El juez Marcelo Martínez de Giorgi dictó esa medida para la vicepresidenta y otros 200 ex funcionarios y empresarios.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue sobreseída este martes, junto con más de 200 ex funcionarios y empresarios, en el marco de una causa derivada del caso de los cuadernos en la que se investiga el supuesto pago de sobornos por parte de empresas de transporte beneficiadas con subsidios al gasoil, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, sucesor del fallecido Claudio Bonadío, informaron fuentes judiciales.

La maniobra investigada tenía que ver con el otorgamiento de subsidios al gasoil para empresas de colectivos: lo que se buscó determinar es si el sistema implementado facilitó que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, por ende, se entregaran subsidios superiores a los correspondientes.

Para Bonadío, la supuesta defraudación se había prolongado desde julio de 2003 hasta marzo de 2014, cuando se instalaron GPS en los colectivos y había sido por un monto superior a los 609.000 millones de pesos. Pero para Martínez de Giorgi, esa supuesta defraudación no pudo ser probada porque, por ejemplo, no fue posible demostrar las supuestas diferencias entre los kilómetros recorridos por los colectivos y los reportados –por declaración jurada- para percibir los subsidios.

En un fallo de más de 200 páginas, el magistrado sostuvo que la investigación se topó con un escollo insalvable que lo llevaba a disponer el sobreseimiento de los imputados: “la imposibilidad de realizar peritaje alguno que permita aclarar los hechos investigados”.

Los sobreseimientos dispuestos por el juez Martínez de Giorgi alcanzaron también al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y a los exsecretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi, Ricardo Jaime y Alejandro Ramos, además de a más de dos centenares de empresarios del transporte.

De Vido y Schiavi, sin embargo, continuarán siendo investigados junto al ex interventor de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, Antonio Sícaro, y a los empresarios Oscar Strano y Ricardo Díaz por el caso de la empresa Transporte Interprovincial Rosarina (TIRSA), que durante el período comprendido entre mayo de 2010 y noviembre de recibió cupos de gasoil a precio diferencial sin prestar servicios.

Cuando la expresidenta fue citada a indagatoria por este expediente, cuestionó el trámite de la causa, señaló que las irregularidades investigadas resultaban ajenas a su competencia como presidente de la nación y recordó que había sido su propio gobierno el que instaló los GPS en los colectivos.

Tras analizar los elementos incorporados al expediente, y avanzar en la dirección encomendada por la Cámara Federal porteña que, con los votos de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi había ordenado profundizar la investigación y realizar una nueva pericia, el juez Martínez de Giorgi determinó que correspondía dictar los sobreseimientos.

“Si la AGN (Auditoría General de la Nación) y la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) enfrentaron las dificultades detalladas en sus informes ya reseñados y terminaron aludiendo a las complejidades de los sistemas y los problemas para su control, no parece posible encontrar organismo o especialista alguno que pueda superar sus trabajos”, sostuvo el juez al explicar que no le quedaba otro peritaje posible por realizar.

“En tales condiciones, luego de más de seis años de instrucción y sin medidas útiles por producir, las consideraciones efectuadas en los párrafos precedentes conducen indefectiblemente a los sobreseimientos de los imputados”, concluyó.

Cabe recordar que la Cámara Federal de Casación Penal el 27 de septiembre le pidió al juzgado de instrucción, que lleva la causa por los cuadernos del remisero Oscar Centeno, el envío «con carácter de urgente» de «soporte fílmico, digital u otro medio técnico en el cual se hayan registrado» las declaraciones de los imputados arrepentidos del caso, revelaron fuentes judiciales.

«Como medida para mejor proveer y con suspensión del plazo de deliberación, requiérase -con carácter de urgente-» la remisión a Casación de «soporte fílmico, digital u otro medio técnico en el cual se hayan registrado las declaraciones efectuadas en el marco del acuerdo de colaboración por los imputados arrepentidos», pidió la sala I del máximo tribunal penal federal del país.

El pedido fue cursado al juzgado federal 11, donde se investigó el caso, tras una audiencia en la cual las defensas de procesados, entre ellos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, pidieron la nulidad de toda la causa por falta de estos soportes, entre otros argumentos.

«En caso de no contar con lo pedido, se solicita se arbitren los medios necesarios para cumplir con lo requerido», sostuvo Casación en el oficio enviado al juzgado. En ese documento se recordó que el pedido se basa en lo establecido en los artículos 6 y 7 de la ley 27304, conocida como la ley del arrepentido.

En la causa habían sido enviados a juicio oral acusados de presunta asociación ilícita y cohecho, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro Julio De Vido, el remisero arrepentido Centeno y empresarios, muchos de los cuales declararon como imputados colaboradores en el caso.

Ese oficio debía ser respondido por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien quedó como subrogante del juzgado 11 tras el fallecimiento de Claudio Bonadío, magistrado que envió a juicio a los procesados en la pesquisa.

La parte principal del caso cuadernos ya había sido enviada a juicio quedando a cargo del Tribunal Oral Federal 7. Ante Casación las defensas de algunos de los procesados plantearon la nulidad de la pesquisa, entre otros puntos, porque debían ser resueltos por el máximo tribunal penal federal del país.