El hacinamiento de adolescentes en centros de privación de libertad sin acceso a educación, trabajo ni tratamiento es el problema real que motivó la suspensión por 60 días del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

Así lo explicó la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien dictó la medida cautelar al hacer lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. Para el bloque gobernante y para el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, sin embargo, el fallo fue ante todo una munición política para arremeter contra Axel Kicillof.

La Ley 27.801, aprobada por el Congreso Nacional en febrero y en vigor a escala nacional desde el 5 de septiembre de 2026, redujo la edad mínima de imputabilidad de los 16 a los 14 años, reemplazando el régimen vigente desde 1980. Dos días después de su entrada en vigencia, Pascual suspendió preventivamente su aplicación en el territorio bonaerense al advertir que la Provincia carece de la infraestructura edilicia, los recursos profesionales y los dispositivos institucionales necesarios para absorber el aumento de adolescentes que ingresarían al sistema penal.

La jueza habló: «Un chico encerrado sin educación llega a los 18 a una escuela del delito»

Pascual defendió su fallo con argumentos técnicos y experiencia judicial directa. En declaraciones radiales, la magistrada sostuvo que «si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes» y fue contundente al advertir que «un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito». También afirmó que «hacinar menores, tarde o temprano, incrementa los niveles de inseguridad y violencia».

La jueza subrayó que su fallo no implica un cuestionamiento a la reducción de la edad de imputabilidad en sí misma, sino a las condiciones materiales en las que comenzaría a aplicarse. En los fundamentos de la resolución, Pascual señaló que su propio juzgado debió imponer anteriormente un límite máximo de 60 adolescentes para el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora porque el establecimiento no cumplía con los requisitos mínimos de habitabilidad. «Lo que pido es que nos pongamos todos de acuerdo«, planteó, y propuso que los 60 días de suspensión sirvan para que los distintos poderes del Estado definan quién supervisará a cada joven, con qué recursos funcionarán los centros y cómo se implementarán las medidas alternativas que la propia ley contempla.

Ante quienes la acusan de garantista, Pascual respondió sin vacilaciones: «Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el Conurbano y quiero vivir tranquilamente». Su trayectoria respalda esa mirada: con más de 35 años de trabajo en niñez y adolescencia, fue ministra de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires, presidenta del Consejo Provincial del Menor y Familia, consultora de UNICEF y presidenta de la Asociación Internacional de Magistrados de Juventud y Familia. En 2025, la Universidad Nacional Guillermo Brown le otorgó el Doctorado Honoris Causa por su trayectoria en derecho y justicia social.

Macri se alinea con Milei y convierte un debate judicial en ataque político

Lejos del debate técnico sobre infraestructura penitenciaria juvenil, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, optó por la confrontación directa desde las redes sociales. En su cuenta de X, Macri sostuvo que «la edad no puede ser una excusa para matar, robar o destruir una familia», aunque ningún argumento de la jueza Pascual planteó lo contrario. A continuación arremetió contra la oposición: «Pero Kicillof y el garantismo parecen pensar distinto». Para cerrar, Macri se diferenció del gobernador bonaerense y aseguró: «Nosotros siempre vamos a estar del mismo lado: el de la gente de bien. En la Ciudad el Régimen Penal Juvenil tiene plena vigencia».

El alcalde porteño también disparó contra el Poder Judicial bonaerense: «Cada vez que sale una ley a favor de la gente honesta, aparecen jueces dispuestos a defender a los delincuentes y garantizarles impunidad». La expresión no cuadra con los argumentos de la jueza, que en ningún momento defendió la impunidad de nadie, sino que señaló la falta de condiciones para aplicar la ley dentro de los estándares de derechos humanos exigidos por la propia legislación.

La posición de Macri se inscribió el mismo día en que La Libertad Avanza bonaerense anunció que solicitará el juicio político de la jueza Pascual; y la ONG Usina de la Justicia presentó una denuncia penal contra la magistrada, acusándola de usurpación funcional y abuso de autoridad. Un frente de presión judicial y política que no tiene precedentes proporcionales frente a una medida cautelar de 60 días dictada con fundamentos técnicos documentados.

El debate que el Gobierno evita: ¿con qué infraestructura se aplica la ley?

La resolución de Pascual abrió una grieta en el propio sistema judicial bonaerense: mientras la jueza de Lomas de Zamora suspendía la ley, un juez de Menores de Quilmes ordenó la detención de un adolescente de 15 años aplicando la nueva legislación. La ausencia de criterio uniforme revela que el problema no es ideológico sino estructural: la ley existe, pero los recursos para aplicarla respetando estándares básicos no están garantizados en todo el territorio provincial.

La propia Ley 27.801 establece entre sus objetivos la reinserción social y las medidas alternativas al encierro. Lo que Pascual reclamó no es ignorar esos objetivos, sino cumplirlos. La respuesta del Gobierno nacional y de Macri fue convertir ese reclamo en un ataque político al peronismo bonaerense, eludiendo la pregunta concreta: ¿con qué centros, con cuántos profesionales y con qué presupuesto se aplica una ley que ampliará significativamente la cantidad de adolescentes bajo custodia estatal?

Lo que tenés que saber de la baja de imputabilidad

• La jueza Marta Elba Pascual suspendió por 60 días la Ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires por falta de infraestructura para aplicarla dentro de los estándares de derechos humanos.
• La medida cautelar se fundó en un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, ligada a la Iglesia Católica.
• La ley baja la edad mínima de imputabilidad de los 16 a los 14 años y entró en vigor a escala nacional el 5 de septiembre de 2026.
• Jorge Macri usó el fallo para atacar a Kicillof en las redes sociales, alineándose con la posición del Gobierno nacional sin abordar los argumentos técnicos de la jueza.
• La Libertad Avanza bonaerense anunció el pedido de juicio político a la magistrada, y la ONG Usina de la Justicia presentó una denuncia penal contra ella.