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Crece la posibilidad de retroceder en el derecho al aborto en EEUU
Un texto escrito por el juez Samuel Alito; que trascendió a través de los medios; se refiere al fallo del caso Roe, de 1973, que consagra el derecho al aborto, como una decisión «atrozmente errónea desde el comienzo» y recomienda al máximo tribunal anularlo.
La Corte Suprema de Justicia estadounidense podría anular el derecho al aborto en el país, según el borrador de un dictamen del máximo tribunal filtrado que, de no modificarse, transformaría el panorama de la salud reproductiva de las mujeres de Estados Unidos tras casi medio siglo de estar avalado por la Constitución, si bien el presidente Joe Biden aseguró que su Gobierno está preparando una «respuesta» para garantizar su defensa.
Se trata de un documento que se distribuyó a principios de febrero y que no representa necesariamente la opinión final del máximo tribunal, informó el sitio de noticias Político, el medio que tuvo acceso al dictamen, cuya autenticidad fue confirmada por el propio presidente de la Corte, John Roberts, en un comunicado.
«Aunque el documento descrito en los informes es auténtico, no representa una decisión de la Corte o la posición final de cualquier miembro sobre los temas del caso», dijo el juez, quien precisó que el caso está «pendiente» y este tipo de borradores forman parte de la «rutina y del esencial trabajo deliberativo confidencial» del tribunal.
Roberts consideró que esta «traición a las confidencias de la Corte» no tendrá éxito en socavar su integridad y su trabajo y anunció que pidió una investigación para determinar el origen de la filtración, según reportó la cadena CNN. «Esta fue una violación singular y atroz de esa confianza que es una afrenta a la Corte y a la comunidad de servidores públicos que trabajan aquí», sentenció.
El texto del borrador cita la histórica decisión del caso Roe contra Wade de 1973 que consagra el derecho al aborto como «atrozmente errónea desde el comienzo».
«Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados», escribe el juez Samuel Alito en el documento, etiquetado como «opinión del tribunal».
«Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver la cuestión del aborto a los representantes elegidos por el pueblo», añade. En el caso Roe contra Wade, la Corte Suprema del país sostuvo que el acceso al aborto es un derecho constitucional de la mujer.

En una sentencia de 1992, Planned Parenthood contra Casey, la Corte garantizó el derecho de la mujer a abortar hasta que el feto sea viable fuera del vientre materno, lo que suele ocurrir entre las 22 y 24 semanas de gestación.
«La conclusión ineludible es que el derecho al aborto no está profundamente arraigado en la historia y las tradiciones de la nación», escribió Alito, según recogió la agencia de noticias AFP.
Para Biden, «el derecho de la mujer a elegir es fundamental»
Tras conocerse la filtración del documento, Biden indicó este martes en un comunicado que su Gobierno estará «listo cuando se emita cualquier fallo» y recordó que «argumentó con firmeza ante el Tribunal la defensa» de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
«El derecho de la mujer a elegir es fundamental y Roe contra Wade está vigente durante casi cincuenta años, y la justicia básica y la estabilidad de nuestra ley exigen que no se anule», indicó.
Aunque prometió trabajar para aprobar una legislación en el Congreso que codifique el fallo sobre el aborto, Biden señaló que corresponderá a los «funcionarios electos» proteger el derecho de la mujer a elegir y, por tanto, «recaerá en los votantes elegir a los funcionarios a favor del derecho a decidir» en las próximas elecciones legislativas de noviembre.
Más tarde, en declaraciones a la prensa, el mandatario dio un paso más allá y alertó que si la Corte Suprema decide anular su sentencia sobre la IVE, abriría la puerta a cambiar fallos sobre una «toda la gama» de asuntos que afectan la vida privada de la gente.
«Toda una gama de derechos están en duda», dijo Biden, al advertir sobre un «cambio fundamental» a las posiciones actualmente aceptadas sobre el matrimonio homosexual, tener hijos o abortos y la crianza de los hijos.
Los derechos reproductivos se han visto cada vez más amenazados en Estados Unidos en los últimos meses, con los estados movilizados para endurecer las restricciones. Políticos de derecha han lanzado un ataque contra el aborto, mientras que los demócratas, liderados por Biden, luchan por proteger el acceso a dicho procedimiento.
En diciembre, al escuchar los argumentos orales sobre una ley del sureño estado de Mississippi que podría prohibir la mayoría de abortos después de la semana 15, la mayoría conservadora de la Corte Suprema pareció inclinarse no solo a mantener la normativa estatal, sino a anular la decisión de Roe contra Wade.
Se espera que este cuerpo de nueve miembros, dominado por conservadores tras la nominación de tres jueces por el expresidente Donald Trump, emita una decisión en el caso de Mississippi para junio.
Político subrayó que el documento que obtuvo es un borrador y que las opiniones podrían cambiar hasta entonces. La filtración del texto es extraordinaria en tanto todavía se está decidiendo un caso. Político dijo que era la primera vez en la historia moderna que un borrador de opinión se había revelado públicamente.
El Instituto Guttmacher, un grupo de investigación que defiende el derecho al aborto, ha dicho que es «seguro o probable» que 26 estados prohíban el aborto si la decisión Roe contra Wade es anulada. Los estados que lo decidan podrían seguir permitiendo legalmente el aborto aunque el tribunal anule el caso Roe contra Wade.
Planned Parenthood, el mayor prestador estadounidense de servicios de salud reproductiva, dijo que el proyecto de opinión es «indignante», pero advirtió que «no es definitivo».
«Los centros de salud de Planned Parenthood permanecen abiertos y el aborto actualmente sigue siendo legal, y continuaremos peleando como nunca antes para proteger el derecho al aborto legal y seguro”, manifestaron.
Pero si el máximo tribunal efectivamente anula la jurisprudencia que fundó el derecho al aborto en Estados Unidos desde la década de 1970, «corresponderá a los funcionarios electos de nuestra nación en todos los niveles de gobierno proteger el derecho de la mujer a elegir. Y recaerá en los votantes elegir a los funcionarios a favor del derecho a decidir este noviembre», dijo el presidente en referencia a las próximas elecciones legislativas.
«A nivel federal, necesitaremos más senadores a favor del derecho a decidir y una mayoría a favor del derecho a decidir en la Cámara para adoptar una ley» que garantice el derecho al aborto en caso de que Corte Suprema lo anule, manifestó.
«Roe contra Wade»
El 22 de enero de 1973, la Corte Suprema de Estados Unidos estableció en su histórica decisión «Roe contra Wade» que el derecho al respeto de la vida privada garantizado por la Constitución se aplicaba al aborto.
En una querella interpuesta tres años antes en un tribunal de Texas, Jane Roe, seudónimo de Norma McCorvey, madre soltera embarazada por tercera vez, atacó la constitucionalidad de la legislación texana que hacía del aborto un crimen.
La más alta jurisdicción del país asumía la cuestión meses después por un recurso de Jane Roe contra el fiscal de Dallas, Henry Wade, pero también por otro de un médico y el de una pareja sin niños que querían poder practicar o someterse a una interrupción voluntaria del embarazo con toda legalidad.
Tras haber escuchado a las partes en dos ocasiones, la Corte Suprema esperó a las elecciones presidenciales de noviembre de 1972 y a la reelección del republicano Richard Nixon para emitir su decisión, tomada por siete votos contra dos.
Economía 💲
Histórico en la OIT: el mundo reconoció que los repartidores son trabajadores y tienen derechos
¿Que garantiza el nuevo convenio?. La delegación argentina, encabezada por dirigentes de la CGT y la CATT, participó activamente del debate y presentó denuncias contra el gobierno de Milei por violaciones a la libertad sindical.
En la histórica 114ª Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra, los 187 países miembros de la OIT adoptaron por amplia mayoría un convenio vinculante que garantiza salario mínimo, seguridad social, libertad sindical y transparencia algorítmica para repartidores, conductores y trabajadores de aplicaciones.
La delegación argentina, encabezada por dirigentes de la CGT y la CATT, participó activamente del debate y presentó denuncias contra el gobierno de Milei por violaciones a la libertad sindical.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó este viernes, en el cierre de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, el primer convenio global destinado a garantizar derechos laborales básicos para los trabajadores de la economía de plataformas digitales. El texto, resultado de dos años de negociaciones tripartitas entre gobiernos, empleadores y organizaciones sindicales, se adoptó por 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones en la asamblea anual del organismo, presidida por el ministro de Trabajo y Seguridad Social del Uruguay, Juan Castillo.
El convenio entrará en vigor una vez sea ratificado por al menos dos países miembros, a los doce meses de ese acto de ratificación. Su alcance es universal: se aplica a todos los trabajadores de plataformas digitales, independientemente de su situación laboral formal, lo que incluye a conductores de aplicaciones como Uber y Bolt, repartidores de servicios como Rappi y Glovo, y trabajadores remotos de plataformas de servicios digitales.
Un hito histórico tras décadas de precarización
La aprobación del convenio pone fin a décadas de vacío regulatorio que permitió a las grandes empresas tecnológicas operar en todo el mundo bajo el argumento de que sus trabajadores son «colaboradores independientes», negándoles acceso a salario mínimo, cobertura médica, jubilación y derecho a la sindicalización. El texto aprobado reconoce explícitamente que la economía de plataformas «está transformando significativamente el mundo laboral» pero identifica graves «déficits» en materia de trabajo decente que los marcos regulatorios nacionales no lograron corregir de manera uniforme.
El convenio establece que los trabajadores por aplicación deberán percibir una remuneración en ningún caso inferior al salario mínimo legal o negociado vigente en cada país, y acceder a protección en materia de seguridad social en condiciones equivalentes a las de cualquier otro trabajador. Además, obliga a las plataformas digitales a ser transparentes sobre sus mecanismos de pago, las deducciones aplicadas y el funcionamiento de los sistemas algorítmicos que asignan tareas, calculan tarifas, miden rendimiento y determinan bloqueos o suspensiones de cuentas.
Libertad sindical y transparencia algorítmica, en el centro
Entre los ejes centrales del convenio figura el reconocimiento expreso del derecho a la libertad de asociación sindical y a la negociación colectiva para los trabajadores de plataformas, un derecho que las empresas del sector negaron sistemáticamente durante años. El texto también insta a los Estados miembros a adoptar medidas para garantizar la eliminación del trabajo forzoso y del trabajo infantil en el sector, la no discriminación y entornos laborales seguros y saludables.
Respecto a los sistemas algorítmicos, el convenio obliga a las empresas a informar a los trabajadores cómo se toman las decisiones automatizadas que afectan su actividad y a reconocerles el derecho a impugnar esas decisiones. Este punto fue uno de los más disputados durante las negociaciones, dado el modelo de negocio de las grandes plataformas, que utilizan la gestión algorítmica como herramienta de control laboral sin intermediación humana.
Argentina en Ginebra: entre el nuevo convenio y las denuncias contra Milei
La delegación sindical argentina tuvo una activa participación en la 114ª Conferencia. Horacio Calculli, integrante de la delegación de la Confederación General del Trabajo (CGT), actuó en múltiples frentes durante las dos semanas de trabajo en Ginebra. En su carácter de secretario de Salud y Seguridad Operacional de la Asociación Argentina de Aeronavegantes mantuvo una reunión con Horacio Guido, especialista de la OIT en normas internacionales del trabajo, para dar seguimiento a la denuncia presentada por las organizaciones sindicales aeronáuticas argentinas ante los órganos de control del organismo.
Esa denuncia acusa al gobierno de Javier Milei de violar el derecho de huelga, deteriorar las condiciones laborales y perseguir a dirigentes sindicales, según fuentes gremiales consultadas. El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, advirtió antes de la conferencia que Argentina estaba en condiciones de quedar «en el banquillo de los acusados» ante el organismo internacional, dado el historial de violaciones laborales de la gestión libertaria. La postura del gobierno nacional fue defendida en Ginebra por el embajador Carlos Foradori, representante permanente ante los organismos internacionales con sede en esa ciudad, ya que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, no concurrió a la conferencia.
En paralelo, Calculli desarrolló una agenda internacional como miembro del Comité Ejecutivo Mundial de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) y como presidente del Grupo de Asesores sobre Economía de Plataformas de esa federación. En ese marco mantuvo una reunión con el presidente de la ITF, Frank Moreels, para analizar la situación del transporte en Argentina y América Latina y los desafíos que enfrentan las organizaciones sindicales ante los cambios tecnológicos y productivos. También participó de reuniones vinculadas a la estrategia global de la ITF para garantizar derechos laborales para trabajadores de plataformas.
En ese contexto, Calculli subrayó que los debates de la OIT son fundamentales para construir respuestas globales frente a los cambios que atraviesa el trabajo. «La defensa de la libertad sindical, la negociación colectiva y el trabajo decente sigue siendo una tarea central para el movimiento sindical internacional. Del mismo modo, resulta fundamental que los organismos internacionales continúen monitoreando el cumplimiento de los convenios internacionales ratificados por nuestro país», afirmó el dirigente, quien también integra la Comisión Directiva de la CATT.
El contexto argentino: reforma laboral regresiva y denuncias en el plano internacional
La aprobación del convenio llega en un momento en que el gobierno de Milei impulsa, mediante la reforma laboral contenida en la Ley de Modernización Laboral 27.802, un esquema regresivo para los derechos de los trabajadores.
La CATT, que agrupa a los gremios del transporte, expresó públicamente su oposición a esa norma, advirtiendo que «debilita la negociación colectiva, precariza condiciones laborales y desconoce conquistas históricas del movimiento obrero argentino». En ese cuadro, el nuevo convenio de la OIT sobre economía de plataformas ofrece al movimiento sindical local un instrumento jurídico de carácter internacional para disputar los derechos de los trabajadores digitales en el plano nacional.
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