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Audios de la ANDIS: Gendarmería vio posibles ediciones y no pudo cotejar voces

La Pericia N° 149.586 de Gendarmería, firmada el 11 de noviembre, detectó discontinuidades y segmentos coincidentes en los audios de la causa ANDIS, pero no pudo comparar voces ni confirmar o descartar inteligencia artificial. Cinco peritos de la Fiscalía firmaron en disidencia.

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Gendarmería Nacional no pudo confirmar que la voz de los audios sea la de Diego Spagnuolo ni descartar que hayan sido editados. Su peritaje detectó discontinuidades abruptas y segmentos sonoros coincidentes entre archivos distintos, rasgos compatibles con posibles ediciones, y tampoco pudo establecer si los registros corresponden a voces humanas naturales o sintéticas.

La Pericia N° 149.586, firmada el 11 de noviembre de 2026, se incorporó a la causa CFP 3402/2025, la causa ANDIS por presuntos sobornos en la compra de medicamentos, que tramita el Juzgado Federal N° 11 con el juez subrogante Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi. Gendarmería analizó 58 archivos de audio, pero solo 14 reunían inicialmente las condiciones técnicas para avanzar en el estudio.

Qué encontró el informe

Los peritos registraron discontinuidades abruptas, coincidencias de segmentos sonoros entre distintos archivos y variaciones acústicas. Sumaron limitaciones metodológicas que, según consignaron, impidieron descartar ediciones o alteraciones posteriores en parte del material. Sobre el archivo identificado como “qué tiene lule menem con Karina” indicaron que no pudo determinarse de forma fehaciente su continuidad e integridad.

Los especialistas agregaron que la falta de información independiente sobre el origen de los archivos, las condiciones en que fueron captados y los tratamientos posteriores limitó la posibilidad de establecer las causas de las características acústicas detectadas.

Lo que el peritaje no dice

El informe no demuestra que las grabaciones sean falsas ni resuelve quién habla en ellas. Gendarmería sostuvo que no cuenta con herramientas forenses validadas para detectar voces sintéticas en las condiciones examinadas, de modo que no confirmó ni descartó el uso de inteligencia artificial. Encontró, además, rasgos propios del habla humana, como variaciones de entonación, pausas y respiraciones.

La disidencia de la Fiscalía

Cinco peritos de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), del Ministerio Público Fiscal, firmaron en disidencia. Cuestionaron que se descartara el cotejo de voces, porque a su criterio había métodos perceptuales y semiautomáticos disponibles pese a las limitaciones del programa de Gendarmería, y sostuvieron que al menos 15 archivos tenían calidad suficiente, contra los 14 que contó la fuerza.

Picardi sostiene que los audios no fueron el fundamento de las acusaciones, porque la investigación cuenta con documentación y elementos informáticos independientes, y analiza pedir que se repita la parte del estudio dedicada al cotejo de voces. La defensa de Spagnuolo, que afirma que las grabaciones son falsas, prepara un pedido para excluirlas como prueba.

Lo que el Gobierno había adelantado

El 29 de octubre, la Casa Rosada difundió un comunicado según el cual Gendarmería no pudo determinar que los audios fueran auténticos ni descartar manipulaciones o el uso de inteligencia artificial. Fuentes judiciales respondieron entonces que aún no existía un informe firmado: “No hay conclusiones de Gendarmería”, remarcaron. Gendarmería depende del Poder Ejecutivo, que fue el que difundió esa versión.

Ese mismo jueves estaban citados a indagatoria los dueños de la droguería Suizo Argentina, que pidieron postergar su declaración. Los fiscales Picardi y Sergio Rodríguez habían pedido citar a indagatoria a 36 personas, entre ellas los responsables de la droguería, a la que acusan de “tomar el control” de la ANDIS. El peritaje había sido ordenado por Lijo a pedido de Spagnuolo y de la familia Kovalivker, dueña de la droguería.

Lo que tenés que saber

  • La Pericia N° 149.586 de Gendarmería, firmada el 11 de noviembre, analizó los audios de la causa ANDIS (CFP 3402/2025).
  • Detectó discontinuidades abruptas y segmentos coincidentes entre archivos, compatibles con posibles ediciones.
  • No pudo establecer si las voces son las de Spagnuolo ni confirmar o descartar el uso de inteligencia artificial.
  • Cinco peritos de la DATIP, de la Fiscalía, firmaron en disidencia y cuestionaron que se descartara el cotejo de voces.
  • El informe no prueba que las grabaciones sean falsas, y el fiscal Franco Picardi sostiene que la acusación no depende de ellas.

Analítico: Gendarmería no pudo cotejar voces en los audios de la ANDIS y cinco peritos de la Fiscalía lo objetaron

De Impacto: Audios de Spagnuolo: Gendarmería detectó posibles ediciones, pero no probó que sean falsos

De Impacto Crítico: Una fuerza que depende del Gobierno peritó los audios de la ANDIS: ni probó que sean falsos ni los validó

DDHH

Bertulazzi y Bullrich: dos militancias setentistas y la doble vara de LLA

La senadora que celebró la detención de un refugiado italiano al que llamó terrorista militó en los setenta en el entorno de la cúpula montonera, aunque niega haber integrado la organización. Bertulazzi, condenado en ausencia en Italia, se fugó antes de ser extraditado; Bullrich preside hoy el bloque oficialista en el Senado.

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El Argentino Diario-Bertulazzi-Patricia Bullrich.
Bertulazzi y Bullrich: cómo el Gobierno literario decide quién es terrorista y quién es senadora.

Un hombre de 74 años que vivió dos décadas en Buenos Aires bajo protección de refugiado se fugó a comienzos de noviembre del departamento de San Telmo donde cumplía arresto domiciliario, días después de que la jueza federal María Servini rechazara su último pedido y la extradición a Italia quedara firme. La Justicia ordenó su detención inmediata y la Policía Federal busca su rastro en cámaras de seguridad.

Se trata de Leonardo Bertulazzi, exintegrante de las Brigadas Rojas, condenado en ausencia por la Justicia italiana a 27 años de prisión. Servini había rechazado su extradición en 2003 porque Italia no garantizaba un nuevo juicio con derecho de defensa, y en 2004 la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) lo reconoció como refugiado. En 2024 perdió ese estatus por una decisión administrativa del Gobierno de Javier Milei, que su defensa considera ilegal, y la Corte Suprema confirmó la extradición el 1 de julio de 2025.

El trofeo de la ministra

El 29 de agosto de 2024, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció desde su cuenta oficial en X: «DETUVIMOS A UN TERRORISTA EX BRIGADAS ROJAS DE ITALIA». El comunicado de su cartera atribuyó la captura a un «profundo trabajo de inteligencia», y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, agradeció al Gobierno argentino la detención de un hombre «ya condenado en Italia a 27 años de prisión por delitos de terrorismo».

Bertulazzi vivía desde hacía 21 años en el mismo departamento porteño y no había nada que descubrir. Así lo sostuvo él mismo, y su abogado, Rodolfo Yanzón, afirmó que el Estado conocía su domicilio desde hacía más de veinte años justamente porque estaba amparado por la Convención de Refugiados de Naciones Unidas.

Según Yanzón, su defendido no está acusado de delitos de sangre, sino del secuestro de un empresario y de integrar una organización armada hasta septiembre de 1980, y la condena se apoyó en declaraciones de dos arrepentidos, sin que pudiera defenderse. Fuentes cercanas a la defensa también negaron la vinculación con el secuestro de Aldo Moro que había trascendido en los primeros días.

El pasado que la senadora relativiza

Bullrich es hoy senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta. Nacida en 1956 en una familia de la élite porteña, militó desde 1972 y 1973 en la Juventud Peronista, y su hermana Julieta era pareja de Rodolfo Galimberti, jefe de la Columna Norte de Montoneros. Ella sostiene que su militancia fue en la Juventud Peronista y niega haber pertenecido a Montoneros.

Esa versión es discutida por las biografías no autorizadas. El periodista Ricardo Ragendorfer, autor de «Patricia, de la lucha armada a la seguridad», le atribuye roles secundarios y de apoyo en operativos de la organización, como tareas de inteligencia previa en el secuestro de los hermanos Born, en 1974, donde fueron asesinados el chofer y el ejecutivo Alberto Bosch, pariente de la familia Bullrich. Los autores Marcelo Larraquy y Roberto Caballero también le adjudican participación secundaria en dos operativos, entre ellos el vinculado a un ejecutivo de la empresa Sudamtex, en 1976.

Según Ragendorfer, que reconstruyó los hechos a partir de fuentes de primera mano, Bullrich tuvo además una participación más directa en el atentado con explosivos contra la vivienda del entonces intendente de facto de San Isidro, José María Noguer, en 1977, que dejó heridos a familiares y ninguna víctima fatal. Se trata de reconstrucciones periodísticas y testimonios, no de una sentencia judicial, y ella lo niega. En 1977 se exilió con su pareja, Marcelo Langieri, y regresó al país en el tramo final de la dictadura.

La palabra «terrorista» según quién la pronuncie

Las diferencias entre ambos casos existen y conviene nombrarlas: Bertulazzi tiene una condena en su contra, dictada en ausencia, y Bullrich no registra una sentencia por los hechos que se le atribuyen. Pero la comparación expone cómo el Gobierno administra una etiqueta que le cabe distinto según quién la reciba. A un refugiado de 74 años, con tres ACV según su abogado y con una condena cuestionada por falta de defensa, se lo exhibió como «terrorista» y se lo extraditó; a una dirigente con un pasado setentista documentado y discutido se le abrió la puerta del Senado y la jefatura del bloque oficialista.

La ironía es más punzante por un antecedente que el oficialismo prefiere no recordar. En octubre de 2023, en plena campaña, Milei acusó a Bullrich de haber «puesto bombas en jardines de infantes», algo para lo que no existe registro histórico, judicial ni periodístico. Ella presentó querellas por calumnias e injurias y exigió que Victoria Villarruel certificara que nunca hubo atentados contra jardines de infantes. Semanas después, tras quedar fuera del balotaje, retiró las denuncias y se sumó al gobierno de quien la había señalado. La acusación de terrorismo, entonces, resultó negociable cuando el acusado era un aliado necesario.

Yanzón, por su parte, sostiene que en el derecho internacional el concepto de terrorismo es «vidrioso» y se utiliza según los intereses en juego, y que la persecución a Bertulazzi responde a un acuerdo político entre Milei y Meloni. Esa lectura es la de su defensa; lo que consta es que la Justicia argentina había negado la extradición en 2003 por la misma falta de garantías de defensa y que el cambio de criterio llegó después de la revocación del refugio.

Lo que tenés que saber:

  • Leonardo Bertulazzi, de 74 años, se fugó a comienzos de noviembre de su arresto domiciliario en San Telmo y la jueza Servini ordenó su detención inmediata.
  • Fue condenado en ausencia en Italia a 27 años de prisión; la Corte Suprema confirmó su extradición el 1 de julio de 2025.
  • Bullrich celebró su detención en 2024 como ministra de Seguridad y lo llamó «terrorista».
  • Bullrich niega haber integrado Montoneros; biografías y testimonios le atribuyen roles secundarios en operativos de los setenta.
  • En 2023 Milei la acusó de poner bombas en jardines de infantes sin respaldo documental, y ella retiró sus denuncias para integrar su gobierno.
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