La Justicia colombiana ordenó la apertura de investigaciones contra 19 personas, incluidos los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, así como el actual mandatario, Iván Duque, por la financiación irregular de sus campañas electorales, tras las acusaciones de la ex congresista Aída Merlano.

Uribe y Santos «en su condición de candidatos a la Presidencia de la República habrían recibido dinero de las familias Gerlein y Char por debajo de la mesa para la financiación ilegal de sus campañas políticas«, según el testimonio de Merlano ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que fue recogido por la emisora RCN.

Merlano mencionó también al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y al ex fiscal Néstor Humberto Martínez por orquestar un montaje para lograr que fuera condenada por compra de votos para las elecciones de 2018, en las que resultó elegida congresista.

Según los documentos, los abogados Raúl Cadena Lozano, Diego Muñetón y Teodoro Antonio De Yongh Salcedo presuntamentente «fueron enviados tanto por la familia Char como por Julio Gerlein a su lugar de reclusión con el fin de transmitirle a ella ofertas de dinero y/o colaboración a cambio de su silencio. Los abogados, que supuestamente también la intimidaron o amenazaron, tenían el objetivo de lograr que ella no incriminara a Arturo Char en los hechos delictivos en que los que habría incurrido”.

Los ex funcionarios de la Fiscalía Gueryn Hernández Espitia y Elvia Isabel Otero Ojeda también «estarían involucrados en el complot y/o montaje judicial que se realizó en su contra durante el allanamiento a la sede política Casa Blanca”.

También se nombra a Lilibeth Llinás, quien según Merlano sería la «protegida de la familia Char y fórmula política de Arturo Char en las elecciones del 11 de marzo de 2018».

Llinás habría recibido recursos para financiar su campaña política a la Cámara de Representantes que «tenían su origen en las coimas que la familia Char obtenía de la contratación en la ciudad de Barranquilla y en todo el departamento del Atlántico».

Ahora, tanto la Comisión de Investigación como la Fiscalía tienen que decidir el paso a seguir con la versión de Merlano y evaluar su solidez a la luz de la existencia o no de otras pruebas sobre sus afirmaciones y de su condición de refugiada en Venezuela.

La mujer, de 41 años, se refugió en Venezuela tras fugarse de una prisión colombiana en octubre de 2019, aprovechando una visita al dentista, aunque fue recapturada dos meses más tarde. En respuesta a las acusaciones, el ex presidente Álvaro Uribe -casi de manual- publicó un comunicado en el que apuntó a Venezuela.

El líder del partido conservador Centro Democrático afirmó que el presidente de ese país vecino, Nicolás Maduro, agregó “a la señora Merlano a la lista de personas y prófugos de la Justicia que ha manipulado» para que declaren en su contra y aseguró que todas sus campañas fueron financiadas con «recursos transparentes”, informó Europa Press. «Jamás he tenido relación política o personal con miembros de la casa Char o de la casa Gerlein”, agregó en un mensaje en la red social Twitter.

Por su parte, el candidato a la Presidencia de su partido, Óscar Iván Zuluaga, también rechazó acusaciones en su contra y aseguró que denunciará a Merlano por calumnias e injurias. Merlano, congresista por el Partido Conservador durante el período legislativo 2014-2018, hizo estas declaraciones en el marco del proceso en su contra por presunto fraude electoral y fuga.