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Judiciales ⚖️

Comienzan las audiencias por la apelación a la condena de Cristina

Luciani había pedido 12 años de cárcel para la ex Presidenta en el juicio oral, un reclamo que mantuvo en su apelación al veredicto y que ahora se prevé sostendrá Villar ante los jueces de Casación Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.

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La Cámara Federal de Casación Penal iniciará el lunes 26 de febrero las audiencias previas a resolver si confirma, revoca o agrava las condenas a la exvicepresidenta Cristina Kirchner y a los demás acusados en la causa por supuestos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz

El máximo tribunal penal federal del país escuchará desde ese día y en audiencias programadas hasta mediados de abril los cuestionamientos de todas las partes al fallo del Tribunal Oral Federal 2 -aún no firme-, que condenó a la ex Presidenta a seis años de prisión por «administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública» pero la absolvió del delito de asociación ilícita.

Precisamente para ese lunes está previsto que comience la exposición del fiscal ante Casación Mario Villar, quien mantuvo la apelación del veredicto de su colega ante el TOF2 Diego Luciani y reclamará revocar absoluciones y condenar por asociación ilícita.

Luciani había pedido 12 años de cárcel para la ex Presidenta en el juicio oral, un reclamo que mantuvo en su apelación al veredicto y que ahora se prevé sostendrá Villar ante los jueces de Casación Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.

Por su parte, la defensa de la exmandataria, quien ya no tiene fueros, reclamará que se revoque la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta y que se dicte su absolución, al sostener que no hay pruebas directas y que los jueces actuaron de manera «arbitraria».

El 6 de diciembre de 2022 el TOF 2 dio a conocer la primera condena a la ex Presidenta, cuyos fundamentos se difundieron al año siguiente, y se abrió así el período para las apelaciones, presentadas por la fiscalía y las defensas.

Se trató de un veredicto dividido en lo relativo a la condena pedida por el delito de asociación ilícita: los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu absolvieron a la ex senadora nacional, al empresario Lázaro Báez y otros imputados por este delito en tanto el tercer magistrado, Andrés Basso votó por condenar.

Los tres jueces coincidieron en que hubo delito de administración fraudulenta en la adjudicación a empresas de Báez, entre ellas «Austral Construcciones», de 51 obras públicas viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, y constituyó «un hecho de corrupción estatal» que derivó en un «perjuicio descomunal» a las arcas públicas.

Todo ello se cometió con un «fin económico» en «beneficio del empresario y sus socios comerciales», sostuvo el veredicto que ahora revisará Casación y que una vez terminadas las audiencias tendrá un plazo de 20 días hábiles para resolver, aunque este término podría extenderse.

Los condenados son Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas en el kirchnerismo José López y el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti.

También los ex funcionarios de Vialidad Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Osvaldo Daruich, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez.

Todos recibieron penas de entre 3 y 6 años de prisión por delitos cometidos con la obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Al igual que la ex Presidenta fueron condenados a seis años de prisión Báez como partícipe necesario de la defraudación, Periotti y López.

Según la acusación, el 80% de la obra vial fue asignada a empresas del grupo Báez y hubo irregularidades como sobreprecios y falta de controles.

El juicio se inició el 21 de mayo de 2019 y tanto Cristina Kirchner como Báez estaban procesados por presunta «asociación ilícita agravada por su calidad de jefe» y «administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública»

Ante Casación se debatirán también las absoluciones dispuestas por el Tribunal, como las del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y los exfuncionarios Abel Fatala y Héctor Garro, apeladas por la fiscalía.

En el fallo, aún no firme, se ordenó el decomiso de unos 85 mil millones de pesos.

Las audiencias ante la sala IV de Casación serán presenciales en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro.

Femicidio

A un año del triple femicidio narco de Varela: 4 nuevos detenidos

Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez fueron atraídas con la promesa de una fiesta y asesinadas. La fiscalía de Labozzetta avanza con allanamientos en CABA y el conurbano.

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El Argentino Diario-Familiares de Brenda, víctima del triple femicidio.

Morena Verdi (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron asesinadas el 20 de septiembre de 2025 luego de ser captadas con el señuelo de una falsa fiesta. La investigación estableció que el crimen respondió a una disputa narco: el grupo organizado sospechaba que las jóvenes habían robado droga y montó una trampa para exigirles la devolución de la cocaína. Lo que siguió fue una pesadilla de extrema violencia.

La noche en que todo fue una trampa

La tarde-noche del viernes 19 de septiembre de 2025, las tres amigas fueron vistas por última vez cerca de la rotonda de La Tablada, cuando subieron a una camioneta Chevrolet blanca creyendo que iban a una celebración. Dentro de la vivienda ubicada en la calle Chañar 702, fueron sometidas a una violencia brutal: mutilaciones y golpes reiterados antes de ser asesinadas. Sus cuerpos no aparecieron de inmediato. Recién el 24 de septiembre, después de intensos operativos, los cuerpos fueron encontrados enterrados en un pozo en el patio trasero de esa misma casa. El hallazgo conmocionó al país.

La acusación formal establece que el eje del crimen fue el reclamo por el supuesto robo de droga, motivo por el cual la organización montó una falsa fiesta narco para atraparlas. Los delitos imputados son triple homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, la participación de varias personas y mediar violencia de género.

Quiénes son los detenidos y quiénes están acusados

Los cuatro nuevos aprehendidos son tres mujeres y un hombre, todos de nacionalidad peruana, y quedaron a disposición de la Justicia tras los operativos de este sábado. Alrededor de 300 efectivos de la DDI La Matanza participaron de los procedimientos ordenados por la fiscal Mariela Labozzetta. El juez federal del Departamento Judicial de Morón, Jorge Rodríguez, dispuso el secreto de sumario hasta que los imputados comparezcan el lunes.

A lo largo de la investigación el expediente acumuló numerosos imputados: Tony Janzen Valverde Victoriano, señalado como figura central; Víctor Sotacuro Lázaro (41); Milagros Florencia Ibáñez (20); Maximiliano Andrés Parra (18); Iara Daniela Ibarra (19); Miguel Ángel Villanueva Silva (25); Matías Agustín Ozorio (28); Mónica Débora Mujica (37); Celeste Magalí González Guerrero (28); Ariel Jeremías Alexis Giménez (28) y Bernabé Jesús Mallón (42).

Un episodio que generó debate fue el caso de Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31), alias «Señor J», investigado pero luego beneficiado con la falta de mérito y extraditado a Perú. Sin embargo, para la acusación el eje de la organización es Valverde Victoriano, quien habría intervenido en la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio y el sometimiento de las jóvenes hasta su asesinato.

Un crimen que es también violencia de género

Más allá del entramado narco, el triple femicidio de Florencio Varela tiene una dimensión que no puede soslayarse: tres mujeres jóvenes, de 15 y 20 años, fueron elegidas como blanco porque la organización criminal consideró que podía someterlas, torturarlas y asesinarlas sin consecuencias. La agravante de violencia de género incorporada a la acusación reconoce que el género de las víctimas no fue un dato neutro, sino una condición que el grupo criminal explotó. El caso integra un patrón más amplio de crimen organizado que utiliza a mujeres y adolescentes como eslabones vulnerables de su cadena de violencia.

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