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Siley habló del lawfare: «Las normas que utilizan los jueces son las del Grupo Clarín»

Sostuvo la diputada nacional tras la reapertura de las causas Hotesur- Los Sauces y Memorándum de Entendimiento.

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La diputada nacional y secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju), Vanesa Siley, sostuvo hoy que las garantías constitucionales en los tribunales de Comodoro Py «son cartón pintado» y consideró que algunos magistrados utilizan los tiempos y normas «del Grupo Clarín» tras la reapertura de la causas Hotesur-Los Sauces y del Memorándum de Entendimiento con Irán en los que está imputada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

«Los principios y garantías constitucionales en Comodoro Py prácticamente son cartón pintado. Cuando quieren son expeditos y rápidos, cuando lo que está atrás es reabrir una causa que ya estaba cerrada. Los tiempos son los políticos y las normas que utilizan los jueces son las del Grupo Clarín», afirmó Siley en declaraciones a AM 530.

La diputada realizó las declaraciones luego de que la Cámara Federal de Casación Penal dispusiera que se realicen los juicios orales por las causas Hotesur-Los Sauces y del Memorándum de Entendimiento con Irán dejando sin efecto los sobreseimientos dictados por los tribunales orales respectivos.

«Es una maniobra que deja a las luces la razón por la que insisten tanto en sacar a (la jueza de Casación) Ana María Figueroa sin que se vote su pliego en el Senado», añadió.

La referente sindical sostuvo que «la persecución judicial continúa» y señaló que «se equivocan aquellos que creen que es contra Cristina» porque «es contra aquel que se anime a defender los intereses populares».

«En nombre de la libertad y la eliminación de la casta, se olvidan de tocar la mañas importante que es la judicial. Se ha perdido el sentido de justicia en el sistema judicial y es gravísimo. La justicia opera de manera lenta, inentendible y burocrática, pero para la persecución judicial tienen velocidad y eficacia absoluta», subrayó.

Por otro lado, Siley aseguró que espera que hoy se apruebe el proyecto de ley de eliminación del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría que se tratará en la Cámara de Diputados.

«Es una demanda histórica. Se va a acompañar el tratamiento con una movilización muy importante», remarcó al referirse a la convocatoria de la CGT, ambas CTA (Autónoma y de los Trabajadores) y otros espacios sindicales que van a concentrarse a partir de las 11 en las inmediaciones del Congreso.

«Se pone en juego la coherencia política. Algunos prometen una cosa y después la incumplen. La oposición faltó a su palabra con (el expresidente Mauricio) Macri cuando dijo en 2015 que nadie iba a pagar Ganancias y terminó duplicando el número», afirmó.

Y añadió que a pesar de que desde Juntos por el Cambio (JxC) «viven diciendo que la carga tributaria en Argentina es asfixiante», van a votar en contra de esta modificación que erradica «un impuesto que pega sobre el salario y el poder adquisitivo».

«Cuando se trata de eliminar impuestos a los que más tienen y romper el principio de progresividad tributaria que tiene Argentina por Constitución, ahí sí están todos de acuerdo», completó.

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Seis detenidos en Brasil por la muerte de la joven lanzada sin cuerdas en el Puente del Esqueleto

La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis.

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Sin habilitación, sin cuerdas y sin Estado: la cadena de negligencias que mató a María Eduarda.

La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis. El comisario Antonio Luis Tuckumantel confirmó que las detenciones apuntan a evitar la destrucción de pruebas sobre el negocio de la actividad de aventura en el denominado Puente del Esqueleto.

Más arrestos en una causa que suma imputados

La Policía Civil del estado de San Pablo detuvo este sábado a tres nuevas personas en el marco de la investigación por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, ocurrida el pasado 13 de junio en Limeira, cuando la joven fue lanzada desde el Puente del Esqueleto, una estructura ferroviaria inconclusa utilizada como escenario para actividades de deporte extremo, sin que la cuerda de seguridad estuviera correctamente ajustada a su arnés. Según confirmó la Policía, el total de personas detenidas por este hecho ascendió a seis.

El comisario Antonio Luis Tuckumantel indicó que no podía precisar públicamente el rol específico de cada uno de los nuevos arrestados dentro del entramado investigado, aunque señaló que las detenciones buscan preservar la integridad de la evidencia y evitar que los responsables interfieran con el curso de la investigación.

Los tres primeros detenidos siguen en prisión preventiva

Los tres instructores detenidos desde el mismo día del accidente permanecen en prisión preventiva: Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32 años; Maicon Fernandes Cintra, de 42 años; y Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 años. Los tres fueron acusados de homicidio con dolo eventual y sus solicitudes de habeas corpus fueron rechazadas por la Justicia, que consideró que existía riesgo real de fuga e interferencia en la investigación.

Según la investigación, el trío integraba el grupo que organizaba los saltos desde el puente, donde se cobraban 180 reales (aproximadamente 35 dólares) por persona. El negocio funcionaba sin habilitación ni constitución formal como empresa, condición que la Justicia valoró al denegar las excarcelaciones.

La secuencia fatal: sin cuerdas y sin verificación

La investigación reconstruyó con precisión cómo se produjo la tragedia. De acuerdo con la Policía Civil, la cuerda que debía sujetar a María Eduarda no fue ajustada y permaneció enrollada sobre la plataforma desde donde se realizó el salto en el momento en que la joven fue empujada al vacío. Una grabación realizada por testigos presentes en el lugar mostró que los instructores llevaron a la víctima hasta el borde del puente y la empujaron sin haber completado la verificación del equipo de seguridad. Los propios testigos declararon ante la Justicia que los responsables omitieron la revisión final antes del salto.

María Eduarda, residente de la localidad de Jandira, cayó desde una altura aproximada de 40 metros y murió como consecuencia del impacto. La joven tenía 21 años.

Un negocio sin habilitación y sin controles

La investigación estableció además que la organización que promovía los saltos en el Puente del Esqueleto no operaba como una empresa formalmente constituida. La estructura, ubicada en las afueras de Limeira, se había convertido en un punto habitual para actividades de rope jump sin ningún tipo de control estatal, regulación ni fiscalización municipal o federal. Este dato no es menor: la cobertura previa de este medio señaló que la municipalidad de Limeira había alertado a las autoridades nacionales sobre la situación del puente desde principios de 2025, sin que se adoptaran medidas efectivas de control.

La muerte de María Eduarda reabre el debate sobre la ausencia de regulación en el sector de los deportes de aventura en Brasil, donde la actividad de rope jumping se ofrece de manera informal en múltiples puntos del país sin que exista un marco normativo que establezca estándares mínimos de seguridad, habilitaciones obligatorias ni protocolos de verificación previos al salto.

Puntos clave

  • La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas, elevando a seis el total de detenidos por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas.
  • Los tres instructores detenidos desde el 13 de junio, Egoroff, Cintra y Gonçalves, permanecen en prisión preventiva acusados de homicidio con dolo eventual.
  • La cuerda de seguridad no estaba ajustada al arnés de la víctima cuando fue empujada al vacío desde 40 metros de altura.
  • El grupo organizador de los saltos no operaba como empresa formalmente constituida y carecía de habilitaciones municipales o nacionales.
  • La causa reaviva el debate sobre la falta de regulación de los deportes de aventura en Brasil y la responsabilidad del Estado en la fiscalización de estos espacios.
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