Espionaje
Ex director de la AFI que participó de reunión de 2017 se presentará ante la Bicameral de Inteligencia
Se trata de Dalmau Pereyra, quien se estará este jueves a las 12 en el Congreso para declarar ante los legisladores sobre la eventual existencia de armado de causas y sobre su participación en la reunión del Banco Provincia.
Los integrantes de la subcomisión de Inteligencia del Congreso convocaron para hoy al exdirector operacional de Contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra, uno de los funcionarios de la ex gobernadora María Eugenia Vidal que participó de la reunión de la denominada mesa judicial bonaerense.
Dalmau Pereyra se presentará a las 12 para declarar ante los legisladores sobre la eventual existencia de ese armado y sobre su participación en la reunión realizada en 2017 en la que el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas expresó su deseo de contar con una “Gestapo” para accionar contra los gremios.
Durante el encuentro que se realizó el 15 de junio del 2017 en la sede porteña de Banco Provincia, ubicado en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, exfuncionarios de la gestión de Vidal, exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios analizaban estrategias para presuntamente armar causas judiciales contra referentes del gremio de la construcción de La Plata.
La reunión quedó registrada en la grabación hallada en las instalaciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y motivó que la interventora de ese organismo, Cristina Caamaño, presentara una denuncia ante la Justicia federal de La Plata.
Los alcances de ese encuentro están siendo investigados por una subcomisión de Inteligencia del Congreso integrada por los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, y el legislador de Juntos por el Cambio (JxC) Miguel Ángel Bazze.
Ayer, los integrantes de esa subcomisión se reunieron con el exjefe de seguridad de la sede porteña del Banco Provincia, Mariano Albito, quien aseguró a los legisladores que «nunca hubo cámaras» en el lugar donde se realizó la reunión.
«Nos hizo un gran aporte porque nos dijo que nunca hubo en ese lugar de la reunión cámaras de seguridad ni antes ni después de ese encuentro», aseguró a Télam el diputado nacional del Frente de Todos, Eduardo Valdés, uno de los asistentes a la reunión.
En ese sentido, Valdés evaluó que «esa afirmación confirma que las cámaras fueron puestas por la AFI».
En el marco de esa investigación, los legisladores realizaron el martes una inspección ocular en la sede bancaria para «corroborar algunas hipótesis y tener más claro cuál fue el ámbito del encuentro y confirmar que no había cambiado nada de la escenografía».
En la oportunidad, los legisladores dialogaron con una empleada de ceremonial (personal estable del banco), quien relató que aquel día había hecho «ingresar a algunos de los participantes de la reunión», entre otros aportes que hizo.
También, fuentes parlamentarias informaron que las autoridades del Banco Provincia «les entregaron dos mails donde la presidencia del Bapro, por indicación de la Gobernación de Vidal, pide la reserva de ese salón de uso múltiple para el 14,15 y 16 de junio de 2017», pero indicaron que el encuentro fue el 15.
Las fuentes consideran que en ese tiempo se colocaron las cámaras para filmar la reunión y luego fueron desinstaladas.
Espionaje
Milei le dio un nuevo estatuto a la SIDE por Decreto
El Gobierno libertario lo presenta como una supuesta medida de profesionalización, pero la falta de debate legislativo y el poder discrecional que conserva el Ejecutivo sobre el organismo generan preguntas que el decreto no responde.
El Gobierno Nacional «reorganizó» por decreto el régimen laboral de los agentes de inteligencia del Estado. A través del Decreto 1021/2026, publicado en el Boletín Oficial, aprobó un nuevo estatuto para el personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) que reemplaza las normas anteriores y establece un esquema integral de carrera, formación, remuneraciones y condiciones de egreso para quienes integran el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).
La medida fue presentada por el Ejecutivo como un paso hacia la profesionalización del organismo, con el argumento de consolidar un cuerpo de trabajadores especializados capaz de mantener continuidad más allá de los cambios políticos. Sin embargo, el mecanismo elegido, un decreto presidencial sin intervención del Poder Legislativo, resulta coherente con el estilo de gestión de La Libertad Avanza: concentración de decisiones en el Ejecutivo, velocidad normativa y escaso control parlamentario sobre áreas sensibles del Estado.
Qué establece el estatuto
El nuevo régimen fija que el ingreso y la promoción dentro de la SIDE deberán contemplar criterios técnicos, éticos y profesionales. La capacitación permanente queda establecida como uno de los ejes centrales del desarrollo de los agentes, con actividades orientadas a actualizar y fortalecer conocimientos y competencias en materia de inteligencia. El estatuto dispone además la creación de un plan de carrera con formación técnica, humana y profesional, basado en principios de idoneidad, transparencia, igualdad de oportunidades, mérito y profesionalización.
La normativa también busca vincular los salarios con las responsabilidades de cada agente. Las remuneraciones deberán guardar correspondencia con las capacidades técnicas, las funciones y los grados jerárquicos, para evitar diferencias discrecionales entre trabajadores con funciones, trayectoria y antigüedad similares; una formulación que, en la práctica, quedará sujeta a la reglamentación interna del organismo.
Derechos y condiciones de egreso
Entre los principales derechos reconocidos figura la estabilidad laboral para quienes integren la planta permanente una vez confirmados en sus cargos. La desvinculación solo podrá producirse por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el propio estatuto. Los agentes tendrán derecho a percibir remuneraciones acordes a las escalas de su categoría, además de bonificaciones, compensaciones y otros conceptos, junto con acceso a capacitación, licencias, asignaciones familiares, obra social y beneficio jubilatorio.
El régimen contempla mecanismos para presentar consultas y reclamos cuando un trabajador considere que sus derechos fueron afectados, y establece distintas modalidades de promoción: por ascenso ordinario, por méritos extraordinarios o mediante ascenso post mortem. También reconoce el principio de igualdad de oportunidades dentro de la carrera y prohíbe tratos diferenciados por motivos ajenos a la aptitud y conducta profesional.
Un decreto en una zona de sombras
El estatuto llega en un contexto en el que la SIDE acumula cuestionamientos. El organismo, que funciona bajo la órbita directa de la Presidencia, está en el centro de varias investigaciones vinculadas a la gestión libertaria. El decreto regula el vínculo laboral de los agentes pero no toca la estructura de control político sobre el organismo ni los mecanismos de supervisión externa, que en Argentina han sido históricamente insuficientes.
La decisión de avanzar por decreto, sin debate parlamentario, en un área tan sensible como la inteligencia del Estado, se inscribe en una tendencia que la oposición ya denunció en otros ámbitos: la de legislar por la vía rápida para evitar el escrutinio de las cámaras. El estatuto puede leer como modernización institucional o como consolidación del poder discrecional del Ejecutivo sobre el aparato de inteligencia, según quién lo lea.
Lo que tenés que saber
- El Decreto 1021/2026, publicado en el Boletín Oficial, aprueba un nuevo estatuto para el personal de la SIDE.
- La norma establece criterios de ingreso por mérito, plan de carrera, capacitación permanente y remuneraciones acordes a funciones y jerarquía.
- Reconoce estabilidad laboral para la planta permanente y fija mecanismos formales para la desvinculación y para presentar reclamos.
- La medida fue adoptada por decreto, sin intervención del Congreso, en un área históricamente sensible como la inteligencia del Estado.
- El estatuto no modifica la estructura de control político sobre el organismo ni refuerza los mecanismos de supervisión externa.
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