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Judiciales ⚖️

Comienzan las audiencias por la apelación a la condena de Cristina

Luciani había pedido 12 años de cárcel para la ex Presidenta en el juicio oral, un reclamo que mantuvo en su apelación al veredicto y que ahora se prevé sostendrá Villar ante los jueces de Casación Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.

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La Cámara Federal de Casación Penal iniciará el lunes 26 de febrero las audiencias previas a resolver si confirma, revoca o agrava las condenas a la exvicepresidenta Cristina Kirchner y a los demás acusados en la causa por supuestos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz

El máximo tribunal penal federal del país escuchará desde ese día y en audiencias programadas hasta mediados de abril los cuestionamientos de todas las partes al fallo del Tribunal Oral Federal 2 -aún no firme-, que condenó a la ex Presidenta a seis años de prisión por «administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública» pero la absolvió del delito de asociación ilícita.

Precisamente para ese lunes está previsto que comience la exposición del fiscal ante Casación Mario Villar, quien mantuvo la apelación del veredicto de su colega ante el TOF2 Diego Luciani y reclamará revocar absoluciones y condenar por asociación ilícita.

Luciani había pedido 12 años de cárcel para la ex Presidenta en el juicio oral, un reclamo que mantuvo en su apelación al veredicto y que ahora se prevé sostendrá Villar ante los jueces de Casación Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.

Por su parte, la defensa de la exmandataria, quien ya no tiene fueros, reclamará que se revoque la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta y que se dicte su absolución, al sostener que no hay pruebas directas y que los jueces actuaron de manera «arbitraria».

El 6 de diciembre de 2022 el TOF 2 dio a conocer la primera condena a la ex Presidenta, cuyos fundamentos se difundieron al año siguiente, y se abrió así el período para las apelaciones, presentadas por la fiscalía y las defensas.

Se trató de un veredicto dividido en lo relativo a la condena pedida por el delito de asociación ilícita: los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu absolvieron a la ex senadora nacional, al empresario Lázaro Báez y otros imputados por este delito en tanto el tercer magistrado, Andrés Basso votó por condenar.

Los tres jueces coincidieron en que hubo delito de administración fraudulenta en la adjudicación a empresas de Báez, entre ellas «Austral Construcciones», de 51 obras públicas viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, y constituyó «un hecho de corrupción estatal» que derivó en un «perjuicio descomunal» a las arcas públicas.

Todo ello se cometió con un «fin económico» en «beneficio del empresario y sus socios comerciales», sostuvo el veredicto que ahora revisará Casación y que una vez terminadas las audiencias tendrá un plazo de 20 días hábiles para resolver, aunque este término podría extenderse.

Los condenados son Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas en el kirchnerismo José López y el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti.

También los ex funcionarios de Vialidad Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Osvaldo Daruich, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez.

Todos recibieron penas de entre 3 y 6 años de prisión por delitos cometidos con la obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Al igual que la ex Presidenta fueron condenados a seis años de prisión Báez como partícipe necesario de la defraudación, Periotti y López.

Según la acusación, el 80% de la obra vial fue asignada a empresas del grupo Báez y hubo irregularidades como sobreprecios y falta de controles.

El juicio se inició el 21 de mayo de 2019 y tanto Cristina Kirchner como Báez estaban procesados por presunta «asociación ilícita agravada por su calidad de jefe» y «administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública»

Ante Casación se debatirán también las absoluciones dispuestas por el Tribunal, como las del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y los exfuncionarios Abel Fatala y Héctor Garro, apeladas por la fiscalía.

En el fallo, aún no firme, se ordenó el decomiso de unos 85 mil millones de pesos.

Las audiencias ante la sala IV de Casación serán presenciales en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro.

Investigación 🔎

Espert a indagatoria por lavado vinculado al narcoempresario Machado, condenado en EE.UU.

El juez federal Lino Mirabelli fijó para el próximo martes la declaración indagatoria del ex diputado libertario. También fue citado su contador, Mariano Cosentino. La causa gira en torno a una transferencia de 200.000 dólares que la Justicia considera un intento de blanquear fondos de origen ilícito.

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El Argentino Diario-José Luis Espert.

El juez federal Lino Mirabelli fijó para el próximo martes la declaración indagatoria del ex diputado libertario José Luis Espert. La convocatoria se produjo a pedido del fiscal federal Fernando Domínguez y alcanzó también al contador del imputado, Mariano Cosentino. La causa investiga una transferencia de 200.000 dólares que la Justicia considera un intento de blanquear fondos vinculados al narcotráfico internacional.

El ex diputado José Luis Espert deberá declarar ante la Justicia federal el próximo martes. El juez Lino Mirabelli dispuso la citación a indagatoria luego de que el fiscal federal Fernando Domínguez lo solicitara formalmente en los días previos. La audiencia involucra también al contador de Espert, Mariano Cosentino, cuya vinculación con la operatoria financiera investigada es objeto de análisis por parte de los investigadores.

La transferencia de los 200.000 dólares y la conexión con Machado

En el centro de la investigación se encuentra una transferencia de 200.000 dólares que el empresario aeronáutico Federico «Fred» Machado realizó a favor de Espert. El ex legislador sostuvo desde el inicio de la causa que ese dinero correspondía a honorarios por un contrato de asesoría minera en Guatemala. Sin embargo, la Justicia determinó que ese documento era falso: Espert nunca viajó a ese país y las minas referenciadas en el contrato no se encontraban operativas.

La figura de Machado resulta central para comprender la dimensión de la causa. El empresario fue extraditado a los Estados Unidos, donde fue condenado por fraude y lavado de activos vinculados al narcotráfico internacional. En ese contexto, la fiscalía sostiene que los fondos recibidos por Espert tendrían origen ilícito y que el contrato de consultoría habría funcionado como mecanismo para dar apariencia de legalidad a esa transferencia.

Autos de alta gama y fideicomisos inmobiliarios

La investigación no se limita al origen de los fondos. El fiscal Domínguez sostiene que Espert habría utilizado parte de ese dinero de procedencia presuntamente ilícita para adquirir vehículos de alta gama e integrar cuotas en un fideicomiso inmobiliario. Esas operaciones son analizadas como posibles eslabones de una cadena destinada a disimular el origen del capital recibido de Machado.

Bienes congelados y prohibición de innovar

La situación procesal de Espert es de creciente presión. El ex candidato de La Libertad Avanza mantiene una prohibición de innovar sobre su patrimonio, y el total de sus bienes y cuentas financieras se encuentra congelado de manera preventiva por disposición judicial. La citación a indagatoria del próximo martes representa la escalada más significativa de la causa hasta el momento, ya que será la primera vez que Espert deba responder formalmente ante el magistrado.

En junio pasado, la Cámara Federal de San Martín confirmó la prohibición de innovar y el congelamiento de bienes, en un fallo que además instó al juzgado de primera instancia a acelerar el trámite del expediente. Esa resolución fue el segundo revés consecutivo para la defensa de Espert, que previamente también había fracasado en su intento de unificar los dos expedientes que enfrenta el ex legislador en distintas jurisdicciones.

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