DDHH
Caso Facundo: fiscales y querella apelaron la cuestionada resolución de la jueza que rechazó medidas de prueba
La jueza federal 2 de Bahía Blanca rechazó la mayoría de las medidas que solicitaron para avanzar en la pesquisa, en la que además cuestionó la estrategia de trabajo de la fiscalía, y «se ha extralimitado» en sus funciones «al hacer consideraciones de tipo defensivas para la postura de la policía».
Los fiscales federales que intervienen en la causa por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro apelaron en las últimas horas la resolución mediante el cual la jueza federal 2 de Bahía Blanca rechazó la mayoría de las medidas que solicitaron para avanzar en la pesquisa, en la que además cuestionó su estrategia de trabajo, que equiparó con una «auténtica excursión de pesca'».
«la jueza del caso «menospreció la prueba» obtenida hasta el momento y «rozó el agravio» con los fiscales, en las argumentaciones», dijo peretto, letrado de la mamá de facundo.
Fuentes judiciales informaron que la apelación fue presentada ayer ante la Cámara Federal de La Plata por los fiscales Héctor Andrés Heim y Horacio Azzolin en contra de la resolución de la magistrada María Gabriela Marrón.
Una presentación en igual sentido realizaron los abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio, quienes representan en la querella a la mamá de Facundo (22), María Cristina Castro, junto con la Comisión Provincial por la Memoria.
La jueza «se ha extralimitado» en sus funciones «al hacer consideraciones de tipo defensivas para la postura de la policía» y al «menospreciar la prueba», afirmó peretto.
El abogado Luciano Peretto consideró este miércoles que la jueza del caso «menospreció la prueba» obtenida hasta el momento y «rozó el agravio» con los fiscales, en las argumentaciones que virtió para rechazar casi todas las medidas que le solicitaron.
Para el letrado, la resolución emitida por la jueza Marrón «no resiste ningún tipo de análisis, ni legal ni lógico» y que «se ha extralimitado» en sus funciones «al hacer consideraciones de tipo defensivas para la postura de la policía» y al «menospreciar la prueba».
Además, opinó que la magistrada «ha rozado el agravio con los fiscales» Heim y Azzolin cuando cuestionó las medidas que ambos le habían pedido. «Realmente como titulares de la acción pública no merecían ese trato procesal pero, conociendo el temperamento de la Cámara (Federal), podría llegar a revertirse», añadió Peretto.
«La tranquilidad que tengo es que con lo que está en la causa hay material para poder generar imputación pero siempre y cuando los ojos que lo vean tengan ganas de verlo», manifestó.
En una dura resolución que trascendió ayer pero que fue firmada el 15 de este mes, la titular de la fiscalía Federal 2 de Bahía Blanca consideró que la estrategia de los fiscales «no parece orientarse a buscar la verdad» sino «solamente a compeler la responsabilidad policial» en el hecho. Además, equiparó la estrategia del Ministerio Público con una «auténtica ‘excursión de pesca'» y rechazó pedidos de allanamientos en dependencias policiales y el secuestro de teléfonos del personal de esa fuerza.
Las únicas medias a las que hizo lugar fueron a un pedido para que un oficial que interceptó a Facundo el día que desapareció entregue una libreta en la que registró sus datos personales y a requerirle a la comuna de Villarino el informe de lectoras de patentes entre el 30 de abril y el 8 de mayo en cercanías del puesto fitosanitario sobre la ruta nacional 3.
Buenos Aires
A 20 años de la desaparición de López, la recompensa sube pero la impunidad sigue intacta
El Gobierno bonaerense duplicó a $10 millones la recompensa por información sobre el paradero de Jorge Julio López, sobreviviente del «circuito Camps» que desapareció el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que se condenó a prisión perpetua a su torturador, Miguel Etchecolatz. Dos décadas después, la causa permanece sin resolución y sin responsables identificados.
Dos décadas sin respuestas, sin culpables y sin el cuerpo de un sobreviviente que se atrevió a dar testimonio. A 20 años exactos de su segunda desaparición, Jorge Julio López sigue siendo la herida abierta más incómoda de la democracia argentina: un hombre que sobrevivió la dictadura para ser borrado en plena institucionalidad, el mismo día en que la Justicia condenaba a su torturador.
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispuso este viernes elevar de $5 millones a $10 millones la recompensa destinada a quien aporte datos fehacientes que contribuyan a determinar el paradero de López. El hombre, albañil y militante platense, fue visto por última vez el 18 de septiembre de 2006 cuando salía de su vivienda en Los Hornos, en las afueras de La Plata. Hoy tendría 96 años. La causa tramita en la Unidad Fiscal Federal de La Plata bajo el expediente FLP N° 509/2008, caratulado como «López, Jorge Julio s/ desaparición forzada de personas».
El testigo que incomodaba al poder
La historia de López es la de una doble persecución. El 27 de octubre de 1976, en plena dictadura cívico-militar, fue secuestrado y sometido a un periplo de terror por varios centros clandestinos de detención del denominado «circuito Camps», el entramado represivo montado en la provincia de Buenos Aires bajo el mando del general Ramón Camps. Permaneció detenido y fue sometido a torturas sistemáticas hasta su liberación en 1979, sin que mediara explicación alguna ni proceso judicial.
Décadas después, cuando la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad puso en el banquillo a los represores, López se convirtió en un testigo clave. Su testimonio fue determinante para que el ex comisario Miguel Etchecolatz fuera identificado como uno de sus torturadores y condenado como responsable de delitos de lesa humanidad. Etchecolatz fue jefe de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura y una de las figuras más siniestras del aparato represivo de la provincia.
La desaparición en democracia
El 18 de septiembre de 2006 es una fecha que resume toda la brutalidad del caso. Ese mismo día, el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata leía los alegatos y el veredicto que condenaba a Etchecolatz a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio. López había prestado declaración en ese juicio. Pero no llegó a escuchar la condena: desapareció antes de que terminara la jornada.
Lo que ocurrió ese día no fue solo una desaparición: fue una señal de advertencia dirigida a quienes se atrevieran a testimoniar contra los perpetradores del terrorismo de Estado. La democracia argentina no pudo, o no quiso, proteger al hombre que más la había necesitado. Desde entonces, ningún gobierno logró esclarecer qué pasó con López ni identificar a los responsables de su segunda desaparición.
Veinte años, cero respuestas
La causa acumula dos décadas de investigación sin resultados concretos. El incremento de la recompensa anunciado este viernes por el Gobierno provincial es un gesto simbólico que, al mismo tiempo, deja en evidencia la magnitud del fracaso institucional: si después de 20 años el único recurso disponible es duplicar el monto de una recompensa, el Estado reconoce implícitamente que no tiene respuestas propias.
Las organizaciones de derechos humanos llevan dos décadas sosteniendo que la desaparición de López en democracia no fue un hecho aislado sino parte de una lógica de amedrentamiento a testigos que nunca fue desarticulada del todo. La impunidad en este caso es, también, un mensaje: los engranajes que hicieron posible la represión durante la dictadura no fueron completamente desmantelados.
Lo que tenés que saber
- El Ministerio de Seguridad bonaerense duplicó la recompensa por información sobre el paradero de López: pasó de $5 millones a $10 millones.
- Jorge Julio López desapareció el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que se condenó a prisión perpetua al ex comisario Miguel Etchecolatz, a quien López había señalado como su torturador.
- Sobreviviente del «circuito Camps», López fue secuestrado el 27 de octubre de 1976 y estuvo detenido en centros clandestinos de La Plata hasta 1979.
- La causa tramita como «desaparición forzada de personas» en la Unidad Fiscal Federal de La Plata (FLP N° 509/2008).
- A 20 años de su desaparición en democracia, la causa no tiene responsables identificados ni se logró determinar su paradero.
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