parte de su valor al subir las tasas de interés.
La suba de tasas también provocó que las startups tecnológicas –las principales clientes de SVB- retiraran sus depósitos por la necesidad de liquidez.
Su caída generó temor y una pérdida de confianza en la situación de otros pequeños y medianos bancos regionales en Estados Unidos que no están sujetos a las mismas normas estrictas de la FED hacia los grandes bancos.
Uno de ellos, el First Republic, registró una fuerte corrida en los últimos días y, para evitar su caída, un grupo de grandes bancos (incluyendo el JP Morgan, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo) aportó ayer un paquete de rescate de alrededor de US$ 30.000 millones.
Pese a la inyección de capital, las acciones del banco continuaban en baja este mediodía con una merma de más del 23%, acumulando en la semana una pérdida de 68%, luego de conocerse que el banco en la última semana pidió préstamos a la FED por entre US$ 20.000 millones y US$ 109.000 millones.
La caída también se extendía a otros bancos regionales como PacWest (-15%), Western Alliance (-12%) y KeyCorp (-6%).
El temor a una nueva crisis financiera como la de 2008 también impactó esta semana la cotización de los bancos europeos, en especial la del Credit Suisse.
Frente a ello, esta mañana, el Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), liderado por Andrea Enria, se reunió de manera extraordinaria para evaluar la situación en los mercados financieros y el sector bancario, informó la agencia DPA.
Desregulación
Sindicatos aeronáuticos denuncian penalmente a Milei y Caputo por la venta de Intercargo a precio vil
La Asociación del Personal Aeronáutico presentó una denuncia judicial por presunta administración fraudulenta, falsedad ideológica y defraudación al Estado, al cuestionar la tasación oficial de 45 millones de dólares para la empresa estatal de servicios aeroportuarios.
¿Estafa al pueblo? La denuncia penal que pone en jaque la privatización de Intercargo
★ La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) radicó este jueves una denuncia penal ante la justicia federal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis «Toto» Caputo y el ex titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Maximiliano Voss, por presuntas irregularidades en el proceso de valuación y privatización de Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos argentinos. La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, sorteado para intervenir en el expediente.
Los delitos imputados y el eje de la denuncia
La acusación sindical imputa tres delitos específicos: defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica, todos vinculados al proceso que culminó en la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 26 de marzo pasado. Esa resolución fijó el precio base de la privatización de Intercargo en torno a los 45 millones de dólares, una cifra que el gremio calificó de «inexplicable» frente a los indicadores económicos y la rentabilidad reciente de la compañía.
La tasación que dio origen a ese valor base fue realizada por el propio BICE, bajo la conducción de Voss, mediante el método de flujo de fondos descontados. Desde APA cuestionaron tanto el resultado de esa valuación como la elección de la entidad para realizarla, al señalar que podrían haber intervenido organismos con mayor tradición y especialización en tasaciones de activos públicos.
Intercargo: empresa estratégica y 1.500 puestos de trabajo en juego
Intercargo presta servicios de rampa, carga y descarga de equipaje y asistencia a aeronaves en más de una decena de aeropuertos del país. Su privatización fue habilitada por la Ley Bases (27742), que autorizó la venta del 100% del paquete accionario mediante licitación pública nacional e internacional, sin participación estatal residual. Según estimaciones sindicales, alrededor de 1.500 trabajadores del sector aeronáutico están vinculados a la empresa.
El gremio denunciante advirtió que la fijación del valor base podría implicar un perjuicio económico significativo para el Estado y alertó sobre el riesgo de lo que describió como un «vaciamiento del patrimonio público». En ese sentido, APA anticipó que además de la vía judicial impulsará acciones en el plano gremial para frenar la operación en los términos actuales.
El contexto: privatizaciones, FMI y el desguace del Estado
La denuncia se inscribe en el marco más amplio de la política privatizadora del gobierno de Javier Milei, parte del programa de ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En abril de 2025, el Ejecutivo suscribió un nuevo Servicio Ampliado con el organismo por USD 20.000 millones, que condicionó la política económica nacional al cumplimiento de metas de reservas y equilibrio fiscal. El Foro Economía y Trabajo, un espacio integrado por economistas vinculados al movimiento sindical, advirtió en documentos públicos que ese esquema subordina las decisiones sobre activos estatales a las exigencias del organismo multilateral.
En ese contexto, la privatización de Intercargo se suma a un proceso de desguace del Estado que, según datos del propio Foro, acumuló recortes reales del 86% en gasto de capital y del 61% en programas sociales desde el inicio de la gestión libertaria, mientras la deuda total con el FMI alcanzó los USD 57.100 millones al cierre de 2025.
Un nuevo frente judicial para la gestión libertaria
La causa en manos del fuero federal abre un nuevo flanco de tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical, en un escenario donde la administración de Milei ya enfrenta investigaciones por la causa $Libra, el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni (con un patrimonio investigado que supera los USD 840.000, según la instrucción del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita) y los escándalos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Mientras el Ejecutivo sostiene que el proceso de privatización de Intercargo se ajusta a estándares internacionales y busca mejorar la eficiencia del sector aerocomercial, los gremios advierten que la subvaluación de activos públicos constituye un mecanismo de transferencia de riqueza a manos privadas, financiado en definitiva por el conjunto de la sociedad.
Puntos clave:
- La APA denunció penalmente a Milei, Caputo y el ex titular del BICE por la tasación de Intercargo en USD 45 millones.
- Los delitos imputados son administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica.
- La causa fue asignada al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3.
- La Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía fijó el precio base de privatización el 26 de marzo pasado.
- Cerca de 1.500 trabajadores aeronáuticos están vinculados a la empresa cuya venta se investiga.
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